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Economía
Expertos avalan fracking en el noreste de México
Analistas de la Universidad Iberoamericana advierten que esta práctica provocará desplazamientos poblacionales y daños a economías locales.
El Gobierno de México podrá comenzar a utilizar mecanismos de fracturación hidráulica (fracking) para explotar gas natural no convencional en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aunque bajo una serie de condiciones técnicas, ambientales y sociales.
En abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración evaluaría el uso del fracking para obtener este hidrocarburo; sin embargo, ante los cuestionamientos de especialistas y organizaciones civiles, la mandataria conformó un comité integrado por 54 científicos y académicos para analizar la viabilidad de esta técnica.
A más de tres meses de la instalación de ese grupo, este jueves 6 de agosto los expertos recomendaron a la presidenta verificar la factibilidad de desarrollar proyectos en la cuenca de Sabinas-Burro-Picachos, localizada en Coahuila y Nuevo León, así como en la cuenca de Burgos, ubicada en el noreste de Tamaulipas.
En contraste, plantearon mantener la prohibición absoluta de cualquier actividad en la cuenca de Tampico-Misantla, que se extiende desde el norte de Veracruz hasta el sur de Tamaulipas.
Además, propusieron restringir el uso de agua dulce en cualquier proyecto de extracción futuro, debido a que “está comprometida para el consumo humano, para el riego agrícola y para otras actividades”.
Por su parte, José Antonio Hernández Espriú, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfatizó que estas recomendaciones buscan establecer un marco de operación que minimice los riesgos asociados al fracking.
Tras conocerse estas conclusiones, especialistas de la Universidad Iberoamericana advirtieron que este tipo de proyectos extractivos genera consecuencias que no se limitan a los factores ambientales, sino que también están relacionadas con la “ruptura de tejidos sociales, despojo territorial, desplazamientos poblacionales y daños a economías locales”.
De igual forma, expusieron que “suelen justificarse mediante promesas de crecimiento económico, empleo y desarrollo regional; sin embargo, la evidencia documentada desde distintos territorios muestra que esos beneficios no necesariamente llegan a las poblaciones directamente afectadas”.
Finalmente, subrayaron que la discusión sobre la viabilidad del fracking “no puede limitarse a cuánto gas puede obtenerse ni a cuánto reducirían las importaciones: también debe preguntarse cuál sería el costo social y ambiental para los territorios donde se pretende extraerlo”.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410