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El “Pacto Nacional” de 2008, la estrategia de “Blindaje electoral” de 2009 y el “Pacto por México” de 2012-2014 son sólo algunas de las iniciativas que se han instrumentalizado en este país con el objetivo de frenar la penetración del crimen organizado en las urnas, así como en la política, sin embargo, hasta 2026 no han tenido éxito.

Cabe recordar que, en 2008, Jorge Carlos Díaz Cuervo, entonces dirigente del Partido Socialdemócrata (antes Alternativa Socialdemócrata), promovió un “Pacto Nacional” para que los partidos se comprometieran a no postular candidatos vinculados con la delincuencia organizada; sin embargo, la iniciativa carecía de mecanismos de verificación efectivos.

En 2009, la Secretaría de Gobernación, entonces dirigida por Alejandro Poiré, impulsó la estrategia denominada “Blindaje electoral”, a través de la cual se proponían estrategias coordinadas entre el Gobierno Federal y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE); así como la Procuraduría General de la República (PGR) con el objetivo de frenar el financiamiento ilícito y la postulación de candidatos vinculados con actividades delictivas. No obstante, la medida no continuó.

A dichas iniciativas que fracasaron se suma la reforma de 2007-2008 que prohibió la compra de tiempo en radio y televisión, desplazando al dinero negro hacia redes clientelares y gastos no declarados; además del "Pacto por México" de 2012-2014 que creó el Instituto Nacional Electoral (INE) y un sistema de fiscalización en tiempo real que fue burlado en las elecciones de 2018-2021.

Al igual que las mesas de seguridad implementadas por el mismo instituto y la Secretaría de Gobernación entre 2021-2024, los cuales fueron incapaces de evitar que esos comicios se convirtieran en los más violentos de la historia reciente, con 39 aspirantes o candidatos asesinados y retiros masivos de planillas por amenazas del crimen organizado.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Congreso una nueva reforma electoral que tiene el objetivo de, entre otros aspectos, endurecer la fiscalización de las campañas al prohibir el uso de dinero en efectivo, recursos de origen extranjero y fondos de procedencia ilícita. No obstante, analistas han advertido que, sin una transformación profunda de las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera, estas medidas continuarán siendo inútiles ante un poder criminal que opera al margen de la ley.

Al respecto, David Saucedo, consultor en seguridad entrevistado por el medio El Universal, propuso adoptar la Ley de la Silla Vacía, vigente en Colombia, la cual impide que a un partido postular candidatos en una demarcación durante varios periodos si uno de sus aspirantes resulta vinculado al crimen, y sugiere transferir las áreas de seguridad pública municipal a los estados y la federación, debido a que las corporaciones locales son vulnerables al control del crimen organizado.