El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
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La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico. Sin embargo, estas escenas las hemos visto desde 2006: cae un capo y se anuncia el principio del fin. Pero la experiencia y la realidad nos han mostrado otra cosa. Después de cada detención de relumbrón, el negocio no desaparece, al contrario, se reorganiza. Cambian las cabezas, se fragmentan los grupos y la violencia se desplaza a nuevas “plazas”. Los capos ocupan las pantallas, pero la cadena sigue intacta. Y es precisamente ahí donde conviene mirar la estructura que hace posible este negocio.
El problema es que nos han acostumbrado a pensar en el narcotráfico como un hombre o un grupo armado y no como una estructura mucho más compleja. No es la simple suma de individuos criminales aislados, sino toda una cadena donde cada eslabón cumple una función específica. Está, por ejemplo, el eslabón armado, el más visible y sangriento; pero también el eslabón empresarial, que facilita contratos, logística, facturación o lavado de dinero; el eslabón político-estatal, es decir, funcionarios, policías, políticos y jueces que otorgan protección, información o impunidad; y el eslabón del sistema financiero, que convierte dinero ilícito en capital respetable. Es decir, el narcotráfico no es sólo violencia: es economía organizada.
Y cuando se observa históricamente el problema, se vuelve evidente que, en los últimos veinte años (desde la llamada “guerra contra el narco” de Calderón hasta hoy), la estrategia de “decapitar” organizaciones no desmanteló el negocio, sino que lo fragmentó. Cada captura relevante abrió disputas internas, multiplicó células y expandió la violencia hacia otros estados, ciudades y la incursión en nuevas modalidades criminales. Mientras esto ocurría, casos como la llamada “Operación Enjambre” en el Estado de México o el escándalo de “La Barredora” evidencian que el eslabón político no es excepcional ni exclusivo de un solo partido, es decir, no se trata de “algunos” policías corruptos, sino de alcaldes, gobernadores, altos funcionarios y estructuras completas bajo sospecha.
Y si ampliamos la mirada más allá de las fronteras, el panorama se vuelve aún más claro. Es sabido que EE. UU. es el mayor consumidor de drogas, pero rara vez se dimensiona la magnitud del problema. La National Survey on Drug Use and Health (2023) reporta que más de 70 millones de personas consumieron alguna droga ilícita en el último año. Esa demanda masiva de drogas sostiene un enorme flujo de dinero que alimenta constantemente a los cárteles mexicanos. En este sentido, estimaciones citadas por la Government Accountability Office señalan que más de 200 mil armas cruzan ilegalmente cada año desde EE. UU. hacia México, con precios que van de los 30 mil a los 50 mil pesos mexicanos por unidad, es decir, un negocio que estaría generando ganancias de entre seis mil y 10 mil millones de pesos anuales para los fabricantes de guerras.
Pero el dinero no puede circular eternamente en la sombra, necesita volverse legal. Es ahí donde aparece el eslabón financiero. Por mencionar sólo un caso conocido (considerando que es muy probable que existan otros que aún no conocemos ni conoceremos): en 2012, el banco internacional HSBC fue sancionado con una multa de mil 900 millones de dólares por permitir operaciones que facilitaron el lavado de dinero vinculado, entre otros casos, con cárteles mexicanos. Este antecedente nos muestra algo fundamental: el narcotráfico no depende únicamente de hombres armados, sino de canales financieros capaces de absorber y limpiar capital ilícito a gran escala, es decir, el verdadero corazón del narcotráfico late en circuitos bancarios que rara vez aparecen en los noticiarios.
Es aquí donde surge el dilema: ¿combatirlo una y otra vez, con distintas “estrategias”, o erradicarlo por completo? Combatirlo no significa únicamente capturar o “abatir” capos; implica también perseguir redes empresariales, desmantelar estructuras de protección política y golpear los circuitos financieros que lo sostienen, pero eso es justamente lo que rara vez se toca, pues implica incomodar a los eslabones de arriba. Erradicarlo, en cambio, es otra cosa muy diferente, pues el narcotráfico no es una anomalía ni un error del sistema, es una forma más de acumulación violenta del capital que convierte la intoxicación y la violencia en mercancías. Erradicarlo implica, pues, cambiar las reglas que lo hacen rentable. Y eso va mucho más allá de una estrategia de seguridad, eso implica un cambio de raíz de la estructura socioeconómica.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
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Escrito por Dante Montaño Brito
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM.