Desde hace 33 años, 108 familias indígenas vienen luchando para que los gobiernos Federal y estatal otorguen certeza jurídica a las tierras que habitan, cultivan y denominaron Altamira La Providencia; ubicada a 350 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

En 1993, un grupo de pobladores de los Altos de Chiapas y el Soconusco llegaron a un área de la Reserva de la Biósfera, La Encrucijada, en busca de un espacio donde pudieran superar sus condiciones de pobreza, su falta de tierras de cultivo y vivienda.

Una vez que lo hallaron y se asentaron en el sitio más idóneo, iniciaron un proceso legal para regularizarlo. Pero poco después “cayeron en la incertidumbre” porque arribó a esa región un grupo de personas que había sido desalojado del predio La Patria, en el municipio de Tapachula.

Sin embargo, con el paso de los años, este grupo, al que el gobierno estatal había permitido quedarse en la región, abandonó el asentamiento porque sólo quería las tierras para revenderlas y no para sobrevivir en mejores condiciones.

Este nuevo incidente recrudeció la incertidumbre porque a pesar de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) les ha permitido quedarse en Altamira La Providencia y prometido la regularización, ésta no se ha concretado en tres décadas; es decir, se ha quedado en promesa. La comunidad es parte de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, cuya extensión abarca 145 mil hectáreas y comprende los municipios de Huixtla, Villa Comaltitlán, Mazatán, Acapetahua, Mapastepec y Pijijiapan, de la región Soconusco-Istmo Costa.

Además, también está pendiente el reconocimiento como perteneciente a la etnia indígena mame, pese a que la mayoría son hablantes del mam, una de las 12 lenguas prehispánicas de Chiapas. Ésta es otra deuda que se ha prolongado más tiempo del que se habían imaginado.

Las poco más de 300 personas que hoy viven en Altamira La Providencia –niños, jóvenes, adultos y ancianos– subsisten con el cultivo de maíz, pepinos, chiles habanero y poblano (a éste lo llaman “relleno”), ajonjolí, legumbres, cacao y frutas.

Para acceder a la comunidad Altamira La Providencia y a las entrañas del área natural protegida, buzos llegó primero a la cabecera municipal de Huixtla y desde ahí recorrió más de 20 kilómetros, de los que aproximadamente cinco son de terracería.

En un puente tubular amarillo hay un letrero que brinda los detalles básicos de la comunidad, entre ellos el número de habitantes con la clave del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): 197.

La esperanza no muere

Alfredo Rueda Vázquez, campesino, está parado sobre un puente de madera que lleva a los habitantes de sus hogares a las tierras cultivadas. Informa que todo lo que siembran es para autoconsumo y venta en los mercados de Huixtla y los municipios más cercanos.

En su memoria tiene “bien grabada la película” del proceso que han vivido para lograr la tan anhelada regularización.

Reveló, inicialmente, que las autoridades federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Tribunal Superior Agrario (TSA) procedieron mal porque no precisaron que eran víctimas de rezago agrario y colocaron credenciales que no pertenecían a Huixtla.

“Pero a final de cuentas hubo un compromiso con el gobierno… sufrimos un rezago agrario y eso pasó por poner credenciales que no eran de Huixtla; como somos campesinos, ignoramos esos detalles”, explicó Rueda Vázquez.

Después de este trámite, les otorgaron un finiquito agrario para 500 hectáreas y desde ese tiempo se han dedicado a sobrevivir en Altamira La Providencia, donde no sólo han crecido sus hijos y nietos, sino que pronto nacerán sus bisnietos, pues “el pueblo ya se ha multiplicado”.

Pero Alfredo dijo a buzos que él y sus vecinos tienen temor, porque las autoridades no han hecho un buen trabajo para brindarles la certeza jurídica necesaria y porque saben que el otro grupo se retiró del sitio cuando advirtió que no le regularizarían los terrenos en el corto plazo y no iban a poder comercializarlos.

A pesar de que aún no tiene un documento que avale su propiedad sobre el “pedazo” de tierra en su poder, el hombre de la tercera edad cree en una de las últimas promesas que les hizo la Secretaría de la Tenencia de la Tierra de Chiapas: “no moverlos de ahí”.

Logros y pendientes

En Altamira La Providencia, los pobladores han conseguido varios logros en materia de educación: cuentan con escuelas de nivel preescolar y primaria; también con energía eléctrica y el agua nunca les falta porque los hogares son abastecidos por pozos comunitarios.

Mientras saca agua con una cubeta de aluminio, un lazo y una polea, Miriam Rendón Vera, otra de las fundadoras del poblado, cuenta a este semanario que, para subsistir, su esposo se dedica a cultivar cacao y palma de aceite.

En la actualidad, su familia está conformada por seis personas, ya con hijas, nietos y yerno. Antes de llegar a esta región vivían en la cabecera municipal de Huixtla, pero su cónyuge dejó un empleo como chofer de transporte para dedicarse a la agricultura; con lo que obtienen cada 15 o 20 días, viven sin problemas.

María Solórzano Gómez, también fundadora de este pueblo y madre de 10 hijos, sabe cómo moverse en la milpa donde cultivan los vegetales que “llenan el estómago”; reveló que, aunque la tierra es fértil, sufren en las temporadas de sequía.

Para los cultivos utilizan el riego y obtienen los productos que ella ofrece a la venta casa por casa en rancherías y comunidades cercanas. “Lo más bonito de todo es que mi familia se ha quedado en Altamira La Providencia y se dedica a lo mismo: a cultivar el campo”.

Erasmo Trujillo Herrera, autoridad comunitaria, reportó que ahora los “altamiranos” buscan que los gobiernos estatal o Federal retomen las mesas de diálogo para que, por fin, las 500 hectáreas, en sus manos desde hace más de tres décadas, sean regularizadas y no sigan temiendo que algún día intenten desalojarlos.

Como la mayoría, don Erasmo también lleva parte de su cosecha a venderla en otros municipios; en su caso, no se queda en Huixtla, sino que llega hasta Tapachula.

En cuanto al rezago agrario, refiere que han hecho una serie de peticiones para que se resuelva y, a pesar de que la respuesta se ha demorado, espera que pronto el Gobierno Federal o el estatal les otorguen la regularización y un documento que avale la posesión legal de los terrenos.

Y como prueba de que no están abandonados, revela que reciben recursos de algunos programas sociales como el de la tercera edad, becas, las claves federales de sus instituciones educativas, una casa comunitaria y servicios como el de la red de energía eléctrica.

A pesar de que en 2023 fue la última vez que negociaron con autoridades sobre la regularización, espera que se reanuden las mesas de diálogo y los gobiernos cumplan con lo prometido: darles seguimiento a sus solicitudes.

Para esta autoridad comunitaria, otros obstáculos para alcanzar el triunfo en su lucha tienen nombre y apellido: son algunos “caciques” que figuran como supuestos dueños de las 500 hectáreas de la comunidad; ellos afirman no haber aceptado las ofertas de compra que el Gobierno Federal les hizo para “liberarlas”.

“No pedimos que nos regalen nada, sino que podamos pagar la tierra y participar dentro de los convenios”, explicó Erasmo a buzos, al informar que Altamira está asentada sobre tres predios: La Providencia, Las Bugambilias y El Jobo.

A unos metros, un joven se sumerge en el agua del arroyo El Cuil, apoyado en un chaleco con placas de metal y unos goggles para atrapar peces destinados a la cocina de su hogar.

Erasmo destaca que, gracias a ellos, la Reserva está más protegida, pues habitan animales en peligro de extinción, como el venado cola blanca, mapaches, tejones, armadillos, tapires, pelícanos y, entre otras especies, garzas blancas.

Junto a los cultivos de pepinos, melones y chiles, entrevistamos a Julio César Tovilla Solórzano quien, desde hace 15 años, dejó la colonia Francisco I. Madero, en el mismo municipio de Huixtla, para habitar en Altamira La Providencia.

Durante ese lapso, el campesino ha visto nacer y crecer a sus seis hijos, con quienes vive felizmente. Por ello suplica a la Federación que ya le legalicen las tierras para que, así, la tranquilidad sea total y puedan ser beneficiados con otros servicios básicos como el de salud, porque si alguien se enferma, debe viajar hasta la cabecera de Huixtla: a más de 20 kilómetros de camino.

Pueblo indígena ignorado

Pero la certeza de la tierra debe estar acompañada de otra cuestión importante: el reconocimiento de los pobladores de Altamira pertenecientes a un grupo indígena hablante de mam o mame, derivado de la lengua maya.

Santiago de los Santos Peralta, autoridad de Altamira La Providencia, recuerda que ya acudieron ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para solicitar que sean incluidos en el Catálogo Nacional de Comunidades y Pueblos Indígenas y lograr el respaldo gubernamental para preservar su cultura y tradiciones.

Subraya que con esta inclusión también recibirían beneficios de apoyos y programas, como ocurre con otros grupos indígenas de las múltiples regiones de Chiapas.

De acuerdo con información estadística del Inegi, la lengua mam es hablada por 11 mil 369 personas distribuidas en 28 municipios de las regiones Soconusco y Sierra de Chiapas, pero se focalizan más en Tapachula, Unión Juárez y Motozintla.

Una de las mayores preocupaciones sobre esta lengua –que cuenta con cinco variantes– deriva de su posible desaparición, pues cada vez hay menos personas que la hablan. Incluso, se han hecho algunos esfuerzos, tanto de las autoridades como de académicos y agrupaciones civiles para salvarla y que no muera; la única región donde aún se habla cotidianamente es en Pavenzul, zona fronteriza con Guatemala, de menos de dos mil habitantes, lo que significa que en caso de no realizarse nada para su rescate, acabará desapareciendo como otras tantas en el país.

Diego Toj, integrante del Consejo Regional Indígena Maya Mam del Soconusco, estima que esta lengua es un idioma porque posee su propia gramática, sintaxis, alfabeto, entre otros detalles.

Ante este panorama, Santiago de los Santos sólo espera que, luego de más de tres décadas, ahora sí tengan certidumbre sobre la posesión del suelo que habitan. “Eran terrenos abandonados y comenzamos a construir nuestras viviendas, pero el problema es la tenencia de los predios, por eso pedimos que nos apoyen, que ya se resuelva todo esto”, dijo a buzos.

Aunque todos los habitantes de Altamira La Providencia tienen un hogar, escuelas e iglesia, aún carecen de un centro de salud, de redes de agua potable y un camino asfaltado.