Nuestro Reporte Especial habla esta semana de la Ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, aprobada recientemente en el Senado de la República y del Plan de Infraestructura presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contienen los aspectos fundamentales de una reforma que abrirá la puerta a la iniciativa privada en infraestructura, introduciendo un esquema de “socios” entre el Gobierno Federal y los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Hace mucho tiempo que las autoridades locales, es decir, la mayoría de los gobiernos estatales y municipales, se quejan de la falta de recursos para el financiamiento de obras comunitarias e infraestructura indispensable para la vida de sus gobernados; reportan reducciones al presupuesto para la construcción de caminos, redes de agua potable, drenaje, luz eléctrica y todos los servicios indispensables para la población. Una de las denuncias más recurrentes es la falta de apoyo federal y el retraso o recorte de las participaciones para sus gobiernos.

La explicación de este grave problema no es muy difícil: el Gobierno Federal no cuenta con suficientes recursos presupuestales para dar solución a las necesidades de 32 entidades federativas y dos mil 462 municipios; de ahí la necesidad de promover la inversión “mixta”, es decir, la asociación de inversión pública y privada con la instalación de un proyecto económico “muy ambicioso”.

Frente al optimismo oficial que pondera las ventajas del proyecto, analistas independientes, investigadores de organismos civiles y estudiosos de las finanzas públicas consultados por buzos señalan los defectos del proyecto y advierten, entre otros riesgos, un peligroso aumento de la dependencia económica mexicana.

En torno a este giro en la política de la 4T, los especialistas sostienen, además, que el nuevo proyecto no está diseñado para solucionar el problema en los municipios y comunidades marginadas, porque se enfocará en el desarrollo de sectores “clave”, como introducir mejoras en las inmediaciones de las plantas manufactureras y en los parques industriales, es decir, ahí donde resulten favorecidos los grandes corporativos gringos, las compañías de operaciones globales de los rubros automotriz, electrónico, agroalimentario y de procesamiento de datos establecidos en territorio nacional. Sostienen que no se pretende generar desarrollo local, sino mejorar los parques industriales con: obras carreteras, trenes, puertos aéreos y marítimos para las grandes corporaciones que explotan a los trabajadores nacionales y devastan el medio ambiente.

En otras palabras, exhiben cómo el presupuesto federal está destinado a aumentar nuestra dependencia beneficiando a unos cuantos, los multimillonarios de siempre, que ya se relamen los bigotes a la espera de tan atractiva actividad financiera; agregan que la brillante idea de invertir en este esquema “mixto” está muy lejos de plantear una asociación de “iguales”; y que la propuesta de mezclar inversión pública y privada no es más que un eufemismo para ocultar la entrega de gran parte del presupuesto federal a los grandes empresarios nacionales y extranjeros; en este afán de beneficiarlos, los inspiradores de la propuesta llegan al extremo de disponer y arriesgar el ahorro de los pensionistas mexicanos, reunido con toda una vida de trabajo y sacrificio, en un proyecto que no beneficiará a las mayorías.