El pasado 25 de junio, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener la tasa de interés interbancaria a un día en 6.5 por ciento. Con ello puso fin, al menos por ahora, al ciclo de reducciones iniciado en febrero de 2025, cuando la tasa de interés se ubicaba en 11.25 por ciento. Esta decisión responde al paradigma dominante de la política macroeconómica, sintetizado en el Régimen de Metas de Inflación bajo el cual opera el Banco de México.

De acuerdo con este enfoque, la principal responsabilidad del banco central consiste en mantener la estabilidad de precios utilizando un solo instrumento, la tasa de interés. En términos sencillos, la lógica es la siguiente. Si la inflación aumenta, se elevan las tasas de interés para encarecer el crédito, moderar el consumo y la inversión, y reducir la presión sobre los precios. Si la economía se desacelera y la inflación permanece contenida, hay espacio para mantenerlas o reducirlas para abaratar el crédito y estimular la actividad económica.

La tarea del banco central consiste, entonces, en encontrar la tasa de interés “correcta”, aquella que permita mantener la inflación bajo control sin comprometer el crecimiento. Sin embargo, esa conciliación entre ambos objetivos es, en buena medida, ilusoria. El régimen de metas de inflación establece una jerarquía precisa entre inflación y crecimiento. Cuando la estabilidad de precios y el crecimiento entran en conflicto, el banco central debe privilegiar la primera. De ahí el sesgo contractivo que ha caracterizado a la política monetaria en las últimas décadas, expresado en la persistencia de tasas de interés elevadas aun a costa de sacrificar mayores niveles de inversión.

Esta forma de entender la política macroeconómica tiene un trasfondo político. Representa la consolidación de un modelo económico en el que el desarrollo y el crecimiento dejaron de ser una responsabilidad directa del Estado para asumirse como el resultado del funcionamiento “correcto” de los mercados. El control de la inflación desplazó a las políticas de industrialización, inversión pública y generación de empleo como prioridades de la política económica. Bajo esta lógica, el papel del Estado quedó reducido a preservar la estabilidad macroeconómica para que los mercados hicieran el resto. En este proceso, la austeridad y la disciplina fiscal se consolidaron como pilares complementarios del nuevo orden económico.

En este sentido, la austeridad y el régimen de metas de inflación no son políticas independientes, sino que forman parte de una misma concepción que limita el papel del Estado en la economía y confía al mercado la tarea de impulsar el crecimiento. Resulta llamativo, por tanto, que el Gobierno Federal cuestione selectiva y unilateralmente algunos de los llamados “axiomas del neoliberalismo”, como la idea de que los aumentos salariales provocan inevitablemente inflación o la conveniencia de mantener tasas de interés elevadas para controlar los precios a costa del crecimiento, al tiempo que reivindica la austeridad fiscal como un principio permanente de la política económica y mantiene la convicción de que una reducción de las tasas de interés estimulará la inversión y el crecimiento.

Así, la crítica no abandona por completo el ideario neoliberal; simplemente se limita a discutir cuál debe ser el nivel “correcto” de la tasa de interés, preservando la idea de que la tasa de interés sigue siendo la variable central para conducir la economía, en lugar de plantear una estrategia de desarrollo basada en la inversión pública, la política industrial y la transformación productiva, lo que necesariamente implicaría repensar la austeridad fiscal.

Por lo demás, la experiencia mexicana difícilmente justifica el entusiasmo generado por las recientes reducciones de la tasa de interés. La evidencia acumulada durante las últimas décadas muestra que las disminuciones en la tasa de referencia apenas se reflejan en el costo del crédito para empresas y hogares, y mucho menos en un aumento de la inversión. En cambio, fortalecen los márgenes de rentabilidad del sistema bancario, que accede a financiamiento más barato sin reducir en la misma proporción las tasas que cobra por sus préstamos. Aunque es una decisión sin duda importante, el problema de fondo no es si la tasa de interés debe ubicarse unos puntos por arriba o por debajo, sino seguir confiando en la política monetaria antiinflacionaria como el principal motor del crecimiento económico.