La astucia política para “darle la vuelta” a la ley electoral y obtener ventajas se ha convertido en una norma no escrita.
Nacional
Gobierno de Oaxaca admite uso de vehículos asegurados y vinculados a procedimientos penales
De 60 a 22 se redujo la cifra de automóviles que se habían entregado a los Ayuntamientos bajo el esquema de depositaría.
"Muchos presidentes municipales nos piden vehículos, entonces yo le pido al fiscal que nos apoye", así fue como el gobernador de Oaxaca, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salomón Jara Cruz, justificó el uso de automóviles vinculados a procedimientos penales que permanecían bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que fueron entregados a funcionarios y autoridades municipales.
Durante su conferencia semanal, el gobernador morenista Jara Cruz excusó que, bajo la figura de depositaría, su administración distribuyó automóviles que llevaban años bajo resguardo de la FGE de Oaxaca, fueron reparados y puestos nuevamente en circulación por los Ayuntamientos.
Las declaraciones ocurrieron después de que el propietario de un vehículo robado lo localizó mediante GPS y descubrió que no permanecía en un corralón oficial, sino que era utilizado por un comisionado municipal de Mazatlán Villa de Flores. El caso exhibió públicamente un mecanismo que el propio gobernador reconoció no se limita a un solo municipio, sino que ha beneficiado a diversos Ayuntamientos con unidades aseguradas por la Fiscalía.
Aunque la figura de depositaría existe en la legislación mexicana, especialistas advierten que los bienes asegurados continúan sujetos a un procedimiento penal y permanecen bajo control del Ministerio Público o de la autoridad judicial; aclaran que dichos bienes no pasan a ser propiedad del Estado; por el contrario, deben ser devueltos a su legítimo dueño cuando desaparezcan las causas que motivaron el aseguramiento, por lo que el uso administrativo o discrecional de vehículos que aún forman parte de investigaciones puede generar cuestionamientos jurídicos sobre su legalidad.
Tras la polémica, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició investigaciones internas para revisar el procedimiento mediante el cual fueron entregadas en depositaría 60 unidades. Como parte de las medidas anunciadas, informó que esa cifra ya fue reducida a 22 vehículos y que el esquema será eliminado de manera gradual.
Por último, señaló que los automóviles recuperados serán devueltos a sus legítimos propietarios en un plazo máximo de 72 horas, una vez acreditada la propiedad, con el propósito de atender los cuestionamientos generados por el caso.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.