El 19 de septiembre de 1985, el Estado mexicano fue rebasado por el sismo de 8.1 en escala Richter, que duró minuto y medio. La sociedad civil sacó los cuerpos con las manos. De esos escombros nació también, el seis de mayo de 1986, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) bajo la Ley General de Protección que, a lo largo de su inoperante vigencia, únicamente ha tenido dos reformas. A 40 años de la creación de ese órgano institucional, la protección civil en el país se encuentra rezagada y, en algunos casos, en el abandono.

La creación de la Ley General de Protección Civil ordena que las autoridades municipales nacionales armen su propio Atlas de Riesgo. Sin embargo, 40 años después, éste encabeza los incumplimientos.

En 2011, la ley se reformó, ahora las autoridades deben promover, respetar y garantizar los derechos humanos. La protección civil abraza al Artículo 4º –derecho a vivienda digna y medio ambiente sano– y el 115°, base de la vida municipal.

“Debemos pasar del modelo reactivo que sólo acude a llorar a las víctimas, a la gestión integral de riesgo, que entiende que el cuidado empieza en el ordenamiento del territorio. Cuando se autorizan cambios de uso de suelo en zonas de riesgo y se permite que un municipio opere a ciegas sin Atlas, estamos firmando sentencias anticipadas. Es violencia institucional”, denunció Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.

El pasado 17 de septiembre, la funcionaria capitalina encabezó la Mesa de Análisis “40 años de la institucionalización del Sinaproc”; en el evento señaló que la protección civil no es una concesión ni un acto de caridad del Estado, sino una obligación más sagrada. “El Sinaproc debe ser un escudo con el que el Estado mexicano garantice los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna”, destacó.

Y la realidad pone en peligro a los mexicanos. Según el Censo de Gobiernos Municipales 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de dos mil 460 municipios, menos de la mitad posee un plan de protección civil, apenas una cuarta parte tiene Atlas de Riesgo y más del 50 por ciento opera sin reglamento. Detrás existen millones viviendo en la indefensión.

Y así lo admite Urzúa Venegas: “Nuestro mayor enemigo no es la falta de leyes, sino las contradicciones fatales entre ellas: divorcio entre gestión de riesgo, desarrollo urbano y reglamentos de construcción”.

En efecto, porque, desde 1985, todos los poderes se limitan a guardar minutos de silencio o a reaccionar cuando la tragedia alcanzó a los ciudadanos, pero no existe la estructura real para la prevención como mandato constitucional.

La protección civil está vinculada inevitablemente a la Constitución, que ordena la protección a la vida, a la seguridad de los bienes y las garantías esenciales de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso para proteger a las personas.

Sin embargo, a 40 años de la creación del Sinaproc, Urzúa Venegas demanda: “El Sinaproc debe entenderse como un instrumento para garantizar derechos fundamentales, entre ellos la vida, integridad física y un entorno seguro. Los desastres ocurren dolorosa y exclusivamente cuando el fenómeno natural golpea a una sociedad que hemos dejado vulnerable”.

Injerencia estadounidense

El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) está interesado en “preparar” a quienes operan la Protección Civil en México. Bajo el argumento de “asegurar” la vida de los ciudadanos que radican en el país y en la capital; en 2023 anunció la donación de casi 11 millones de dólares para la construcción de la actual Escuela Nacional de Protección Civil (Enaproc), cuyo plantel principal se ubica en las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en la alcaldía Coyoacán, y otro más ya fue erigido en Chiapas.

Para la formación y capacitación de técnicos, profesionales y especialistas en gestión integral de riesgos, en terrenos del Cenapred se construye, con participación del Comando Norte de EE. UU., la nueva sede de la Enaproc.

En el arranque de los trabajos para construir el inmueble estuvieron presentes el teniente coronel, Max Hinton, en representación del Comando Norte (USNORTHCOM), y el oficial ejecutivo de Supervisión de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), Jason Bennett, en representación de la Embajada estadounidense en México, además del jefe de la División de Construcción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano (USACE), David Manka. así como la gerente de Programas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., Jennifer Counts, y la Coordinadora de Cooperación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luisa Solchaga López.

“La cooperación entre la Enaproc y el Comando Norte abona a la construcción de la paz en nuestras comunidades”, sentenció entonces Rosa Icela Rodríguez, quien fuera Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Por eso es tan relevante la Enaproc, dedicada a la formación y capacitación de técnicos profesionales y especialistas en la materia”, justificó la funcionaria. El proyecto de colaboración binacional entre los gobiernos estadounidense y mexicano prevé la profesionalización del personal dedicado a la protección civil y gestión del riesgo, así como el reforzamiento de la infraestructura y equipamientos.

En un comunicado emitido aquel 1° de agosto de 2023, el Cenapred aseguró que ésta sería “una oportunidad inigualable para potenciar las capacidades de los profesionales de la protección civil, al aprovechar nuevas modalidades educativas como las capacitaciones masivas a distancia”.

La División de Construcción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE) es la responsable de administrar la construcción y el equipamiento del nuevo edificio en México, que costará 10.4 millones de dólares (mdd).

Sin embargo, eso no fue más que un discurso injerencista; y lo demuestra la carencia de personal formado en Protección Civil. El Comando Norte fue creado el 1° de octubre de 2002. Su misión consiste en “defender el territorio de EE. UU. y coordinar la respuesta a desastres en América del Norte”.

Y desde 2024, esa coordinación ya no es simulacro sino operación. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Defensa de EE. UU. invitó a los secretarios de Defensa (Sedena) y Marina (Semar) a una reunión multilateral en Washington con el Comando Norte y el Comando Sur para “fortalecer cooperación”.

En septiembre de 2025 se produjo una reunión entre el jefe del Comando Norte con altos mandos mexicanos para “intercambio de información y radares en la frontera sur”. En enero de 2026 se instalaron radares terrestres en Chiapas y Quintana Roo, coordinados por el Comando Norte, bajo el argumento de “gestión de riesgos y migración”.

A tres años de “ese sueño” de la nueva Enaproc, las alcaldías de la capital se inundan todavía; y no se detienen las desgracias, por ejemplo el incendio de hogares y restaurantes, como el ocurrido el verano pasado en la Condesa, o en la Roma, que dejó un saldo de 13 heridos, en su mayoría bomberos.

Presupuesto 2027… destinado a sueldos y sin transparencia

Antes de los sismos de 1985, ni en la CDMX ni en el país existía una ley de Protección Civil. El histórico episodio obligó al Poder Legislativo a crear la primera Ley General de Protección Civil, que fue expedida en 1986, con esta normatividad se estableció que debían destinarse recursos a la prevención y atención de riesgos para la población. Han pasado casi 41 años de la promulgación de esa ley, con apenas algunas reformas impulsadas para crear mapas y atlas de riesgo.

En la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX se determina que los fenómenos naturales, externos o antropogénicos, deberían ser atendidos coordinadamente entre los tres órdenes de gobierno: Federación (Cenapred), Coordinación Nacional de Protección Civil, la Sedena (a través del Plan DN-III), Gobierno Central y las 16 Unidades de Gestión de Riesgos de las Alcaldías para cumplir con los objetivos, de acuerdo con esta ley, de salvaguardar la integridad de los habitantes.

Sin embargo, esta obligación y las responsabilidades públicas recaen anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En el Ramo 36, la Seguridad y Protección Ciudadana es la encargada de coordinar las acciones de protección civil.

Para 2027, en la Estructura Programática de Protección Civil se contempla el Ramo 36, que contiene dos programas básicos: N003 Fondo de Desastres Naturales y el N005 Protección Civil y prevención de amenazas y desastres.

De acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación 2027 entregado a principios de septiembre por Hacienda (SHCP) a la Cámara de Diputados, al Ramo 36 de Seguridad y Protección Ciudadana se etiquetaron 64 mil 486 millones de pesos (mdp); en ese ramo se contempla la bolsa para Protección Civil, con apenas 224.4 mdp, pero el mayor porcentaje de tal cantidad será consumida para el gasto de sueldos del capítulo 1000.

En el presupuesto de este año se destinaron 249 mdp para operación de Protección Civil; a Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, 176 mdp; 73 mdp para el Cenapred; 18 mil 677 millones para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y 237 millones para el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), lo que evidencia que México gasta mucho más en atender la emergencia que en prevenirla.

En Fondos, para 2027 se mantiene el modelo de dos instrumentos:

Fonden para reconstrucción y atención, y Fopreden para prevención, según se desprende del Presupuesto de Egresos 2027. Ambos están clasificados en el Ramo 36, Programa N003 y pertenecen a los fondos para atención a emergencias, de acuerdo con los documentos de Hacienda.

En el caso de programa N005, corresponde a la operación diaria de Protección Civil: sueldos, emisión de alertas, coordinación con estados y capacitación. No es para reconstruir, sino para “prevenir y coordinar”.

Del presupuesto del Programa N005, el 94 por ciento se destina al Capítulo 1000, Servicios personales, lo que deja menos del seis por ciento para materiales, viáticos y servicios generales para atender emergencias. En 2025 se contemplaron 176 millones; para 2026 se incrementó a 231 millones, con un aumento de 26.8 por ciento; y para 2027, se proyectan 224.4 mdp.

En contraste, las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) permiten saber que los recursos etiquetados para Protección Civil presentan más faltas de transparencia.

El caso histórico más grave, sin responsabilidades deslindadas, según las referencias oficiales, fue detectado en la revisión de la Cuenta Pública 2024; la ASF presentó denuncias penales contra los directores de Protección Civil de Baja California y Nayarit por haber distribuido bienes de la reserva estratégica del Fonden sin declaratoria de emergencia.

El patrón que se repite es señalado por la propia ASF sobre que las áreas revisadas muestran “distintos grados de riesgo, falta de transparencia, deficiencias en el cumplimiento de objetivos y metas, inobservancia de principios básicos de contabilidad gubernamental, deficientes sistemas de registro, supervisión, control y rendición de cuentas”.

El dato más reciente se relaciona con la Cuenta Pública 2024, donde la ASF detectó 60 millones 969 mil pesos en irregularidades pendientes por aclarar. La principal irregularidad fue la falta de documentación comprobatoria que acredite el destino de los recursos federales.

Así, el análisis del Programa Presupuestario N005 revela que el 94 por ciento del gasto se concentra en servicios personales (Capítulo 1000), lo que limita operativamente a las ocho áreas sustantivas que la ley obliga: Atlas de Riesgos, Prevención, Auxilio, Recuperación, Verificación de Programas Internos, Vigilancia de Servicios Vitales, Capacitación y cultura de la autoprotección, y Administración de instrumentos financieros de gestión de riesgos.

Alcaldía Cuauhtémoc, mal ejemplo

Pese a este panorama de riesgo para la población, la alcaldía Cuauhtémoc ha incumplido con la obligación de elaborar su mapa de riesgos y transparentarlo en el Atlas de Riesgos de la CDMX, como se decretó en 2015; y de acuerdo con una consulta a este Atlas, el renglón de esta demarcación está en blanco.

Ante este panorama, las autoridades no difunden que, hoy, el ciudadano que advierte riesgos en su entorno vinculados con la Protección Civil debe pagar a una empresa consultora del ramo por un dictamen que puede tener costos muy variados, incluso superiores a los cinco mil pesos, cantidad que ningún capitalino pretende desembolsar, y con justa razón, porque es una obligación coordinada entre los tres órdenes de gobierno que actúan cuando la tragedia se materializa y ofrece apoyo.

Así, la alcaldía Cuauhtémoc carece de Atlas de Riesgo actualizado desde 2018. En el Sistema de Información de Atlas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del periodo 2023-2024, apareció sin avance. La alcaldía lleva al menos dos administraciones sin Plan de Protección Civil.

Además, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco tienen Atlas de 2015-2019, previos a la grieta de 2017 y a los sismos de 2023, por lo que no reflejan la nueva cartografía de hundimiento. Benito Juárez y Miguel Hidalgo tienen Atlas pero, como denuncian académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no son vinculantes.

“Vivimos un divorcio entre las leyes de gestión de riesgo, las de desarrollo urbano y los reglamentos de construcción. Corren por vías separadas. Mientras protección civil intenta ser un escudo, desarrollo urbano cede a la voracidad inmobiliaria”, alertan.

Cuauhtémoc es el ejemplo de ese “divorcio”, porque concentra todo: 32.4 km² con 540 mil habitantes y 600 mil de población flotante, suelo lacustre Tipo III, mil 200 inmuebles catalogados con daños estructurales desde 2017, y una presión inmobiliaria que autoriza cambios de uso de suelo en laderas artificiales como la Roma-Condesa sin dictamen vinculante.

En el corazón de la capital, la alcaldía Cuauhtémoc –la más densa, más fracturada y vigilada– opera sin Atlas de Riesgo, sin Plan de Protección Civil actualizado y sin dinero para prevenir. Únicamente cuenta con nómina. De 2019-2024: Cuauhtémoc registró cuatro mil 764 fugas reportadas al Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex); es la tercera alcaldía con más fugas en la CDMX, sólo detrás de Iztapalapa (seis mil 633) y Coyoacán (cuatro mil 930). 

Corte deja responsabilidad a ciudadanos

El pasado ocho de agosto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un juicio administrativo y avaló el proyecto de la ministra María Estela Ríos, que deja la responsabilidad a los ciudadanos de resolver, con el pago de dictámenes a consultorías en protección civil los daños que terceros responsables pudieran causar a viviendas o inmuebles propios.

 

 

Es decir, por mayoría de votos, frenaron responsabilizar a quienes afecten a terceros por sus acciones en materia de protección civil, y a partir de la resolución, queda en manos de los ciudadanos –dueños de inmuebles– cuidar y prevenir desastres que puedan provocar otros.

Así, es un revés al derecho a salvaguardar la vida que mandata la Constitución y cuya supremacía fue violentada por el pleno de la SCJN.