Los candidatos de Morena a la Presidencia de la República en 2018 y 2024, prometieron prohibir el fracking (técnica para extraer gas y petróleo de piedras ricas en estos energéticos) pero la actual administración federal está ofreciendo el uso de esta tecnología altamente contaminante y que implica el uso de millones de metros cúbicos de agua dulce que agravará la escasez de este valioso recurso natural en detrimento de comunidades enteras.

El gobierno de la “Cuarta Tranformación” (4T), mediante el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2025-2035 –emitido el cinco de agosto– prevé emplear más el fracking para reducir la dependiente importación de gas natural a petroleras estadounidenses, cuyo monto equivale al 75 por ciento del consumo interno.

En nombre de la “soberanía energética” del país, la empresa paraestatal convocó a los inversionistas privados a participar también en la exploración y la extracción de gas natural. Varias organizaciones sociales denunciaron que la dependencia energética con respecto a EE. UU. se refleja particularmente en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque es la principal consumidora de gas natural y lo compra a compañías gaseras texanas.

Los especialistas de estas organizaciones sociales explican que, en vez de superar la dependencia de los tóxicos “combustibles fósiles” derivados del petróleo –entre ellos el gas natural y el combustóleo– la CFE está acondicionando plantas de “ciclo combinado” que necesitan grandes cantidades de hidrocarburos para funcionar, los cuales resultan más caros y contaminantes.

En 2024, incluso se compraron 12 plantas generadoras de electricidad con gas al corporativo español Iberdrola, cuando esta firma comercial decidió mudar sus operaciones a otros países donde se le permitiera producir energías alternativas: la solar y eólica menos costosas y más limpias.

Los activistas informaron, asimismo, que para la fracturación del subsuelo profundo se requiere abrir pozos donde se inyectan hasta 29 millones de litros de agua por descarga a presión, que además se contaminan con sustancias químicas.

En numerosas manifestaciones públicas, agrupaciones sociales defensoras de la vida y los bienes naturales han expresado su rechazo a la nueva etapa de flexibilización legal y política al uso mercantil e industrial de bienes básicos como el agua.

El pasado 16 de febrero en Xilitla, San Luis Potosí, se desarrolló el Foro Territorios Libres de Proyectos Destructivos de los Bienes Comunes, en el que Andrés Barreda, coordinador de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer), recordó que, desde hace 32 años, el gobierno de EE. UU. ha usado a México “como patio trasero” para instalar industrias contaminantes al servicio de sus empresas trasnacionales.

Debido a esto –apuntó Barreda– el país tiene 80 “regiones de emergencia sanitaria y ambiental” (RESA) donde opera toda clase de empresas contaminantes sin regulación alguna, que causan daños a la salud de las personas y al medio ambiente.

El 14 de septiembre de 2025, los activistas de Renacer se movilizaron en 18 municipios de las huastecas potosina, veracruzana e hidalguense, donde exigieron frenar la oleada de proyectos de fracturación hidráulica en el subsuelo contemplados en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.

De acuerdo con Renacer, la explotación de hidrocarburos mediante el fracking no fortalecerá realmente la soberanía energética del país como se asegura, sino que profundizará su explotación y su dependencia con las corporaciones gaseras y petroleras de Texas, EE. UU.

Por otra parte, Claudia Campero, geógrafa integrante fundadora de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), explicó a buzos que “EE. UU. tiene la tecnología para realizar fracking; entonces es claro que las empresas estadounidenses tienen interés en buscar oportunidades de negocio en México”.

Los reyes del tóxico

El pasado 27 de enero, la organización Renacer, junto a otros grupos sociales y comunitarios, destacó que, desde 1994, los tratados comerciales de México con EE. UU. y Canadá –en días próximos se negociará la tercera versión del T-MEC– han convertido varias regiones del país en “infiernos ambientales”.

Denunció también que las comunidades “son engañadas con la promesa de más empleos y buenos salarios”; pero el resultado es una “violenta devastación de nuestro entorno natural, graves enfermedades crónico-degenerativas y muertes en nuestras familias”.

Las comunidades –agregó– “llevan más de tres décadas expuestas a sustancias tóxicas, peligrosas y contaminantes que terminan acumulándose nocivamente en nuestros cuerpos, principalmente en los niños y personas jóvenes”.

Sobre estas consecuencias, Claudia Campero, también coordinadora de Justicia Climática en la organización Conexiones Climáticas, perteneciente a la AMCF, reportó a este semanario que “la tecnología sí ha evolucionado para extraer más gas y petróleo; pero no para ser más limpia.

“Ahora se plantean las megafracturas. ¿Esto qué significa? Que pueden ir más profundo… para esto se requiere una mayor cantidad de agua, químicos y arena; entonces, esto, como consecuencia, trae más daños ambientales: mayor cantidad de riesgos de que esas fracturas generadas en el subsuelo lleguen a los acuíferos (almacenes subterráneos de agua)”, alertó.

Campero precisó que el agua combinada con químicos y arena, lanzada a presión para romper formaciones de piedra, también llega a los hidrocarburos almacenados. “Es agua más salada que la del mar; es muy tóxica y frecuentemente es radioactiva”.

Interés estadounidense

Sobre las corporaciones texanas, dueñas de las técnicas para ejecutar el fracking, Beatriz Olivera, integrante de la AMCF, aclaró a buzos que “tienen interés por los negocios que podrían abrir. Han hecho fracking durante al menos 20 años; tienen la experiencia, han desarrollado la tecnología y cuentan con equipos”.

Ni Pemex ni las empresas privadas locales que contrata han desarrollado tecnologías de fracking porque se requiere una enorme inversión. “Por eso, justamente, se recurre a las empresas estadounidenses: tienen la tecnología de extracción”, reconoció Olivera, quien es también directora de la organización Energía, Género, Ambiente (Engenera).

El relanzamiento del fracking surgió cuando se promovieron otras reformas asociadas, entre ellas la nueva Legislación del Agua y el reciente acuerdo con EE. UU. sobre la extracción de “minerales críticos” y “tierras raras” para la industria electrónica digital de punta.

Olivera, maestra en ingeniería y académica universitaria, informó a este semanario que existe una situación muy similar a la observada en los tiempos previos al lanzamiento del primer Tratado de Libre Comercio con EE. UU. y Canadá en 1994 (TLCAN), cuando se reformaron las leyes locales de agua, minería y la propiedad ejidal, entre otras iniciativas.

La reconfiguración actual –estimó– “recuerda las realizadas hace poco más de 30 años, cuando se negociaba el TLCAN: se cambió la Ley de Minería; se creó una Ley de Aguas, se modificaron varias reglamentaciones; todo eso favoreció a las inversión estadounidense y canadiense para dotarla de privilegios”.

Ahora, las características son similares, apuntó, pues se están flexibilizando los marcos legales. “Ahí está el entendido sobre minerales críticos y ahora el fracking; las presiones de EE. UU. están fuertes por su guerra comercial contra China”, estableció la también integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, organización social especializada en denunciar la contaminación generada por la minería corporativa.

Ese marco cobra más sentido –añadió Olivera– si se consideran los proyectos de los llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar, que incluyen decenas de nuevos parques industriales para manufactureras de exportación, donde prevalecen las empresas de propiedad estadounidense y funcionan con gas natural, electricidad, minerales críticos, telecomunicaciones, mucha agua, etcétera.

Se alienta el crecimiento de la industria de semiconductores (componentes de la moderna electrónica digital), que requiere cobre, minerales críticos y tierras raras. “La reconfiguración sobre los minerales críticos obedece a incrementar el abastecimiento para ese tipo de industrias”, precisó Olivera.

Acusasiones de traición 

La AMCF, integrada por más de 40 agrupaciones de activismo social, acusó a los gobiernos de Morena de traición por el nuevo proyecto extractivo de hidrocarburos que está faltando a 75 de las 100 promesas electorales que el expresidente Andrés Manuel López Obrador efectuó en 2018; y a 87 de las 100 que Claudia Sheinbaum formuló en 2024 para prohibir legalmente la tóxica fractura hidráulica.

“Apostar al fracking es una traición” –aseveró AMCF–; desarrollar recursos no convencionales es fracking… fuente de múltiples impactos negativos a la salud y el ambiente… la demanda popular es clara: el fracking y la explotación de los yacimientos no convencionales deben prohibirse”.

Sobre el argumento oficial de que ahora se usarán novedosas técnicas de fractura hidráulica subterránea que no son tóxicas, la AMCF aclaró que no existe ninguna técnica de fracking en el mundo que respete al medio ambiente y la salud humana; “la extracción siempre es destructiva”, insistió.

Desde hace más de 10 años, en México –narró– “ya se planteaba esta fantasía de un fracking sostenible con tecnología que no contamina el agua. Sin embargo, a la fecha, esa tecnología sigue sin existir; por el contrario, la evidencia científica sobre los graves daños al agua ocasionados por el fracking, sigue acumulándose”.

El Centro de Análisis e Investigación (Fundar), otra organización integrante de la AMCF, señaló que “le llamen como le llamen, sigue siendo fracking”, e indicó que la producción de gas y petróleo proveniente de yacimientos de geología compleja “no es otra cosa más que una nueva forma de llamarle al fracking”.

Sobre la versión oficial de que, para la fracturación se utilizarán aguas residuales o de mar, el centro de investigación refutó contundente: “nada garantiza que, en estos procesos, se eliminaría el uso de agua dulce.

“La fracturación de un solo pozo requiere entre nueve y 29 millones de litros de agua, lo que arriesgaría los ecosistemas y nuestro derecho humano al agua; sin olvidar que, en varias regiones del país, la demanda de agua supera la cantidad disponible”.

En “territorio Carso”

Entre las empresas privadas con las que Pemex se asocia mediante “contratos mixtos”, se halla GSM-Bronco, S.A. de C.V., firma integrante del Grupo Carso, propiedad del multimillonario Carlos Slim Helú.

Esta compañía suscribió con Pemex un contrato para encargarse de explotar durante 20 años el campo Macavil, que hasta ahora cuenta con las mayores reservas de gas húmedo y condensado, pues se estima que produciría cerca de 400 millones de pies cúbicos de gas húmedo y 27.5 millones de barriles de condensado. Este gas natural aparece mezclado con hidrocarburos, vapor de agua o con gases etano, propano y butano.

Slim fundó GSM-Bronco en 2021, cuando empezó a recibir contratos de Pemex para desarrollar campos terrestres difíciles, donde se requiere la perforación de pozos complejos para la extracción de hidrocarburos con técnicas de fracturación hidráulica o fracking.

El dueño de Carso, el hombre más acaudalado de México y Latinoamérica, apareció en 2008 como accionista de Bronco Drilling México, filial del corporativo Bronco Drilling que, en su momento, fue algo así como el “rey del fracking” en EE. UU., productor de gas natural y otros hidrocarburos.

Bronco Drilling EE. UU. y su filial mexicana desaparecieron en 2011, cuando se fusionó con Chesapeake Energy Corporation que, a su vez, en octubre de 2024, se asoció con Southwestern Energy para crear Expand Energy Corporation, hoy principal productora de gas natural en EE. UU. mediante el uso de fracking.

La compañía GSM-Bronco es heredera de la tecnología de fractura hidráulica desarrollada por la extinta Bronco Drilling y de su experiencia operativa de al menos dos décadas perforando pozos complejos, contaminando el medio ambiente y la salud humana.

El 27 de febrero, Pemex suscribió también un contrato con la Petrolera Miahuapán (Pemisa), dedicada a la exploración y producción de gas y petróleo, empresa integrada a la firma Vitol Energy México, filial, a su vez, de la firma Vitol, de origen suizo, comercializadora mundial de energía.

La Vitol es muy controvertida por sus presuntas irregularidades comerciales y corrupción en México y Latinoamérica; pero ha obtenido contratos de Pemex desde la reforma energética de 2014, que permitió la participación de empresas privadas en el campo de la energía. Otras dos empresas contratadas por Pemex para fracking son el Consorcio 5M del Golfo y Geolis; ésta operará el campo Cuervito que, durante 20 años, también producirá gas húmedo.

Más agua para Texas 

La industria del fracking depende de enormes cantidades de agua, debido a que, en un pozo, se utilizan hasta 29 millones de litros por cada descarga que, una vez desechada, contamina las fuentes subterráneas de agua dulce.

Con su industria gasera tóxica, EE. UU. ha logrado avanzar como productor mundial de gas natural, con lo que desbancará a Rusia, otro de sus adversarios económicos, por lo que está presionando a los países de la Unión Europea –sobre todo a Francia, España, Italia, Austria, Bélgica y Hungría– para que ya no compren gas natural ruso a partir de 2028, y únicamente lo adquieran de los corporativos estadounidenses.

Por los daños que representan los corporativos gaseros, expertos en fracturación hidráulica, han sido echados de varios estados de EE. UU. –Nueva York, entre otros– y, en busca de refugio, debieron fusionarse con empresas de Texas, donde escasea el agua, pero sus autoridades son flexibles a pesar de los riesgos para la vida humana y el medio ambiente.

Los corporativos gaseros son los principales consumidores de agua en Texas, donde la sequía se mantiene, similar a la que padece la región norte de México, a la que el actual presidente de EE. UU., Donald Trump, pretende dejar sin líquido vital para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, por el que México está obligado a mandar agua a Texas.

Trump amenaza con anexar este acuerdo al T-MEC y la aplicación de un nuevo arancel del cinco por ciento sobre las exportaciones mexicanas; esto se alega por una supuesta deuda de mil millones de metros cúbicos del vital líquido.

Salvador Alcantar, productor agrícola y exdirigente de la Asociación de Usuarios de Riego del estado de Chihuahua (AURECH), confirmó a buzos que el Gobierno de México está cediendo a una demanda fuera de sus cálculos y los tiempos previstos en el Tratado de 1944.

“Tenemos ahora un ciclo (un lustro) que se cumplió el 24 de octubre de 2025; y tenemos de gracia otro. Desgraciadamente el presidente de EE. UU. ha presionado al Gobierno de México, que está cediendo; pero legalmente, el país no tiene por qué estar aportando más agua.

“Texas está presionando por la falta agua, pero no somos los culpables de la sequía; los ríos no están aportando a las presas internacionales. Ése es el faltante del que se quejan. Pero aparte de que los ríos no están aportando, lo poco que hay de agua en Texas lo están utilizando en el fracking para la extracción de gas y petróleo”.

Graves consecuencias para México

En San Luis Potosí, organizaciones indígenas, comunitarias y ejidales, ambientalistas y académicos efectuaron el Tercer Foro Regional: “No al fracking en defensa del territorio, el agua y la vida”, donde denunciaron los daños causados por el fracking y acordaron realizar acciones para impedir su funcionamiento en la cuenca Tampico-Misantla.

En este encuentro, realizado en Axtla de Terrazas, el 28 de febrero pasado, Rodolfo Bibiano Jiménez, activista social de Papantla, Veracruz, reportó los daños que el fracking ha causado en los últimos 15 años en la región del Totonacapan (pueblo totonaco), donde han desaparecido arroyos, se han contaminado fuentes naturales de agua, reducido los cultivos agrícolas y dañado la salud de sus habitantes.