Casi 15 millones de personas de 15 a 29 años enfrentan barreras para estudiar o acceder a un trabajo digno.
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Durante años se nos habló del acceso a la universidad pública como si el principal problema de los jóvenes fuera únicamente pasar un examen de admisión. Pero para miles de estudiantes de origen popular, el problema comienza inmediatamente después. Conseguir un lugar en una universidad no resuelve automáticamente dónde dormir, cómo pagar una renta o cuánto tiempo tomará atravesar una ciudad cada vez más cara y desigual. Mientras las universidades siguen concentradas en las grandes ciudades, vivir cerca de ellas se ha convertido en un lujo inaccesible para la inmensa mayoría de los hijos de obreros, campesinos y empleados. La llamada “educación gratuita” choca así con una realidad mucho más concreta, la de que estudiar también depende de quién puede pagar el costo de vivir en las ciudades.
Durante los últimos años, las grandes ciudades del país se han convertido en enormes negocios inmobiliarios donde lo importante ya no es garantizar vivienda, sino multiplicar ganancias de unos cuántos. Las rentas suben, los cuartos se reducen y colonias cercanas a las universidades se vuelven cada vez más inaccesibles para miles de jóvenes que sobreviven con empleos precarios, becas insuficientes o ingresos familiares que apenas alcanzan para lo mínimo. El resultado es que miles de estudiantes deben vivir en zonas cada vez más alejadas de sus escuelas, e invierten hasta cuatro o cinco horas diarias en transporte público o compartiendo espacios hacinados para reducir gastos. La ciudad, que en teoría concentra oportunidades educativas, funciona también como un mecanismo de exclusión para los sectores populares.
Lo más grave es que tal exclusión suele presentarse como un problema “individual”, como si el abandonar la universidad derivara de la falta de esfuerzo personal y no de condiciones materiales profundamente desiguales. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa: mientras los hijos de familias con mayores ingresos pueden concentrarse únicamente en estudiar, miles de jóvenes de origen obrero y campesino deben pelear diariamente por algo tan básico como un lugar donde dormir para seguir estudiando. La desigualdad educativa, entonces, no se explica solamente por el acceso a las aulas, sino también por las diferencias de clase que determinan quién puede sostenerse dentro de ellas y quién abandona definitivamente sus estudios por pobreza.
Ante esta realidad, las casas del estudiante han sobrevivido como una de las pocas alternativas construidas desde la organización colectiva de los propios jóvenes. Aunque durante etapas como el cardenismo existieron internados y algunos apoyos institucionales para estudiantes de origen popular, en México nunca se sostuvo una política amplia y a largo plazo de vivienda estudiantil. Por eso, muchas de las casas del estudiante que todavía existen en distintas partes del país han logrado mantenerse más por la organización y resistencia de generaciones enteras de estudiantes que por el respaldo permanente de los gobiernos. Y ahí radica su importancia política. Las casas del estudiante no sólo ayudan a resolver el problema de vivienda; también muestran que, cuando el Estado abandona a los jóvenes pobres, la organización colectiva permanece como herramienta para resistir.
Por eso, el reciente aniversario de las casas del estudiante impulsadas y defendidas por la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, celebrado en la Ciudad de Puebla, no representa solamente una conmemoración estudiantil más. En medio de una crisis de vivienda que expulsa diariamente a miles de jóvenes pobres de las grandes ciudades y, con ello, de las universidades, mantener estos espacios vivos constituye un acto de resistencia política significativa; porque cada casa del estudiante que aún funciona contradice la lógica de un sistema cuya esencia es convertir derechos en privilegios. Ahora, cuando todo parece reducirse al dinero y al mercado, el hecho de que jóvenes hijos de obreros, campesinos y trabajadores sigan organizándose para defender el derecho a estudiar, demuestra que el problema de la vivienda estudiantil nunca ha sido solamente un asunto de rentas caras o dormitorios hacinados, sino una expresión más de la lucha de clases.
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Escrito por Dante Montaño Brito
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM.