Las obras públicas más necesarias para la población han quedado fuera de la planeación presupuestal, el Gobierno Federal ha priorizado las construcciones electoralmente vistosas o de apoyo a los negocios de las grandes empresas extranjeras que prometen otorgar bienestar a los más necesitados.

El Gobierno Federal asignó 135 mil millones de pesos (mdp) en el presupuesto 2026, para construcción de obra pública; una bolsa a repartirse entre los 32 estados y los dos mil 471 municipios, que podrán utilizar para obras en beneficio de comunidades, siempre y cuando superen los diversos trámites oficiales, “filtros” y revisiones hasta obtener un “visto bueno” de la Secretaría del Bienestar en cada proyecto.

En contraste, el tres de febrero de 2026 anunció el paquete de inversiones correspondiente al Plan México, destinado a apoyar con más “obras de infraestructura” a los casi 500 “parques industriales” existentes. Con este objetivo se tiene prevista una bolsa de 5.6 billones de pesos (bdp) a invertirse durante los próximos cuatro años, mediante esquemas de inversión entre gobierno y privados, que comenzó este año con 277 mil mdp.

Se trata de dar mayores facilidades a las empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, que operan en los parques industriales desplegados en diversas entidades. Se busca que estas empresas tengan mayor acceso a los servicios de electricidad, telecomunicaciones, gas natural y agua; mejorar y construir más carreteras, así como ampliar los transportes ferroviarios para conectarse mejor con los puertos de mar y aéreos, desde donde se exportan productos ensamblados.

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) reporta que a la fecha están operando 477 de esos complejos industriales, mientras que el Plan México prevé la construcción de 100 nuevos, entre 2026 y 2030, previendo la inauguración de 30 al finalizar 2026, ampliación que busca atraer más empresas ensambladoras extranjeras.

Las compañías manufactureras ubicadas en los parques industriales producen artículos de electrónica digital, vehículos diversos y alimentos procesados; existen grandes almacenes de productos cuyas empresas venden por Internet y servicios internacionales de mensajería, como la estadounidense Amazon y la multinacional Mercado Libre, así como centros de comunicaciones digitales y de datos para la Inteligencia Artificial (IA).

En la bolsa del Plan México, solamente seis por ciento de los 5.6 bdp destinados a inversiones “mixtas”, gubernamentales y de privados se utilizarán en proyectos de salud; aproximadamente tres por ciento para mejorar los sistemas de agua y 0.34 por ciento a la infraestructura educativa.

Se prevén esas mínimas inversiones para la construcción de escuelas, hospitales y viviendas destinadas a los obreros de los parques industriales; esto sucederá en el marco de 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), que se efectúan en 14 estados de la República como Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato e Hidalgo.

Para entender el porcentaje de inversión de recursos en general, es decir, tanto públicos como privados, la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ofrece un panorama de la situación a junio de este año. En el sector de la construcción hubo un ligero aumento de 0.1 por ciento, es decir, un crecimiento marginal; en obras de agua, riego y saneamiento, se incrementó 1.8 por ciento; en edificación, uno por ciento; y en transporte se notó una mayor reducción, de 6.5 por ciento, es decir, menor inversión para obras de este tipo comparada con el año anterior.

Rezago innegable

Antes de dar a conocer el paquete de inversiones para el Plan México y la asignación del “presupuesto histórico” a este mismo año para obras en las comunidades, los recortes presupuestales ya habían provocado al menos siete años de severos rezagos en la construcción de obra pública municipal y estatal.

Los rezagos en las construcciones locales no sólo han sido evidenciados por gobernadores y alcaldes, que cada año acuden infructuosamente a la Cámara de Diputados a solicitar mayores recursos para obras, sino que recientemente fue reconocido en un foro público por legisladores de Morena.

La disparidad en la asignación de recursos para obras públicas es constante, como lo describió a buzos Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa.

“Los últimos datos que tenemos de 2025, en cuanto a destino de la inversión, mostraban que el gobierno se había enfocado mucho al desarrollo del transporte ferroviario; pero había descuidado, por ejemplo, el desarrollo de carreteras, la inversión en electrificación, en el sector educativo, en la construcción de nuevas escuelas, en infraestructura para salud; fue menor, incluso, en comparación con otros años”.

“Megaobras” y déficit fiscal

Durante el sexenio pasado, la mayor parte del presupuesto para infraestructura se destinó a megaproyectos como la Refinería de Dos Bocas o los trenes Maya e Interoceánico, sin aportar beneficios a las comunidades donde se desarrollaron, y en las que incluso se han registrado graves accidentes.

Tales “megaobras” no han reportado beneficios comunitarios, pero sí multiplicaron los riesgos para las finanzas públicas; de tal forma que el sexenio anterior terminó en 2024 con un gran desbalance entre gastos e ingresos gubernamentales (“déficit fiscal”) equivalente a casi seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que el gobierno prometió reducir a 3.9 por ciento en 2025, pero no pudo, y terminó el año con un déficit de 4.8 por ciento.

Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), alertó sobre el alto riesgo por la deuda pública nacional debido a la persistencia del citado desequilibrio entre gastos e ingresos oficiales que, para 2026 se mantiene en un nivel cercano al cinco por ciento del PIB, muy alejado del tres por ciento calculado por el gobierno.

Sobre este mismo tema, Jorge Cano expuso que, debido al elevado monto de los intereses por la creciente deuda, “el gobierno debió recortar otros gastos importantes en salud, educación y seguridad pública; entonces, ése es el riesgo, que a medida que México aumente su deuda, tendrá que incrementar el pago de intereses y desplazar gastos que garantizan derechos para las personas”, señaló.

El 30 de julio de 2026, el gobierno reconoció un incremento de 11.7 por ciento de endeudamiento público comparado con el registrado hasta julio de 2025; de tal manera que se incrementó desde los 17.8 bdp registrados hace un año a 19.59 bdp actualmente.

Sin embargo, el 18 de agosto, el IMEF reportó datos superiores a los oficiales e indicó que, realmente, el débito nacional se ha duplicado desde el monto de deuda registrado en 2018, cuando correspondía a 10.5 bdp, y se ubicó en 20.3 bdp actualmente.

“Filtros” y opacidad en obra local

Mientras tanto, para este año, el gobierno asignó un “presupuesto histórico” para obras en estados y ayuntamientos de 135 mil mdp, que incluye un aumento de 5.5 por ciento con respecto a 2025.

El dinero corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que las administraciones estatales y municipales podrán usar, siempre y cuando logren obtener las autorizaciones correspondientes del Gobierno Federal.

El 14 de febrero de 2026, la Secretaría del Bienestar publicó los nuevos “lineamientos” para el uso del FAIS a partir de este año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que sustituyen a los vigentes de 2025, a los que deberán sujetarse los gobiernos locales antes de utilizar dinero de esa bolsa para obras públicas.

En ese marco, los municipios deberán registrar previa y electrónicamente cada proyecto para obra pública local ante la Secretaría del Bienestar, encargada de verificar si esos planes cumplen con los lineamientos fijados, antes de que el municipio ejerza dinero del FAIS.

A partir de 2026, la Secretaría del Bienestar activó una plataforma digital llamada Sistema de Información del FAIS (SIFAIS), donde los gobiernos locales deben registrar cada proyecto de obra pública 15 días antes de su posible inicio y ser evaluados por la dependencia federal, un registro que solamente podrán hacer directores de área o equivalentes del Ayuntamiento mediante su “e-firma” vigente.

El dinero enviado por el gobierno central a las administraciones locales, generado por el cobro de impuestos en los propios territorios estatales y federales, conservará su carácter Federal y no se convertirá en un recurso de orden municipal, por lo que su “mal uso” será motivo de responsabilidad administrativa, civil o penal, mediante la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR), se advirtió.

La planificación de una obra pública local debe realizarse conforme a los criterios establecidos en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social (IAPRS), que se actualizará anualmente y será elaborado por el Inegi.

En este marco, las obras municipales deberán coincidir, a criterio de la Secretaría del Bienestar, con las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) determinadas por los estudios sobre pobreza, ahora efectuados por el Inegi, que el año pasado asumió esa facultad antes a cargo del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En tanto, el personal de la Dirección General de Desarrollo Regional de Bienestar realizará “visitas de seguimiento” y en cada caso levantará un acta en que consten sus observaciones sobre el desarrollo de las obras autorizadas en curso y podrá otorgar 15 días hábiles para que las administraciones locales resuelvan las irregularidades detectadas o, de lo contrario, Bienestar dará parte a la ASF o la FGR.

Los gobiernos locales tienen prohibido entregar materiales de construcción directamente a la población interesada en una obra; tampoco podrán solicitar aportaciones como mano de obra o dinero a los beneficiarios; si las cuentas bancarias donde se administra dinero del FAIS generan intereses, ese dinero deberá integrarse al mismo fondo y no usarse en otras operaciones.

Si por algún motivo el gobierno local realiza una obra fuera de la Zona de Atención Prioritaria descrita por el Inegi, entonces deberá demostrar, ante la Secretaría del Bienestar, que los beneficiarios pertenecen a la población en extrema pobreza mediante un formato digital de “Declaratoria” firmado por el presidente municipal, tesorero, y la persona habilitada para operar los trámites del FAIS.

A partir de 2026 se decretó como obligatoria la formación de Comités de Participación Social (CPS) integrados por vecinos de la zona donde se efectuarán obras con recursos del FAIS; estos comités también deberán supervisar el desarrollo de la obra respectiva.

El FAIS general está integrado por tres fondos: uno es el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), destinado a las localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema de cada entidad.

Otro es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), enfocado en los servicios de agua potable, alcantarillado, drenajes y letrinas; urbanizaciones, electrificación, así como infraestructura básica de salud y educación, mantenimiento de escuelas y hospitales locales.

Del presupuesto de 135 mil mdp destinado al FAIS en 2026, los gobiernos estatales y los municipios realmente podrían disponer de una bolsa general de 121.5 mil mdp, porque 13.5 mil mdp forman parte del nuevo fondo de obras creado en 2025.

El tercero es un nuevo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), que se nutre del 10 por ciento del presupuesto anual destinado al FAIS general, que en 2026 tiene destinados 13.5 mil mdp.

Para crear el FAISPIAM se reformó el Artículo 2° de la Constitución, cuyos cambios fueron publicados el 30 de septiembre de 2024; con esta reforma se otorga reconocimiento legal a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; el 16 de enero de 2025, el Gobierno Federal firmó un convenio con los 32 gobiernos estatales para financiar obras públicas destinadas a esas poblaciones.

En el caso del FAISPIAM, la distribución de los recursos quedó a cargo de la Secretaría del Bienestar, sin intervención alguna de gobiernos estatales ni municipales, aunque el dinero se toma de la misma bolsa de los fondos para obras locales, mientras el dinero ya autorizado por la dependencia para una obra específica lo administrarían comités comunitarios.

Los recursos para las comunidades indígenas y afroamericanas se asignan para financiar obras de infraestructura social básica como agua potable, alumbrado público, construcción de caminos y en materia de servicios de salud y educación.

Más recortes a Salud y Educación 

Camila Lugo, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C (CIEP), informó, el 17 de febrero, que el presupuesto federal para el rubro de Educación en 2026 es de 1.2 billones de pesos, equivalente al cuatro por ciento del PIB, nivel todavía bajo con respecto al seis por ciento recomendado internacionalmente.

En el presupuesto de educación 2026 resalta un incremento de 56.6 por ciento comparado con 2025 para las becas Rita Zetina, entregadas a estudiantes, que representan 29.3 mil mdp, mientras el programa La Escuela es Nuestra, enfocado al mejoramiento de la infraestructura escolar y el mantenimiento a las aulas, tuvo un nuevo recorte: ahora de 0.8 por ciento con respecto a 2025.

En el rubro de salud, Judith Senyacen, investigadora del CIEP indicó en su informe del siete de octubre de 2025, que si bien el presupuesto federal para 2026 contenía un aumento de 5.9 por ciento respecto al del año anterior, en los hechos representa una disminución de 4.7 por ciento comparado al de 2024; además, destacó que el presupuesto federal destinado al rubro de salud se ha mantenido por abajo del tres por ciento del PIB, la mitad del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) correspondiente al seis por ciento.

Reclamos desatendidos

Desde 2019, presidentes municipales han acudido infructuosamente a la Cámara de Diputados para protestar por los constantes recortes presupuestales a las administraciones locales y solicitar más recursos para obras públicas; la falta de respuesta ha provocado severos rezagos en las obras municipales.

Ante la reiterada inconformidad de gobernadores y alcaldes del país, el expresidente AMLO declaró, en varias ocasiones que los mandatarios locales debían cumplir con la “austeridad”, hacer más con menos dinero y cobrar más impuestos locales para obtener recursos.

En el foro “Finanzas Públicas Sostenibles y Fomento de la Inversión para Gobiernos Subnacionales; Movilidad Vehicular, Catastro e Inversiones”, realizado el seis de noviembre de 2025 en el estado de Morelos, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador morenista en la Cámara de Diputados, propuso a los ayuntamientos del país mejorar sus finanzas para hacer más obra pública sin depender de recursos federales.

Reconoció severos rezagos en las obras públicas básicas de estados y municipios; aunque, en alusión a las palabras de AMLO, insistió en que los gobernantes locales deben obtener más recursos mediante el incremento de impuestos locales: predial en el caso de terrenos, y la tenencia de automóviles para no depender de la redistribución del dinero público generado por la cobranza de impuestos federales en los territorios estatales y municipales.

En los hechos, la redistribución de dinero a las entidades se ejerce con base en la Ley de Coordinación Fiscal, un entendido legal entre la administración central y los gobiernos municipales y estatales, legislación que, a la fecha, no se ha modificado para reorganizar los impuestos federales y estatales cobrados en las entidades ni se han descrito nuevos esquemas para un reparto más equilibrado de los recursos. 

Segundo año de Sheinbaum: economía estancada 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió su segundo informe de labores en medio de una economía estancada que arrastra desde el sexenio pasado. En contraste, desde Palacio Nacional ha destacado la “transformación de la vida pública del país”.

 

 

Aunque reiteró que “el humanismo mexicano y la economía moral parten de una idea sencilla: la economía debe estar al servicio de la gente; y eso sólo puede lograrse con honestidad”, la realidad golpea a millones de mexicanos. En primer lugar, la inseguridad que afecta a diversos municipios y entidades, el desempleo se ha incrementado y han crecido el empleo informal y la inflación, que golpea directamente el bolsillo de millones de familias, lo que limita la obtención de la canasta básica y otros bienes.

Ante su gabinete y los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, la mandataria defendió una vez más sus programas sociales, cuando reiteró que éstos ayudan a los mexicanos, pues “la riqueza de México debe traducirse en bienestar para su pueblo”.