El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, enfrentará un procedimiento de juicio político luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobara iniciar el proceso por presuntos actos de peculado y triangulación de recursos públicos en beneficio de empresas vinculadas con su familia.

En la sesión extraordinaria realizada hoy, la Comisión avaló el inicio del procedimiento con seis votos a favor de diputados del PRI, PAN y una legisladora de Morena, mientras que Movimiento Ciudadano emitió el único voto en contra.

Con esta resolución, el expediente será turnado al Pleno del Congreso de Nuevo León y, de manera paralela, se notificará al mandatario estatal para que, en un plazo de 15 días hábiles, presente su defensa de forma presencial, por escrito o mediante un representante legal.

En el resolutivo aprobado, la Comisión Anticorrupción concluyó que la denuncia contiene hechos que podrían constituir un daño grave a los intereses públicos fundamentales.

Asimismo, determinó que las pruebas presentadas permiten presumir la posible existencia de las irregularidades denunciadas y la probable responsabilidad del gobernador, por lo que consideró procedente abrir el procedimiento de juicio político.

"Los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y, por lo tanto, amerita el inicio del procedimiento de juicio político", señala el documento aprobado por los legisladores.

La solicitud de juicio político fue promovida el pasado 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, acompañada de representantes del partido, quienes acusaron al gobernador de presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.

La denuncia sostiene que recursos del gobierno estatal habrían sido canalizados hacia despachos y empresas presuntamente relacionados con familiares directos del mandatario.

El procedimiento legislativo ocurre mientras Samuel García también es objeto de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con información publicada por El Financiero en abril, las indagatorias federales investigan un presunto esquema de triangulación de recursos públicos y lavado de dinero que habría movilizado más de mil millones de pesos.

Según esa investigación, el gobierno de Nuevo León habría utilizado diversos mecanismos financieros para canalizar recursos hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, cuyos principales accionistas son Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador, y Samuel Orlando García Villarreal, su medio hermano.

La aprobación del juicio político por parte de la Comisión Anticorrupción no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad del gobernador, sino el inicio formal del procedimiento previsto por la legislación local.

Será el Congreso de Nuevo León el encargado de dar seguimiento al caso una vez que Samuel García presente su respuesta y el expediente continúe su trámite legislativo.