El dos de junio, el Gobierno Federal publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tres decretos (nueva reforma) que modifican la estructura del Poder Judicial. En resumen, cambian las causales de nulidad y los mecanismos para verificación de candidatos; en materia judicial se establecen enmiendas sobre los tiempos y la organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los puntos relevantes, destacan la postergación de la elección a 2028, ya que ahora los jueces y magistrados se elegirán definitivamente en la elección federal de 2028; incluso, los juzgadores cuyo cargo terminaba en 2027, permanecerán en funciones hasta 2028.

Un día antes, 1° de junio, se cumplió un año de la primera elección judicial, hecho que, al menos teóricamente, prometía “hacer una verdadera transformación” al Poder Judicial; sin embargo, en el Congreso de la Unión, la nueva reforma ya publicada se encamina supuestamente a corregir, fortalecer y consolidar aquel modelo iniciado. Aunado a esto, se sabe que los cambios orquestados hace un año no han modificado en nada al Poder Judicial y que sólo se convirtió en “un verdadero apéndice político” del Gobierno Federal, delineado así por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde 2024.

Con la reforma actual y la elección judicial de hace un año, existen muchas dudas: por ejemplo, no se ha logrado que en el Poder Judicial todo sea diferente; los cambios que “permitieron” a los ciudadanos elegir directamente a jueces, magistrados y ministros sólo fueron un engaño; y si, más allá del voto ciudadano, no les resultó el “filtro” de asignación que decidió quiénes aparecerían en la boleta y que el resultado promovido no dependía de las urnas, sino de quien haya propuesto a los candidatos.

Mientras el oficialismo está planteando la reorganización de los mecanismos de selección de candidaturas, perfeccionar el sistema de “la reforma-madre”, evitar errores durante los preparativos, capacitar mejor a las personas juzgadoras, reorganizar el funcionamiento de la SCJN y que los mecanismos de evaluación se fortalezcan, decenas de analistas advierten que lo más relevante es que se replantea la discusión sobre los órganos encargados de seleccionar, evaluar y proponer candidatos.

Todo mundo recuerda, por ejemplo, cómo se eligió al actual Ministro Hugo Aguilar, un personaje que fue “seleccionado” por el Ejecutivo en turno para garantizar la fidelidad del Poder Judicial; pero también se recuerda cómo el 12 de mayo de 2025, casi un mes antes de la elección judicial, se exhibió que, tras una reunión en la Secretaría de Gobernación, se distribuyó una boleta simulada con los nombres de candidatas y candidatos políticamente impulsados para el puesto y que, tras el hecho, los perfiles ahí mencionados ocuparon posiciones importantes en el interior de la SCJN, del Tribunal de Disciplina Judicial y algunos otros órganos del sistema judicial.

En el primer aniversario de aquella elección judicial, aunque resulte obvio, no se sabe quién o quiénes dictaron y decidieron la lista de los perfiles que llegarían al “nuevo” Poder Judicial; que lo mismo sucedió con los mentados “acordeones” promotores de esos nombres. Otra vez, en lo que se presenta una nueva reforma, “hay gato encerrado”, y todo está perfilado a obtener el control absoluto y verdadero del sistema judicial; y no será mediante la votación popular como se decidirá quién llega a los órganos judiciales.

Hoy, frente a la nueva reforma que busca reorganizar los mecanismos de selección de candidaturas, y tras un año de la elección judicial, las dudas sobre los objetivos y sus fines permanecerán activas en la agenda política; pero no está en duda que algún sector del poder de Morena, Estados Unidos y algunos empresarios mexicanos vean afectados sus intereses con las decisiones efectuadas sobre el Poder Judicial; y tampoco les guste cómo está desarrollándose la política en la SCJN.

Lo que sí está muy claro es que la “Cuarta Transformación”, Morena y Claudia Sheinbaum quieren el control absoluto del Poder Judicial; y para eso necesitan “cerrar todas las llaves” y evitar sorpresas políticas contra los principales actores del gobierno actual, en el corto y mediano plazos. Su proyecto original, que nació con AMLO en 2024 y con la promesa de eliminar las élites dentro del Poder Judicial, parece que ha fracasado; y hoy, los cambios y supuestos ajustes se destinan a crear nuevos mecanismos para poseer el control más centralizado desde Palacio Nacional. Por el momento, querido lector, es todo.