En el último año, los legisladores de Morena han aprobado una serie de reformas a las leyes con el objetivo de atraer inversiones privadas en áreas productivas. El último paso lo dieron a principios de abril, cuando el Senado avaló la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con la que autorizaron los proyectos de inversión mixta, es decir, pública y privada. En la realidad, el Gobierno de México ha acomodado las piezas para beneficiar a un grupo de empresarios con contratos multimillonarios.

En 2025, la inversión en obras públicas básicas mantuvo una tendencia a la baja, por lo que, el tres de febrero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Infraestructura, proyecto con el que pretende invertir 5.6 billones de pesos (bdp) entre 2026 y 2030.

Sin embargo, la falta de dinero público dificulta este plan de inversión, debido a que en los últimos años los gobiernos morenistas han aumentado el presupuesto de los programas sociales para garantizar a su partido el voto ciudadano.

Ahora, el gobierno ha volteado la vista hacia los fondos de pensiones. La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) ha reportado la existencia de unos 8.4 billones de pesos (bdp) en el fondo pensionario de los trabajadores; conforme a la ley, el gobierno puede utilizar el 30 por ciento, equivalente a unos 2.52 bdp. En comparación, este recurso supera incluso el presupuesto destinado a educación para 2026, que es de 1.2 billones de pesos.

Al cierre de 2025, mientras se diseñaba el Plan de Infraestructura, la inversión en obras públicas seguía en caída debido a los continuos recortes al presupuesto de las administraciones estatales y municipales destinado a la construcción de infraestructura local, de primera necesidad para los habitantes.

Por todo esto, las reformas aprobadas harán que los empresarios mexicanos, extranjeros y fondos de inversión vean en el país mayores posibilidades de invertir; y la iniciativa se aprobará ampliamente en beneficio de empresas internacionales que comercian con todo tipo de productos y paquetería como el comercio electrónico y la distribución de mercancías y paquetería, que ya operan en México.

Entre otras facilidades, se prevé la asignación de más recursos públicos para mejorar las vías de comunicación, los medios de traslado de mercancías y la rebaja de impuestos y tarifas a las empresas que planeen instalarse en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), proyecto del Gobierno Federal que pretende desarrollar diversas regiones del país, aunque en muchos casos ha generado más inconformidad social que beneficio en las regiones donde está planeado aplicarlo.

Sin financiamiento

Desde hace varios años, los gobiernos locales han denunciado su imposibilidad financiera para invertir en obras comunitarias, entre ellas la construcción y mantenimiento de las redes de agua potable, drenajes, caminos, alumbrados y espacios públicos. El nuevo proyecto federal de infraestructura no prevé soluciones para cubrir la falta e insuficiencia de estos servicios públicos básicos.

Analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) revelaron, en un análisis del 11 de febrero de 2026 que, en 2025, la inversión federal en infraestructura básica “alcanzó su nivel más bajo desde 2021, con una caída real de 28.4 por ciento con respecto a 2024”.

Por su parte, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec) –organismo público del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal– asegura que el nuevo Plan de Infraestructura refleja una apuesta hacia “la actividad económica, la integración territorial y la soberanía energética y logística del país”, y detalla los ocho “sectores estratégicos” en que se trabajará para fortalecer las zonas de desarrollo industrial: Energía es el principal rubro y concentrará el 54.15 por ciento del total de las inversiones para mejorar el suministro de energía eléctrica y gas natural; Trenes, 15.63 por ciento; Carreteras, 13.94; Puertos, 6.48; Salud, 6.23; Agua, 2.83; Educación, 2.83 y Aeropuertos, 0.04 por ciento.

En los rubros de Salud y Educación únicamente se contempla la instalación prevista en los Polos del Bienestar, hospitales y escuelas para las familias de trabajadores de las plantas manufactureras y servicios de distribución.

De acuerdo con el proyecto, los parques industriales tendrán abastecimiento asegurado de electricidad y gas natural, para lo que se construirán nuevos gasoductos de alimentación; y habrá acceso garantizado al suministro de agua. También se ampliará la conectividad y la movilización de mercancías mediante las telecomunicaciones, vías de transporte terrestre con más trenes y carreteras; la marítima, con más embarcaciones y puertos; y la aérea, con más aeropuertos.

Con el 54.15 por ciento del gasto público previsto, el rubro de Energía es el principal objetivo de las “inversiones mixtas”, lo que ahondará la supeditación mexicana a las cadenas de producción industrial de compañías globales provenientes de Estados Unidos (EE. UU.), advirtió Manuel Llano, director de la agrupación CartoCrítica, A.C., en entrevista con buzos.

El también activista de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), estimó que México sigue cerrando el círculo de su supeditación a EE. UU. al que compra gas natural, cuya mayor parte se usa para generar la electricidad requerida por los grandes consumidores: las manufactureras de EE. UU. asentadas en el país y que se dedican a elaborar productos de exportación sin aportar mayores beneficios a la economía nacional porque pagan mal a los trabajadores mexicanos, destruyen el medio ambiente y la convivencia comunitaria.

“Importamos gas estadounidense; lo aprovechamos en México para la industria manufacturera; generamos estos bienes que devolvemos a EE. UU.; ese modelo económico genera muy poco desarrollo local y, en realidad, bastante desigualdad económica, social”, precisó Manuel Llano.

“Son grandes capitales los que se enriquecen; lo que dejan son despojos; zonas de sacrificio; empleos mal pagados; y ése es el uso que se le da a la energía… tenemos que pensar en un modelo de desarrollo local y no en este modelo de maquila. Entonces, es cuestionar desde ahí: ¿energía para qué y energía para quién?

“Más ductos, más complejos procesadores de gas: más centrales de generación de energía basadas en gas. Sólo seguimos poniendo dinero a extender nuestra dependencia… lo adecuado sería preguntarnos ¿cómo hacemos para generar alternativas con esa inversión? ¿Cómo le hacemos para reducir nuestra dependencia de manera inteligente y realista?”

Unos pocos beneficiados

A decir del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), “la inversión pública ha registrado una tendencia a la baja, con variaciones promediadas en -5.4 por ciento durante cerca de año y medio (2025). Para tratar de estimular la inversión pública y, con ello, el crecimiento, el Gobierno Federal ha impulsado diversos mecanismos que van desde la planeación estratégica hasta la creación de nuevos vehículos de financiamiento y ejecución, incluyendo esquemas de inversión mixta”.

Mientras cae la inversión pública en México en proyectos básicos, como la introducción de luz eléctrica, drenaje, apertura de carreteras y caminos en diversas comunidades y municipios del país, los anunciados parques industriales –con recursos “mixtos”– beneficiarán a los dueños de las empresas fabriles y comerciales.

Estas compañías son enormes consumidoras de energía porque sus operaciones son globales y requieren un muy amplio suministro de electricidad, gas natural, agua, conexiones de telecomunicación y eficientes vías de comunicación carretera, ferroviaria, aérea y marítima.

Operando ya, por instalarse o ampliarse en los parques industriales, hay magnos centros de distribución de Amazon, el gigante del comercio digital de EE. UU.; bodegas de distribución de la cadena Walmart y plantas de la corporación mundial PepsiCo, con central en Nueva York, que elabora frituras y refrescos, así como plantas de compañías como la californiana de juguetes Mattel.

Firmas de electrónica digital, como Intel Corporation, Cisco Systems, Arrow Electronics operan en el país donde, además de electricidad, necesitan suministro de minerales estratégicos y “tierras raras”. En el rubro automotriz destacan las ensambladoras Ford Motor Company y Stellantis México (Chrysler), que requieren enormes cantidades de electricidad y agua.

La Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) reportó que, hasta el pasado 19 de enero, en territorio mexicano había 477 parques industriales, donde operaban cuatro mil empresas; en estimaciones difundidas el 29 de enero de 2026, preveía que las instalaciones en los parques industriales crecerían 36.6 por ciento este año, con inversiones corporativas e inmobiliarias de cinco mil 831 millones de dólares (mdd).

La AMPIP subrayó la urgente necesidad de que se modernice y fortalezca el sistema eléctrico mexicano porque las manufactureras y otros negocios como los data centers (centros computarizados para el análisis masivo de datos) ocupan grandes cantidades de energía. El crecimiento de los parques industriales se ha concentrado recientemente en la zona centro de México, con la llegada de grandes corporaciones del comercio electrónico.

Otro de los beneficiarios directos de las reformas aprobadas por Morena es el empresario Carlos Slim, a quien se asignaron varios contratos por adjudicación directa al inicio de este año, los cuales ascienden a 125 mil mdd, de acuerdo con un análisis de Forbes. Ya durante el sexenio pasado logró contratos que sumaron más de 573 mil millones de dólares; según la misma fuente, los contratos fueron adjudicados a varias de las empresas de Grupo Carso, especialistas en áreas como la exploración y perforación de pozos petroleros, telecomunicaciones, además de diseño y construcción de trenes de pasajeros.

“Agua con aceite”: mezclar inversión pública y privada 

El plan de inversión en infraestructura gubernamental, prevé esquemas de inversión “mixta” entre gobierno e inversionistas privados, antes conocidos como “Asociación Público Privada” (APP), las cuales afrontaron problemas en el pasado por la incompatibilidad de criterios entre el interés social y el lucro mercantil.

En su análisis del 27 de marzo sobre el esquema proyectado de inversiones “mixtas”, especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) explicaron que se introducen dos modalidades: Contratación de Largo Plazo (a privados) e Inversión “Mixta” (gobierno-privados).

Sobre la Contratación a Largo Plazo explicaron que el sector privado asume el financiamiento, construcción y operación del proyecto, “recuperando su inversión mediante pagos periódicos… durante un plazo de entre cuatro y 40 años”.

En el caso de la Inversión “Mixta”, el gobierno se integra como socio de los privados; “ambas partes participan conjuntamente en el desarrollo y operación del proyecto, compartiendo riesgos, costos y beneficios en proporción a su participación”.

Gregorio Vidal, académico e investigador en el área de Economía Política de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó a buzos que “la obra pública no puede ser evaluada con un criterio absoluto de costo-beneficio, porque el Gobierno no hace obra pública para tener ganancias.

“La obra pública debe tener un criterio del impacto social y la sustentabilidad de la obra; es decir, que se generen los recursos suficientes para mantenerla en condiciones óptimas, que no sólo implica mantenimiento, sino que, si eventualmente hay que crecer, ese crecimiento provenga de los recursos de operación de esa obra; ¿cómo entra en ese esquema la participación privada?, eso es lo que hay que ver caso a caso; no se puede establecer de manera general”, señaló.

El hecho de que se utilice dinero de las pensiones laborales en proyectos público-privados de construcción de infraestructura para parques industriales, es posible gracias a los párrafos introducidos en la legislación durante el gobierno de AMLO.

Tomar recursos…de donde sea 

Las modificaciones hechas en 2019 y 2024 a la legislación que dio origen a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), originalmente expedida el 1º de julio de 1997, abrieron cancha al manejo bancario y las inversiones pensionarias en “infraestructura productiva”, sin mayores distingos de éstas.

Se supone que las “obras productivas” financiadas dejan como beneficio crecimiento económico para el país y generación de muchos empleos formales, aunque las plantas manufactureras y centros de distribución de comercio electrónico utilizan cada vez más robots e Inteligencia Artificial.

La neoliberalización de los recursos pensionarios de los trabajadores para usarlos en inversiones empezó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), con la ley del SAR expedida el 27 de marzo de 1992.

Se abrió la puerta al traspaso de dinero pensionario, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a las cuentas individuales controladas por bancos comerciales y agencias financieras de inversión.

Este esquema se consolidó en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), cuando se reformó nuevamente la legislación del SAR para crear las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), en manos de empresas bancarias y financieras. Junto con las cuentas Afore comerciales, se crearon las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), agencias financieras encargadas de invertir dinero del fondo de pensiones con la promesa de otorgar “rendimientos” o utilidades a los trabajadores.

Originalmente, las Siefores estaban autorizadas para invertir hasta un tope del seis por ciento del total del dinero contenido en el fondo general de pensiones; pero hacerlo únicamente en casos de “bajo riesgo”, es decir, con reducidas posibilidades de pérdida, por lo que compraban principalmente bonos de deuda del gobierno, como los Certificados de la Tesorería (Cetes), que dan intereses.

Con las reformas impulsadas por AMLO en 2019 y 2024, se modificó el esquema de las Siefores para que se pudiera invertir hasta 30 por ciento del monto total del fondo pensionario, incluida la alternativa de destinarlo a proyectos de “obras productivas”.

El 25 de octubre de 2024 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las modificaciones y adiciones al “Régimen de Inversión” de las Siefores; de tal forma que en el Artículo 43° de la Ley del SAR se añadió el desarrollo de infraestructura estratégica productiva como uno de los objetivos de las inversiones.

La utilización de dinero del fondo pensionario depende de factores como las edades de los trabajadores titulares de las cuentas; por ejemplo, los casos de proyectos de mayor plazo y riesgo de pérdidas de inversión corresponde a las cuentas de los más jóvenes, porque éstos solicitarán su dinero de pensión hasta que lleguen a la edad reglamentaria, 40 años o más.

Cuando se efectuaron las reformas de 2024 a la Ley del SAR, la Consar precisó que el uso del dinero pensionario se enfocaría principalmente a las cuentas “de las y los trabajadores más jóvenes; por ello, se incrementan los límites… al tiempo que se fomenta una mayor inversión en proyectos nacionales, como los de energía e infraestructura. Las Afores podrán invertir hasta un 30 por ciento de los activos”.

Las Siefores han realizado inversiones utilizando entre el ocho y el nueve por ciento del fondo pensionario; mientras la nueva ley de inversión en infraestructura difundida este año por el gobierno pretende que las agencias de inversión pensionaria incrementen su participación hasta un nivel más cercano al referido 30 por ciento, como tope autorizado desde 2024.

Gregorio Vidal, académico e investigador en Economía Política de la UAM, señaló a este semanario: “el régimen permite que las Afores inviertan en muchas cosas, toman riesgos; en sí mismo, no es algo que no se pueda técnicamente; no es algo que no tenga viabilidad económica, pero ahí va a depender de los términos de esa participación”.