Según las estimaciones más recientes del Inegi, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída de 0.8 por ciento en términos reales durante el primer trimestre del año respecto al trimestre inmediato anterior, mientras que su crecimiento anual (respecto al primer trimestre de 2025) fue de apenas 0.2 por ciento. Este desempeño no sorprende, pues simplemente prolonga el estancamiento en el que la economía mexicana se ha mantenido desde 2019, con un crecimiento promedio anual de apenas uno por ciento.

Frente a este panorama, el optimismo de Palacio Nacional permanece intacto. El discurso oficial insiste en que “vamos bien y vamos a ir mejor”. Buena parte de ese optimismo descansa en el conocido Plan México, presentado en 2025, que tiene entre sus principales metas elevar la inversión total y mantenerla por encima de 25 por ciento del PIB a partir de 2026, para posteriormente superar el 28 por ciento hacia 2030. En 2025, la inversión representó 22.9 por ciento del PIB, por lo que alcanzar la meta de 25 por ciento ya en 2026 implicaría elevarla en poco más de dos puntos porcentuales del PIB en apenas un año. La pregunta central es de dónde saldrá esa nueva inversión. El gobierno sostiene que el impulso provendrá principalmente de la inversión pública, complementada por esquemas de inversión “mixta”, es decir, proyectos desarrollados conjuntamente con el sector privado.

El Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 ayuda a dimensionar mejor cómo pretende el gobierno alcanzar esa meta. Este programa busca movilizar 5.6 billones de pesos adicionales en sectores estratégicos como energía, ferrocarriles, carreteras, puertos, agua y salud. En este sentido, para 2026, la inversión pública aprobada en el PEF representaría alrededor del 2.5 por ciento del PIB, mientras que el gobierno espera complementar ese esfuerzo con inversión “mixta” equivalente al 1.95 por ciento del PIB, es decir, aproximadamente 722 mil millones de pesos (México, ¿Cómo Vamos?, mayo de 2026). En conjunto, la inversión pública y mixta elevarían el esfuerzo de inversión asociado al Estado a alrededor de 4.4 por ciento del PIB en 2026, frente al promedio de 3.2 por ciento del PIB correspondiente a la inversión pública en 2025. Sin embargo, sigue sin quedar claro qué parte de esa inversión “mixta” corresponderá efectivamente a capital privado.

Sobre la inversión “mixta” recaerá, pues, buena parte del aumento necesario para alcanzar las metas del Plan México. No sorprende, entonces, que grandes fondos de inversión como BlackRock, interesados en infraestructura y energía, desfilen hoy por Palacio Nacional. No obstante, el gobierno sostiene que no se trata de una reedición de las asociaciones público-privadas del periodo neoliberal, sino de una estrategia de “crecimiento con justicia” basada en la colaboración, sin concesiones, con el capital privado. Aunque no se dan más detalles de cómo operará este esquema, algunos mecanismos ya en marcha permiten anticipar hacia dónde apunta esta “nueva” relación entre el Estado y el capital privado.

Un ejemplo es la Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un mecanismo mediante el cual la empresa pública mantiene la propiedad de la infraestructura eléctrica, pero cede parte de los ingresos futuros provenientes del pago de tarifas por este servicio a los tenedores de estos certificados, quienes reciben rendimientos periódicos sobre dichos flujos. Estos instrumentos, además de ofrecer rendimientos relativamente altos y seguros –respaldados por los pagos estables de la red eléctrica–, están exentos del pago del ISR.

Así, estos mecanismos reproducen una lógica en la que se atrae capital privado y se le garantizan rendimientos, mientras se evita fortalecer directamente las finanzas públicas mediante una mayor recaudación sobre las grandes fortunas y los capitales. Esta negativa a gravar a los sectores más ricos ha sido uno de los factores centrales detrás del aumento de la desigualdad mundial, pues limita la capacidad distributiva del Estado, mientras la carga fiscal continúa recayendo sobre los pequeños contribuyentes y la riqueza de los grandes capitales sigue expandiéndose (ICRICT, 2019). Beneficios compartidos, pero sin redistribución de riqueza.