Las obras públicas más necesarias para la población han quedado fuera de la planeación presupuestal.
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El Reporte Especial de esta semana muestra cómo pueden ser presupuestalmente más importantes 500 parques industriales y unas cuantas “megaobras” que 32 entidades federativas y más de dos mil 400 municipios, es decir, todo el territorio nacional mexicano, con su población entera.
Mientras en el Presupuesto Federal de 2026 se asignaron apenas 135 mil millones de pesos para obra pública en todo el país, en el Plan México, se aprobó un paquete de inversiones por 5.6 billones para cuatro años a partir de 2026; el destino de estos recursos será “apoyar” con infraestructura a los parques industriales, donde operan empresas extranjeras.
La obra pública, es decir, de beneficio social, ha sido relegada. Año tras año, gobernadores y alcaldes han tenido que reclamar, protestar y denunciar por el incumplimiento en la entrega de las participaciones correspondientes del presupuesto federal; y a pesar de sus reclamos no han recibido atención a sus demandas y a las necesidades de sus entidades y municipios; la indiferencia del Gobierno Federal es de hierro.
El rezago en las obras públicas de todo el país es muy antiguo, pero en los siete últimos años, es decir, en lo que va del gobierno de la “Cuarta Transformación”, se ha agravado debido a los recortes presupuestales que se han convertido en una regla de la política económica en México. La obra social, es decir, carreteras, electrificación, agua potable, drenaje, construcción de escuelas y hospitales, seguridad pública, etc., no es prioritaria para la administración pública.
Se han priorizado, en cambio, los megaproyectos y las inversiones que benefician a grandes empresas extranjeras con electricidad, agua, gas y transporte de sus productos a los puntos de exportación; esto sí es prioritario: apoyar al capital extranjero. Se puede endeudar al país y reducir el presupuesto para obras y servicios en las poblaciones vulnerables, pero el capital debe tener garantizada su operación.
El riesgo de esta política económica presupuestal, cuya característica principal es el abandono de la obra social, es la profundización del rezago en obras y servicios en estados y municipios, es decir, la mayoría de los mexicanos no contará con escuelas, hospitales y seguridad pública; consecuencia que no pagarán los gobernantes, sino el pueblo trabajador.
Las obras públicas más necesarias para la población han quedado fuera de la planeación presupuestal.
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Escrito por Redacción