El jueves 14 de mayo apareció en las redes sociales un documento que llevaba a la cabeza lo siguiente: “Comunicado oficial. El gobierno de Chimalhuacán informa”. Estaba escrito en papel membretado, es decir, en una de esas hojas que se encuentran sobre cualquier escritorio de oficina, no tenía fecha ni sello ni el nombre y la firma de ningún funcionario municipal autorizado. Nadie se había querido hacer responsable de su contenido. Pero, como bien se sabe, una publicación de esa naturaleza puede ser redactada por cualquiera, pero sólo una persona puede autorizar en definitiva su divulgación, en este caso, la presidenta del municipio, que es quien concentra las principales y más altas atribuciones del gobierno, por lo que, más allá de los juegos de manos, no cabe duda de que el escrito de referencia es de la autoría de la presidenta municipal, la señora Xóchitl Flores Jiménez.

El documento al que me refiero y que considero puede ser del interés de los lectores se refiere al secuestro del Maestro Antonio Zacarías Mendoza, presidente del Comité Seccional del Movimiento Antorchista en Chimalhuacán, por parte de un grupo de policías municipales armados que lo privaron violentamente de su libertad, según reza el “comunicado oficial” citado, “en cumplimiento irrestricto del Bando Municipal, artículos 213 y 214, que prohíbe la colocación de anuncios y materiales no autorizados en la vía pública”. Debe hacerse notar el descaro con el que una autoridad municipal se erige por sí y ante sí como ley suprema del país y asegura que el libre derecho a la manifestación y difusión de las ideas de los mexicanos están sujetas a su voluntad y que sólo se podrán hacer públicos anuncios y materiales por ella autorizados.

Esto no demuestra, como pretende Xóchitl Flores en su escrito, que “este gobierno se mantiene firme en su carácter democrático”. Nada de eso. Se coloca arbitraria y peligrosamente por encima de la Constitución pisoteando los Artículos Sexto y Séptimo que claramente disponen: “Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa” y “Artículo 7º. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”. Según la presidenta municipal, eso podrá ser en todo el país, pero en Chimalhuacán, no.

Hasta sale sobrando decir que la cabecera municipal de Chimalhuacán, como muchas otras localidades del país, está atestada de anuncios publicitarios de todo tipo, incluyendo por supuesto los nombres y las características presuntamente sobresalientes de quienes pretenden ocupar el puesto de presidente municipal en la próxima administración. Cualquier persona en su sano juicio se preguntaría: ¿todos éstos y otros muchos anunciantes en la vía pública han sido autorizados conforme a los artículos 213 y 214 del Bando Municipal de Chimalhuacán? Si se contestara afirmativamente a esta pregunta y fuera la verdad, habría que entregar un premio nacional a la oficina municipal de otorgamiento de permisos por su laboriosidad y eficacia ya que, sin duda, se trataría de la revisión y dictamen de miles de solicitudes de permiso para colocar “anuncios y materiales” en la vía pública.

Pero todavía no es todo lo que exhibe el escrito de Xóchitl Flores Jiménez. También dice: “Agregamos que la policía municipal recabó testimonios de varios jóvenes quienes informaron de manera anónima que fueron obligados y presionados a colocar dichos materiales bajo la amenaza de ser dados de baja de su institución educativa”. El atento lector debiera preguntarse: ¿no es una violación flagrante a los derechos fundamentales de los manifestantes que portaban unas mantas, perpetrada por la propia autoridad municipal, lanzarse a calumniarlos con base en los dichos de “la policía municipal” y de supuestos “jóvenes quienes informaron de manera anónima”?

¿Policía bien entrenada y efectiva? El escrito de Xóchitl Flores presume: “Este Gobierno de Transformación trabaja diariamente en las necesidades reales de la población… hemos logrado desarticular bandas dedicadas al narcomenudeo y capturar a generadores de violencia, reforzando la paz en nuestras calles”. ¿Sí? Sólo que, en una indiscreta nota fechada el pasado 24 de abril de este año, el periódico El Universal informaba que, con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio nacional de percepción ciudadana de la inseguridad era de 61.5 por ciento, pero que en Chimalhuacán esa percepción de inseguridad alcanzaba el 81.3 por ciento. Un logro trascendente de la “Cuarta Transformación” representada por Xóchitl Flores Jiménez. No deje usted de correr a depositar su voto en las próximas elecciones por alguno de los paniaguados de la señora, con suerte se llega al 100 por ciento.

Siguiendo el acedo guion establecido por Andrés Manuel López Obrador, Xóchitl Flores apuntala el supuesto éxito de su administración culpando a las administraciones anteriores. La maniobra ya está muy desgastada a nivel federal, estatal y municipal, ello no obstante, a falta de mayores argumentos para justificar la privación arbitraria de la libertad de ciudadanos, en el “comunicado oficial” y, ya que no se pudo acusar, sólo se deslizaron algunas insinuaciones sin probar nada; seguramente, la búsqueda de delincuentes les resultaría más benéfica aplicarla en serio a exigir castigo para algunas de las múltiples fechorías en las que están resultando involucrados por todo el país sus compañeros de la “Cuarta Transformación”.

Los habitantes de Chimalhuacán saben perfectamente que no hay absolutamente ningún empleado ni funcionario de las administraciones antorchistas que se encuentre procesado, mucho menos sancionado por ningún delito relacionado con el manejo de los recursos que por casi veinte años tuvieron bajo su responsabilidad. Ahora que la verdad, la áspera verdad sobre la honradez de los artífices de la “Cuarta Transformación” empieza a salir a flote, ¿pueden decir lo mismo los funcionarios de las administraciones morenistas?

Bueno, y a todo esto, ¿qué decían las mantas que enfurecieron a los funcionarios municipales que ordenaron la privación inmediata de la libertad de los que las andaban cargando? Decían: “Xóchitl, exigimos obras y servicios”, “Xóchitl, exigimos agua para Chimalhuacán” y “Xóchitl, exigimos seguridad”. Nada más. ¿Eran peticiones sin fundamento, puras “provocaciones”? ¿Hay obras para la ciudadanía? La respuesta contundente la encontramos en el propio “comunicado oficial” de Xóchitl Flores, en el que con toda seguridad debió haberse aprovechado la oportunidad para presumir lo más impactante de la obra pública.

Pero, como en el viejo cuento del parto de los montes, únicamente se escribió: “Se avanza firmemente en la perforación de los pozos Hojalateros y Vidrieros, así como en la construcción de los pozos Fundidores y La Palma”. Ojo: “se avanza firmemente” en la perforación y en la construcción… después de cinco años de gobierno, es bastante poca cosa, por no decir que un ultraje a los ciudadanos que no tienen agua desde hace ocho meses. En cuanto a la otra acción de impacto sobre la que se dice que “el departamento de Bacheo y el Tren de Repavimentación mantienen labores ininterrumpidas para mejorar la movilidad en el municipio”, pero decir que mantienen “labores ininterrumpidas para mejorar la movilidad”, equivale a no decir nada, resultados es lo que reclaman los ciudadanos, no rollos. Y, finalmente, en cuanto a la seguridad, la respuesta a sus inventos ya se las dio la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En fin, las elecciones se acercan, va en serio la decisión contra el nepotismo, el partido dice que aplicará filtros contra delincuentes y el prestigio de Morena está herido de muerte por las acciones de sus propias élites. Las huestes de Xóchitl Flores están desesperadas. Ésa puede ser la explicación de que crean que reprimir y aterrorizar a la población los va a salvar. Se equivocan.