Cuando se habla de seguridad social se plantea como problema de primer orden la falta de afiliación de muchos trabajadores, dando por sentado que si todos fueran formales el sistema de salud funcionaría mejor.

Como la seguridad social en México está vinculada al empleo, los ingresos de las personas que se encuentran en edad de trabajar son un indicador importante para conocer quiénes podrían tener seguridad social. Muchas de las personas en edad de trabajar viven en pobreza laboral (33.9 por ciento en el ámbito urbano y 51.06 por ciento en el ámbito rural, Coneval, 2022), es decir, ganan entre uno y dos salarios mínimos (ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria).

Ahora veamos quiénes son sus patrones. La mayoría de los trabajos en 2018 (52 por ciento) (Inegi, 2019) fueron creados por micro y pequeñas empresas donde la inversión es muy pequeña, así como la intensidad y productividad del trabajo. De acuerdo con el Censo Económico 2019 del Inegi, en 2019 las MiPymes de manufactura a nivel nacional generaban el 41.9 por ciento del empleo, pero su producción bruta total era de 21.8 por ciento. Mientras que las grandes empresas en la manufactura generan el 58.1 por ciento del empleo y su producción bruta total es de 78.2 por ciento. Este pequeño ejemplo da luz sobre cómo la creación de riqueza por MiPymes es menor, a pesar de eso, precisamente las grandes empresas se benefician de la regulación, les regalan terrenos, les construyen infraestructura, les perdonan el predial, etc. Dos ejemplos: En 2023, Tesla solicitaba a Nuevo León la construcción de infraestructura hidráulica, eléctrica y vial para una fábrica que nunca llegó. En 2012, Audi fue agasajada en Puebla con 400 hectáreas de terreno, infraestructura vial y eléctrica, además de acompañamiento del gobierno a la fábrica durante todo el proyecto.

Algunos expertos opinan que es necesaria una estricta aplicación de la ley para asegurar el registro ante el IMSS, pero este registro a rajatabla pondría en riesgo la creación de empleos, pues estas empresas que crean la mayoría de los empleos necesitan más recursos, tanto humanos como dinerarios, para hacer esta regularización. Por lo tanto, el gobierno se ve obligado a tolerar la informalidad para cubrir la necesidad de empleo que existe. No por nada la informalidad se cierne sobre el 55.8 por ciento de los trabajadores a nivel nacional (Inegi, 2022). El Estado tampoco facilita la concentración de riqueza para las micro y pequeñas empresas. La extracción constante de riqueza se realiza a través del cobro de impuestos (IVA, ISR, IEPS), derechos (permisos) y tolerando créditos inaccesibles, especulación inmobiliaria, entre otros.

Finalmente, con diversas críticas, los “expertos” desvían la atención de los verdaderos problemas que aquejan a nuestro sistema tributario. Es una queja constante que las tasas marginales de impuestos son altas, de 35 por ciento para personas físicas, pero no se menciona que en la mayoría de los países de la OCDE esta tasa marginal para ingresos en general es superior al 45 por ciento. Menos se menciona que México tiene una tasa específica para los ingresos por acciones de 10 por ciento, y muchos de los países mencionados aplican la tasa de personas físicas. Inclusive se olvida decir que el salario mínimo paga impuestos, cuando en otros países está exento (eso y un poco más) y tal medida es recomendada por expertos para disminuir la desigualdad.

Así pues, un aumento de impuestos a las grandes fortunas, no a los informales, aparejado de un aumento creíble en el gasto social en general y salud en particular, son iniciativas que mejorarían la distribución de la riqueza, tanto por el ahorro de recursos por fiscalización o trámites, como por la disminución de gastos de bolsillo en salud. Lamentablemente, esto no es una prioridad para el gobierno, y menos en los últimos años, donde se ha recortado de todos lados para gastar en los megaproyectos de Morena, que insiste en no aumentar la carga fiscal de las grandes empresas y seguir dando facilidades sin ton ni son (reducción del IEPS a gasolina, reducción de ISR e IVA en municipios fronterizos, por mencionar algunos). La consecuencia de este actuar es la baja recaudación y un bajo presupuesto asignado a seguridad social, con el consecuente desabasto de medicinas y presión a la infraestructura existente.