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Impulsan iniciativa para regular escuelas militarizadas, después de la muerte de jóvenes
Fue en noviembre de 2023 cuando se registró la muerte de Zamir Pinto, joven de 16 años, tras cinco días de permanecer en el Colegio Militarizado de Aztlán.
Entre 2023 y 2026, Erik Leonardo Torbellín, Zamir Pinto y Dafne Zapata murieron en hechos relacionados con escuelas militarizadas. Fue hasta dos años y ocho meses después del primer caso que legisladores impulsan una iniciativa para establecer una regulación más estricta y protocolos obligatorios para estos planteles.
A raíz de estos casos, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) establecer protocolos de operación y supervisión que garanticen la seguridad de los estudiantes.
La postura de la legisladora fue presentada luego de que los tres casos quedaran bajo investigación de las fiscalías correspondientes y reavivaran las críticas sobre las condiciones en las que funcionan algunas academias con disciplina militarizada. Además de solicitar una mayor vigilancia por parte de las autoridades federales, Ballesteros anunció que presentará una iniciativa ante la Comisión Permanente para prohibir prácticas disciplinarias degradantes y establecer reglas obligatorias para estos planteles.
El caso más reciente es el de Dafne, de 13 años, quien murió el pasado 16 de julio tras participar en actividades de una escuela militarizada en Tamaulipas, a la cual ingresó tres días antes, el 13 de julio. La Fiscalía investiga los hechos como feminicidio y mantiene detenidas a tres personas presuntamente involucradas: el director del plantel, un instructor y una trabajadora de la institución.
Antes de Dafne, en abril de 2025, Erik Torbellín, también de 13 años de edad, murió tras asistir a un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, en Morelos; pero, antes, el 27 de noviembre de 2023, Zamir Pinto, de 16 años, falleció dentro del Colegio Militarizado Aztlán, en Tultitlán, Estado de México, apenas cinco días después de ingresar. En ambos casos, las investigaciones derivaron en procesos penales y en señalamientos por presuntas agresiones físicas durante los entrenamientos, además de acciones de las autoridades educativas por irregularidades detectadas.
Con estos tres expedientes como antecedente, la propuesta legislativa busca que las escuelas militarizadas y los campamentos con este modelo de formación operen bajo normas federales claras; entre las medidas planteadas destacan: certificación del personal en primeros auxilios, implementación de protocolos de emergencia, disponibilidad de unidades médicas y prohibición de cualquier método disciplinario que ponga en riesgo la integridad física o emocional de niñas, niños y adolescentes, en un intento por evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.