La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ordenó la realización de tres auditorías al proceso de contratación y operación de la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., responsable de la plataforma utilizada para la aplicación de los exámenes de admisión en línea a bachillerato y licenciatura, además de iniciar la terminación anticipada del contrato suscrito con la compañía.

La institución informó que las revisiones buscan esclarecer las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión y deslindar responsabilidades. 

El abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Conchar Cantú, aseguró que la Universidad actuará con base en los resultados de las investigaciones."No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco ningún interés en acusar sin evidencia. Justamente por eso hemos llegado a la decisión de llevar a cabo auditorías con los entes especializados", afirmó.

Conchar Cantú explicó que una de las auditorías será de carácter tecnológico y se realizará de común acuerdo con Territorium Life, mediante la contratación de una firma especializada que evaluará el funcionamiento del sistema utilizado para la aplicación de los exámenes.

Además, informó que el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, determinar si existieron responsabilidades e identificar posibles áreas de mejora en el proceso de contratación.

A esta revisión se sumará una auditoría interna a cargo de la Contraloría de la UNAM.

El abogado universitario indicó que, una vez concluida la relación contractual, la empresa deberá entregar a la Universidad las bases de datos generadas durante la prestación del servicio, al tratarse de información propiedad de la institución.

Asimismo, sostuvo que el contrato con Territorium Life fue público desde su firma, realizada el 23 de marzo de 2026, mediante los mecanismos de transparencia universitaria, y aseguró que la UNAM ha entregado toda la información solicitada por la Comisión Técnica de Personas Expertas encargada de revisar el proceso de admisión.

El convenio contemplaba la atención de un mínimo de 154 mil y un máximo de 385 mil aspirantes, con un costo de 227.85 pesos más IVA por cada examen aplicado, equivalente a 264.31 pesos por aspirante. Hasta el momento, la Universidad ha pagado 69.1 millones de pesos por el servicio.

Por su parte, el secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, afirmó que la institución mantiene un manejo responsable de los recursos públicos y precisó que los costos derivados de las auditorías serán cubiertos con ingresos extraordinarios autogenerados, por lo que no afectarán el presupuesto destinado a otras áreas universitarias.

Finalmente, Conchar Cantú reiteró que la decisión de cancelar parte del proceso de admisión respondió a evidencias obtenidas por la Universidad y no a suposiciones.

"La Universidad no cancela exámenes por mera presunción; cancela porque tiene evidencias", subrayó.