Mientras las universidades integran el comité técnico para el fracking; Semarnat advierte que “nos jugamos el futuro”.
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) son sólo algunas de las instituciones que forman parte del grupo interdisciplinario para evaluar la explotación de gas en yacimientos no convencionales convocado por el Gobierno Federal.
En paralelo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advirtió que “nos jugamos el futuro” en las decisiones energéticas del país. La titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra, sostuvo que la política energética debe conciliar soberanía, crecimiento económico y protección ambiental.
El grupo interdisciplinario fue presentado durante la conferencia del 15 de abril, está integrado por 17 especialistas de distintas disciplinas e instituciones académicas y técnicas, incluidos los rectores de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; del IPN, Arturo Reyes Sandoval y de la UAM, Gustavo Pacheco López; todos bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Según las autoridades, el grupo interdisciplinario tiene un plazo inicial de dos meses para plantear una primera orientación sobre el desarrollo de estas actividades y continuar con el análisis técnico. Además, evaluará el uso de nuevas tecnologías para la extracción de gas no convencional, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones, que actualmente representan alrededor de 75 por ciento del consumo nacional.
En la conferencia, el Ejecutivo indicó que busca mitigar los impactos ambientales asociados a prácticas como el fracking, aunque reconoce que ninguna actividad extractiva está exenta de efectos en el entorno.
Por otro lado, en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, la titular de la Semarnat afirmó que la transición hacia energías limpias es importante y urgente, además, justificó que no existe una alternativa distinta, al señalar que “nos jugamos el futuro”.
Las autoridades ambientales y energéticas plantearon que el modelo contempla inversión privada bajo rectoría del Estado, así como el impulso a la investigación científica y tecnológica. En ese marco, se subrayó la necesidad de coordinación entre sector público, privado y academia para avanzar en exploración, innovación y fortalecimiento del sistema energético nacional.
Finalmente, la Secretaría de Energía insistió en que el Estado busca garantizar el abasto de combustibles, la confiabilidad del sistema eléctrico y una mayor participación de energías limpias dentro de la matriz energética.
El colectivo ¡Aquí No! acusó que, tras 12 años de litigios contra el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), las autoridades federales han privilegiado a la empresa sobre los derechos de las comunidades indígenas y la protección ambiental.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.