Las movilizaciones continuarán en la CDMX durante los próximos partidos del Mundial.
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Foto: Internet
Especialistas y familiares de personas desaparecidas advirtieron que la respuesta del Gobierno de México al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU minimiza la crisis de desapariciones en el país y podría obstaculizar la ayuda internacional para afrontarla.
En México hay más de 130 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) desde la década de 1950, y alrededor de 80 mil cuerpos humanos sin identificar.
Ante este panorama, Santiago Corcuera, exintegrante del CED de la ONU, explicó que el Comité decidió escalar el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas debido al deterioro sostenido de la situación; reconoció que, aunque ha habido avances normativos desde 2012, los resultados en su aplicación han sido efímeros o muy limitados, mientras que las desapariciones continúan aumentando.
Asimismo, agregó que no se ha reducido la incidencia, tampoco han mejorado las labores de identificación de cuerpos, tampoco se han establecido sentencias condenatorias significativas ni implementado políticas de prevención efectivas, lo que genera un panorama de impunidad absoluta.
El Comité advirtió indicios de posibles crímenes de lesa humanidad, calificados por el Gobierno como una opinión sesgada.
Familiares como Javier Piña y María Tránsito Barajas denunciaron que la búsqueda de desaparecidos puede costar la vida, como ocurrió con su hijo Javier Barajas, asesinado mientras buscaba a su hermana en Guanajuato; su caso presentó omisiones institucionales, revictimización y falta de voluntad de las autoridades.
Por su parte, el académico Humberto Guerrero de la organización Fundar y la organización Andrea Horcasitas de la Universidad Iberoamericana criticaron la descalificación del diagnóstico del Comité, basada en testimonios de víctimas, ya que retrasa acuerdos para recibir ayuda técnica y financiera internacional.
Finalmente, coincidieron en que, ante la próxima visita del Alto Comisionado Volker Türk, México debe cumplir las recomendaciones del organismo para que las familias experimenten un cambio real en el acceso a la justicia.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.