Los índices de feminicidio y violencia familiar se han reducido muy poco y los especialistas afirman que la Alerta contra la Violencia de Género (AVG), instalada en 2016 en siete municipios de Chiapas, no ha rendido los efectos esperados.

El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres cuantificó que entre 2016 y 2024 hubo mil 671 asesinatos, cuyas 421 víctimas fueron mujeres, lo que ha colocado a Chiapas entre las 10 entidades del país con más feminicidios.

Pero esta tendencia está aumentando en vez de disminuir. Según datos de la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 Más 1, en 2025 ocurrieron más de 30 feminicidios en Chiapas y que, de enero de 2026 a la fecha, suman ya otros 14.

Es decir, en menos de cinco meses se han suscitado casi 50 por ciento más feminicidios que el año pasado, cuando en el mismo lapso ocurrían 2.5 por mes y en lo que va de 2026 el promedio corresponde a 3.5 asesinatos.

El último en consumarse fue el de Beany Guadalupe Lozano García, quien cursaba el segundo semestre de la licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en Tapachula, y fue asesinada por su novio en el municipio Tuxtla Chico.

A pesar de que había superado muchas situaciones dolorosas –entre ellas la pérdida de su hermano en un accidente– la joven de 18 años se mostraba optimista y hacía amistades, contó su mamá Anahí García Alfaro en una entrevista con buzos.

La joven, originaria de la región del Soconusco, tenía muchos sueños, entre los cuales destacaba viajar a otras entidades del norte de la República Mexicana para disfrutar con sus amigas.

Sin embargo, el pasado seis de abril, su novio José Manuel “N”, también de 18 años, llegó a su casa y ya no se supo más de ella. Entonces comenzó el viacrucis de sus seres queridos.

Anahí cuenta que preguntó por Beany a sus compañeros de escuela, incluso al papá y al abuelo de José Manuel; pero que éstos se comportaron de una forma tan sospechosa que la llevaron a sentir y pensar que algo “andaba mal”.

Ya deprimida por la muerte imprevista de su hijo y la cerrazón de los parientes de su entonces yerno, Anahí debió toparse luego con la negligencia de algunos servidores de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado.

Después de una búsqueda intensiva, Beany apareció mal herida con un impacto de bala en la cabeza dentro de una camioneta estacionada sobre un camino en el municipio de Suchiate.

Inicialmente corrió la versión de que algunos sicarios en motocicletas habían disparado contra el vehículo donde viajaban Beany y José Manuel; pero como éste no se hallaba en el automóvil, todo le resultó extraño.

Más tarde, las pruebas demostraron contundentemente que José Manuel le disparó a su hija en la parte izquierda de la cabeza; luego hizo más detonaciones contra el parabrisas del vehículo para simular que se trataba de un ataque armado y escapó, dejando a Beany abandonada.

Anahí supone que el asesinato fue planeado de antemano y que el presunto feminicida huyó con el apoyo de las mismas autoridades, que quizás fueron “compradas” por él y su familia.

“Por desgracia se enamoró de la persona equivocada, creyó en la persona equivocada y por eso busco a esa persona, porque no entiendo por qué hizo esto”, lamentó.

Beany sobrevivió al ataque, pero se mantuvo en terapia intensiva durante 11 días, lapso en el que primero estuvo en un hospital público y luego en una clínica privada, donde falleció el 17 de abril.

Anahí ha enfrentado situaciones muy sospechosas: la negación del material audiovisual de las cámaras de vigilancia que debieron captar la salida de su hija del fraccionamiento donde vivía, y los videos de las cámaras C5, que podrían brindar mayor información de lo sucedido en el camino.

A pesar de esto, no ha dejado de exigir justicia con marchas, entrevistas y otras acciones, entre ellas esperar al gobernador de Chiapas al término de un acto protocolario en Tapachula para demandar su respaldo.

Entrevistada por buzos, Anahí advirtió que no dejará de luchar, pues “ya no tengo nada qué perder”. Además, quiere aclarar la versión en torno a un posible ataque de sicarios y denunciar que fue José Manuel quien asesinó a Beany.

Expresó su confianza en que la carpeta de investigación se traslade a manos de la Fiscalía en Feminicidios y añadió: “mi hija tenía el disparo de izquierda a derecha, y los disparos en la camioneta provienen de adentro hacia afuera. Las cámaras del C5 revelan que sólo él se metió en ese camino, jamás lo siguió una moto; es mentira, existen testigos, por eso recalco mucho que las autoridades tuvieron todo, pero no hicieron nada por atraparlo, ni alertas, nada”.

La AVG no es “eficaz” 

Para algunas expertas, la AVG no opera con eficiencia, pero no por carencia de alcances de personal o técnicas suficientes, sino porque las autoridades no la aplican como deberían hacerlo.

Martha Figueroa Mier, del Colectivo de Mujeres (Colem) e impulsora de la AVG en Chiapas, explica que, a pesar de que la alerta tiene muchas ventajas, su principal traba para operar al 100 por ciento se encuentra en la FGJ del estado, donde se activa con retraso el Plan General de Acción.

Entre las irregularidades operativas que impiden el buen funcionamiento de la AVG citó el presupuesto difundido por el fiscal general Raciel López Salazar, mientras que la responsabilidad de sancionar y frenar la violencia queda en las mismas mujeres.

Criticó, además, el enorme gasto en campañas publicitarias para prevenir la violencia hacia las mujeres –entre ellas la entrega de miles de “relojes de emergencia”– y el silencio que el gobierno mantiene frente a tales cuestionamientos: 

“¿Qué medidas de protección o de prevención se ofrecen? ¡Nadie lo hace!; y no hay presupuesto para eso”.

Figueroa Mier sostiene que la escasa importancia que las autoridades otorgan a las víctimas de violencia de género se refleja en las reducidas condiciones de un edificio que alberga una comandancia de la Policía de Investigación y también al Centro de Justicia para Mujeres y las fiscalías de la Mujer y del Feminicidio.

Para Pilar Zenteno Maza, presidenta estatal de la Colectiva 50+1 Juvenil, los resultados de la AVG son nulos y la situación para las mujeres en Chiapas ha empeorado en lugar de mejorar. Convencida de que la AVG no funciona porque no se efectúan las acciones esperadas, advierte con contundencia: “¡Nos siguen matando!”

Agrega que marzo de 2026 ha sido hasta ahora el mes más mortífero para las mujeres chiapanecas, con seis feminicidios y afirma que no hay avances ni en los siete municipios donde ya “opera” la AVG, como tampoco en los 17 de la región indígena de los Altos, previstos para fecha próxima.

La región del Soconusco, pero en particular Tuxtla Chico –donde fue asesinada Beany– se convirtió en una “zona roja” por la violencia contra las mujeres; Tuxtla Gutiérrez no se queda atrás, a pesar de que se encuentra entre los municipios con alerta, debido a que acumula muchos delitos.

Por ello, Martha Figueroa Mier insiste en denunciar que las autoridades prefieren gastar el presupuesto en publicidad o actos de simulación, como ha ocurrido en los gobiernos de Manuel Velasco Coello y Rutilio Escandón.

Como muestra recordó que, en lo que va del actual gobierno, sólo al principio del año pasado se efectuó una asamblea de violencia de género. “La AVG seguirá funcionado, con presupuesto o no, hasta que ya no haya mujeres asesinadas en Chiapas, o aunque el mismo fiscal diga que no fue feminicidio, sino suicidio u otro delito”.

En pocas palabras, los gobiernos se echan la bolita de la AVG; “no la quieren porque tiene un marco jurídico basado en un litigio colectivo e individual con el que hemos demostrado que sí existe el feminicidio, que es un problema grave de violencia estructural”.

Con base en información del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), en el primer trimestre de este año se han registrado nacionalmente tres mil 996 homicidios dolosos, de los cuales 83 ocurrieron en la entidad chiapaneca, es decir, cinco menos en comparación con el mismo periodo de 2025.

Después de enumerar que las cifras actuales colocan a Chiapas en el lugar 17 de este tipo de delitos del fuero común, detalla que en 47 de ellos se ejecutaron con armas de fuego, 16 con armas blancas –cuchillo, navaja, machete, entre otras–, y en el resto con otras herramientas. El año pasado, en Chiapas ocurrieron 324 homicidios dolosos.

Violencia tras violencia

Nora Margarita Zenteno Juárez ha buscado justicia para su hija Paulina Gómez Zenteno desde 2019, cuando fue hallada muerta en la azotea del departamento que habitaba en Tuxtla Gutiérrez, donde fue asesinada por su pareja, de nombre Rafael.

Aunque su exyerno fue asesinado en 2023 en Tijuana, Baja California, narró que para ella esa muerte no fue por “justicia divina”, sino un castigo casual, a diferencia de la sospechosa liberación que le brindó la Fiscalía después de “maquillar” al feminicidio como suicidio.

Pero lo peor sobrevino cuando ella misma fue víctima de violencia física, psicológica y económica por su esposo, Romeo “N”, quien la golpeó en 2020; y pese a que se abrió una carpeta de investigación, el litigio está todavía en etapa intermedia.

“De qué sirve que levantes una carpeta si no hacen nada, a pesar de que mataron a mi hija, que me golpearon… y ahora el Juez de Control dice que habría otra audiencia; pero, insisto: ninguna carpeta prospera. Qué difícil es que haya justicia en este país”, denunció, sobre todo para insistir en que el delito del que fue víctima Paulina sea reclasificado.

Ante este panorama, Adriana Gómez, fundadora de la agrupación Madres en Resistencia de Chiapas y mamá de la joven judoka Jade Guadalupe Yuing Gómez, víctima de feminicidio el 14 de enero de 2020, en el Instituto del Deporte (Indeporte), coincide en que la violencia contra la mujer es sistemática y que, por tal motivo, el actual gobernador debe enfocarse en este problema “porque nos afecta a todas”.

Sostiene que las chiapanecas se han convertido “en las muertas de Juárez” y lamenta que la AVG no surta efecto porque nada más la utilizan como fachada. “Somos un cero a la izquierda, ¿dónde están las de (instancias de) género? Nunca nos han llamado como víctimas, porque nos interesa que nuestros casos avancen, pero no les importa”.

Para Adriana, hay muchas cosas qué cambiar, empezando por las fiscalías donde “para que te crean que sufres violencia, debes llegar bien golpeada. Yo también viví eso con mi exesposo que me maltrataba”.