La relación entre Estados Unidos (EE. UU.) y México ha estado históricamente marcada por una asimetría estructural que pocas veces se reconoce en su dimensión verdadera. Desde la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano en el Siglo XIX, pasando por las intervenciones militares directas, hasta las imposiciones económicas del Tratado de Libre Comercio y las actuales presiones en materia de seguridad, migración y narcotráfico, Washington ha tratado a México como su patio trasero, no como un socio igualitario.

En ese marco se da la actual intervención de EE. UU. en los asuntos de seguridad nacional. En primer lugar, en Chihuahua apareció la CIA haciendo “operaciones estratégicas” y luego con la solicitud de extradición del exgobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Para muchos que observan las cosas superficialmente, esto parece tener una solución fácil; pero no la tiene para quienes se preocupan por el bienestar del pueblo mexicano.

La primera opción es la que presentan los que hoy se reconocen como la oposición. Ellos afirman que el gobierno mexicano debe entregar ya a Rocha Moya para que lo juzguen en EE. UU. bajo sus leyes. Esta opción es planteada por personajes que poco o nada de compromiso tienen con las causas y necesidades del pueblo, políticos a quienes únicamente les interesa el poder, pues no consideran que los norteamericanos no se interesan por la lucha contra el narcotráfico. Como si no supieran que fue el mismo gobierno norteamericano el que, en un primer momento, acusó al expresidente hondureño de narcotráfico y después lo liberó a sabiendas de que era culpable. Si los mexicanos apoyaran esta propuesta, el resultado no sería otra cosa que el sometimiento a los intereses del vecino del norte, no del pueblo.

Por otro lado, está la postura del gobierno, que poco o nada hace para la rendición de cuentas del exgobernador de Sinaloa. Si bien es cierto que EE. UU. está utilizando las acusaciones con fines políticos, también lo es el hecho de que, desde diversas voces, se han denunciado los vínculos de Rocha Moya con el narcotráfico. La 4T nos quiere vender la idea de que la defensa de un político significa la defensa de la soberanía nacional; pero el problema es que los intereses de los políticos que hoy están con Morena tampoco son los intereses del pueblo mexicano. Y eso se aclara en la medida en que revisamos que, durante los dos sexenios de la 4T, la situación de los mexicanos en el fondo permanece igual, y en algunos casos se ha agravado, pues todo lo quieren resolver con tarjetas.

Los que hoy están en el sistema de partidos, no representan alternativas positivas para el pueblo de México. Los mexicanos no debemos aceptar vender la patria por un plato de lentejas, pero tampoco debemos solapar los errores que se cometen en la administración actual. Se debe ir más allá: tener una firme postura antiimperialista y una crítica sin concesiones al interior de las estructuras nacionales del poder. Urge proponer un modelo de sociedad que permita el bienestar de la población y la independencia nacional, no como una consigna hueca, sino como un proyecto concreto.

Pero cometeríamos un grave error al pensar que alguna de esas dos cosas se logrará aceptando a los que hoy se pelean por el poder. La única alternativa es la que históricamente se ha presentado a los pueblos: realizar una política independiente, es decir, propia de las clases trabajadoras; que luche por el poder, pero no haciendo el juego al poder actual, sino denunciando sus limitaciones. No podemos ser ajenos a los problemas, al contrario, tales situaciones deben interesarnos y participar, porque únicamente así pueden hacer valer su voluntad, imponer sus intereses que, hasta ahora, han sido relegados al olvido. Para eso se requiere que el pueblo se eduque, se organice y exija cuentas al poder; no hay otro camino. Sólo de esta forma se logrará una defensa clara de la soberanía nacional.