Donald Trump ha presumido constantemente sus credenciales universitarias. Se ha referido a sí mismo como una persona inteligente que estudió en una universidad prestigiosa. Además, se ha mostrado a la defensiva cuando le han preguntado por sus estudios, al igual que el expresidente Joe Biden. Cuando a Biden le preguntaron dónde había estudiado y con cuántos puntos se graduó, contestó ofendido que con muchos más puntos de los que le pedían y retó a quien lo cuestionó a comparar sus coeficientes intelectuales. Llama la atención que los políticos sientan esa necesidad de inflar y mostrar sus credenciales universitarias. Hay una idea meritocrática de fondo: se piensa que necesitan justificar su lugar en el gobierno, mostrar que tienen el mérito de estar en ese sitio, quizá porque, de hecho, no deberían ejercer ese cargo; pero ése es un caso aparte.

La meritocracia es la idea de que las personas ascienden y obtienen recompensas (dinero, prestigio, poder) exclusivamente en función de su talento, esfuerzo y mérito individual. Suena justo, pero hay puntos considerables al respecto. Según Michael Sandel, quien ha analizado el discurso meritocrático, desde finales de los 90 las credenciales académicas representaron un valor fundamental: daban credibilidad en el terreno moral y político. Es decir, el asunto no se centraba solamente en el ámbito universitario o en los trabajos académicos, se extendía a la política.

El discurso meritocrático se basa en que supuestamente todas las personas parten desde las mismas oportunidades y tienen las mismas posibilidades de avanzar en los estratos sociales, y la preparación académica se asume como garantía de movilidad social. Este discurso no resuena con la realidad social porque no toda la gente tiene las mismas posibilidades para estudiar. Y porque el sistema tampoco garantiza que al obtener buena educación se tendrá un buen empleo. Sin embargo, el mito meritocrático ha permeado notablemente en la sociedad. Por ejemplo, en el caso de México, recordemos cómo se ha valorado a la presidenta Claudia Sheinbaum por sus títulos universitarios y su trayectoria académica, lo que puede servir de escudo contra la crítica legítima popular.

El discurso meritocrático tiene una gran fuerza en la población. Sin embargo, la preparación académica no garantiza un compromiso político real con el cargo público que se desempeña. No digo que quienes ostentan el poder político o tengan liderazgo en determinada área no necesiten credenciales universitarias; desde luego que éstas son importantes y muchas veces imprescindibles, sobre todo en cuestiones técnicas que requieren conocimiento especializado. Tampoco menosprecio la preparación teórica, ésta es necesaria, máxime si se dirige un país (aunque el estudio no necesariamente debe darse en la universidad, puede ocurrir en el hogar, de forma autodidacta). Simplemente sostengo que es importante cuestionarnos hasta qué grado se valora a una figura sólo, y nada más que sólo, por su título.

Otra cuestión es: ¿hasta qué grado la población en general se menosprecia a sí misma por no tener un currículum académico? Recordemos, por ejemplo, un caso histórico. Ni Francisco Villa ni Emiliano Zapata se concibieron capaces de dirigir una nación –Zapata, porque su horizonte era el sur agrario; Villa porque, a pesar de su genio militar, arrastraba las marcas del analfabetismo y la desconfianza en su propia preparación.

Ocurre aquí una cuestión bilateral. Por un lado, el pueblo no se siente capaz de gobernar o de gobernarse a sí mismo (en muchas ocasiones justificadamente, porque de hecho hace falta formación o experiencia). Por otro lado, se asume que quien tiene estudios superiores automáticamente garantiza el mejor rumbo de las instituciones o de la nación. Ni una opción ni otra son absolutamente ciertas. En primer lugar, el pueblo tiene experiencia y conocimientos prácticos que abonan efectivamente a que, a través de diálogos y asambleas, se pueda dirigir el país y, en todo caso, se debe luchar porque la educación sea democrática, crítica y popular. En segundo lugar, hay ejemplos de personas con altos estudios, pero con deleznable calidad humana, egoístas que no conciben sus acciones en favor del beneficio común. Conviene cuestionar entonces, con base en los hechos, a quiénes valoramos como líderes o representantes. Finalmente, el pueblo es también corresponsable del tipo de dirigencia que acepta.