El país enfrenta restricciones presupuestarias, débil gobernanza y presiones de Pemex.
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Hoy, la electricidad que ilumina hogares, mueve fábricas y mantiene viva la economía en varias entidades del norte del país depende, en gran medida, del gas natural que cruza la frontera desde Texas. Cuando ese suministro falla, amplios sectores productivos de México se paralizan. En otras palabras, México depende del gas que se importa desde Estados Unidos (EE. UU.).
Durante los últimos 25 años, México ha incrementado de manera acelerada su consumo de gas natural proveniente del vecino del norte. Aquel país aumentó sus centrales de ciclo combinado, más eficientes y con menores emisiones, abaratando este combustible.
De acuerdo con la Prospectiva de Gas Natural 2023-2037, el 59 por ciento del gas que se importa desde EE. UU. se destina a producir electricidad y otro 17 por ciento al sector industrial, incluyendo la producción de acero, vidrio, petroquímica y manufactura.
Hace algunos años, el uso del gas natural era una fuente secundaria, hoy, es primordial en la producción de energía eléctrica. El 60 por ciento de la producción nacional de electricidad se realiza empleando gas natural.
Décadas atrás, entre 1970 y 1980, la región petrolera de Cantarell, ubicada en el Golfo de México, permitía cubrir la demanda interna de este hidrocarburo. Sin embargo, a partir del año 2000, el consumo superó a la producción. Entre 2014 y 2024, la extracción nacional cayó 33 por ciento, de cinco mil 758 a tres mil 854 millones de pies cúbicos diarios, según reportó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Esta caída obligó a aumentar las importaciones, profundizando la dependencia externa y dejando al país vulnerable a los precios, decisiones políticas y crisis energéticas fuera de sus fronteras.
El déficit de gas natural en México se ha profundizado de forma sostenida en los últimos años, reflejando una creciente dependencia del exterior y una planeación energética desequilibrada. Las importaciones por ducto pasaron de 913 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) en 2010 a seis mil 421 Mpcd en 2024, es decir, se multiplicaron por siete en poco más de una década.
Para 2023, el 73 por ciento del gas consumido en el país provino del extranjero, principalmente de EE. UU., lo que colocó a México como el tercer mayor importador mundial por ducto, sólo detrás de China y del propio mercado estadounidense, de acuerdo con reportes del Cenace.
A partir de 2010, el gobierno mexicano aceleró la construcción de gasoductos que conectó el sur de Texas con los centros industriales mexicanos. Proyectos como Los Ramones y el ducto marino Sur de Texas-Tuxpan facilitaron la llegada masiva de gas de lutitas desde la Cuenca Pérmica y la formación Eagle Ford.
La red de gasoductos creció de 11 mil 300 a 19 mil km entre 2012 y 2024. Asimismo, el número de ductos de internación aumentó de nueve en el año 2000 a 24 en 2024. Sin embargo, el desarrollo de infraestructura de almacenamiento de gas fue mínimo: la capacidad de almacenamiento actual equivale apenas a alrededor de 2.4 días de consumo nacional, muy por debajo de los estándares internacionales, que muestran que los países importadores suelen mantener reservas que abarcan semanas o incluso meses.
Hoy más del 70 por ciento del gas natural que consume México es importado y la mayoría tiene un solo origen: EE. UU. Esta concentración convierte a México en rehén de factores externos: tormentas, decisiones regulatorias estadounidenses, conflictos geopolíticos o simples variaciones del mercado. Es decir, nuestra seguridad energética no se decide en territorio nacional.
Las tormentas invernales que azotaron el sur de Estados Unidos entre 2021 y 2022 fueron la prueba más clara. El colapso de la infraestructura energética texana provocó cortes masivos en el envío de gas hacia México, encareció los precios y obligó a suspender actividades industriales y apagones programados en varias entidades. No fue un accidente aislado: fue la evidencia de una dependencia riesgosa, previsible y, sobre todo, evitable.
Cada invierno, las tormentas en EE. UU. repercuten en ciudades fronterizas. Sumado al descenso de la temperatura, la paralización de sectores económicos debido a que la prioridad de la distribución de gas natural es para las ciudades norteamericanas, dejando en segundo lugar a ciudades mexicanas ubicadas en el norte del país.
No se trata sólo del clima, sino de una dependencia estructural que deja al país expuesto a decisiones ajenas. Hoy, la electricidad que ilumina hogares, mueve fábricas y mantiene viva la economía depende, en gran medida, del gas natural que cruza la frontera desde Texas. Cuando ese suministro falla, entidades del norte de México se paralizan.
Durante el foro S&P Global, dentro del encuentro Mexico Commodity Insight Briefing 2025, especialistas advirtieron de este riesgo. Carlos Pascual y Luis Rosendo Gutiérrez Romano coincidieron en que la elevada dependencia del hidrocarburo estadounidense compromete la competitividad del país y debilita la estabilidad de las cadenas de suministro. Ambos señalaron la urgencia de fortalecer el almacenamiento estratégico y revisar la estructura del sistema energético.
Pero más allá de los diagnósticos técnicos, lo que es un hecho, es que los gobiernos de los últimos dos sexenios abandonaron la construcción de infraestructura para la producción de energía eléctrica a través de plantas eólicas, solares o de presas, éstas, a decir de los expertos, son energías limpias.
Incluso, a la llegada del gobierno morenista en el anterior sexenio se desecharon proyectos de construcción y almacenamiento de energía eléctrica impulsadas por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Los gobiernos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum han apostado a la construcción de ductos entre México y Texas para importar gas barato, en lugar de invertir en producción nacional, almacenamiento, e infraestructura de energías renovables.
La dependencia de gas natural de Estados Unidos ha causado estragos en México. En 2021, el país experimentó las consecuencias de carecer producción propia suficiente y almacenamiento, pues cuando una tormenta invernal en Texas paralizó la principal región productora del mundo y proveedora del país, ocasionando apagones que dejaron sin servicio a 4.7 millones de mexicanos.
México cuenta con un poco más de 19 mil kilómetros de gasoductos públicos y privados para importar cerca del 80 por ciento de la demanda, además de tres plantas de regasificación, pero ningún activo de almacenamiento estratégico.
El flujo de gas hacia México se redujo de manera abrupta, los precios se dispararon. México, sin reservas estratégicas, enfrentó apagones masivos, cortes de gas y racionamientos. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció afectaciones en múltiples estados, particularmente en el norte y el centro del país.
Plantas industriales detuvieron operaciones; maquiladoras suspendieron turnos; hospitales y servicios públicos operaron bajo esquemas de emergencia. Lo ocurrido no fue un fenómeno natural inevitable, sino la consecuencia directa de una política de dependencia sin respaldo.
México produce gas natural, pero no en los volúmenes necesarios para cubrir su demanda interna. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sostiene que la producción nacional ha permanecido estancada durante años, con una alta dependencia del gas asociado a la extracción de petróleo y un rezago significativo en el desarrollo de campos de gas no asociados.
A esta limitación estructural se suma un problema de destino. La mayor parte del gas producido en México se utiliza para el autoconsumo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en refinerías, complejos petroquímicos y procesos industriales internos que absorben gran parte del volumen disponible, dejando al mercado nacional, hogares, comercios e industria privada, dependiendo casi por completo del gas importado.
La quema y el venteo de gas –quemar el exceso de gas metano y causar el menor daño a la atmósfera y la liberación del metano directamente a la atmósfera–, prácticas documentadas por la CNH y organismos internacionales, reflejan la falta de infraestructura para aprovechar la extracción del gas. México desperdicia gas en sus campos petroleros, mientras importa millones de metros cúbicos diarios del extranjero.
Otro de los puntos más críticos de la deficiente política energética en México es la casi total ausencia de infraestructura de almacenamiento de gas natural. El país apenas cuenta con reservas equivalentes a dos días de consumo nacional.
La comparación internacional es demoledora. Austria puede almacenar gas por más de 100 días; Alemania supera los 90; países con climas extremos consideran el almacenamiento estratégico como un componente de seguridad nacional. México, no.
Durante años, especialistas y organismos reguladores han advertido sobre esta vulnerabilidad. Sin embargo, los proyectos de almacenamiento estratégico han sido pospuestos sistemáticamente. La Secretaría de Energía (Sener) no ha dado prioridad a la construcción de infraestructura para almacenamiento de gas natural. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) no logró la construcción de cavernas salinas, espacios naturales subterráneos para el almacenamiento de gas natural ni instalaciones subterráneas de gran escala; y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mantuvo una regulación laxa que no obliga a los grandes consumidores a contar con inventarios mínimos.
Una parte importante de la política energética de México se ha sustentado en la importación de gas natural desde EE. UU. como la base casi exclusiva de la generación eléctrica, sin evaluar con seriedad los riesgos de depender de un solo proveedor externo.
Durante años, México ha sustentado su consumo de gas natural proveniente de Texas como parte de una política de mercado abierto, es decir, favoreciendo la importación. Sin embargo, durante los últimos meses, éste se ha restringido debido a la política proteccionista de Estados Unidos y la imposición de aranceles. Y hace apenas unos días, los conflictos internacionales, han obligado a EE. UU.a dar prioridad a su mercado interno.
Cada vez más países fortalecen su producción interna y diversifican proveedores para reducir vulnerabilidades. La seguridad energética se asocia ahora con la seguridad nacional, justificando una mayor intervención del Estado en sectores estratégicos como el gas y la electricidad.
Los estados del norte son los más expuestos a la falta de gas proveniente de EE. UU. Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Baja California concentran gran parte del consumo industrial de gas natural importado vía los ductos que comunican ambos países.
En Chihuahua, el gas es indispensable para la industria maquiladora, la manufactura y la generación eléctrica. Durante los meses de escasez derivados de las nevadas en Texas, empresas implementaron paros técnicos y reducciones de jornada. Miles de trabajadores fueron enviados a casa, muchos sin salario completo.
En los hogares, la crisis se tradujo en falta de calefacción durante temperaturas bajo cero. Familias recurrieron a leña, carbón o calentadores improvisados, aumentando riesgos de salud y accidentes. El impacto no fue homogéneo: golpeó con más fuerza a las zonas populares.
La dependencia del gas importado profundiza la desigualdad. Las grandes empresas pueden renegociar contratos o absorber aumentos de precio. Las familias, no.
En colonias populares del norte, el gas natural no es un lujo: es una necesidad básica; sin embargo, ni la Sener ni la CFE han diseñado mecanismos efectivos para proteger a los usuarios domésticos ante las crisis de suministro. Tampoco existen protocolos claros que prioricen el abasto a hospitales, escuelas y viviendas cuando el gas escasea.
Mientras el discurso oficial insiste en la autosuficiencia, la realidad muestra un país atado a ductos extranjeros, sin reservas estratégicas y sin un plan serio para romper la dependencia. La soberanía energética no se construye con declaraciones, sino con inversión, planeación y voluntad política.
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Escrito por Noel González Jiménez
@noel1656