Mientras el Estado reporta apoyos y presupuestos, comunidades tarámaris sobreviven entre comedores vacíos y viviendas colapsadas frente a una política social que no llega al territorio.

En la comunidad tarámari de Los Mimbres, en la sierra del municipio de Choix, el hambre no es una estadística ni un indicador de política pública: es parte de la realidad cotidiana que se vive en silencio. Aquí, donde los programas sociales prometen garantizar derechos básicos como la alimentación, un comedor comunitario permanece cerrado por falta de insumos, mientras niñas y niños dependen de lo poco que sus familias logran conseguir para comer.

A unos metros de ese comedor, Loreta levanta la mirada hacia el techo de su casa: está cuarteado; la varilla oxidada se asoma entre el concreto que se desmorona lentamente y cae en pequeños fragmentos sobre el suelo del único cuarto de material que logró construir. No ha comenzado la temporada de lluvias, pero ella ya piensa en lo que vendrá.

“Ocupo ayuda para echar un colado… cuando llueve no hay dónde meterse, nos toca taparnos con plásticos, con lo que haya”, lamenta.

Su casa está conformada por tres espacios interconectados: dos habitaciones están hechas de paredes de adobe, uno tiene techo de palma, otro de lámina que consiguió gracias al apoyo del Colectivo Tarámari Sinaloense, y un solo cuarto de material; éste, el único que podría ofrecer protección contra la lluvia, es ahora el más vulnerable; se cae sobre su cabeza y ha dejado de ser un espacio habitable.

La historia de Loreta no es la única. Es el resumen de una realidad que atraviesa a las comunidades tarámaris en el norte de Sinaloa, donde la precariedad no es circunstancial, sino estructural.

Un pueblo que vive en silencio

Los tarámari –como se les nombra en Sinaloa– viven en pequeñas comunidades dispersas en la Sierra Madre Occidental. Llegaron hace décadas, caminando entre cañadas, cerros y veredas, buscando un lugar para asentarse. Desde entonces han vivido en una especie de “invisibilidad persistente” porque no cuentan con una identificación oficial, incluso desconocen su fecha de nacimiento en muchos casos; para el gobierno se vuelven prácticamente inexistentes.

Hablan rarámuri, sobreviven con lo que la tierra ofrece y conservan una vida marcada por el aislamiento. Muchas de sus viviendas son de adobe, con techos de palma o plástico. Algunas, como la de Loreta, tienen una losa de concreto que, con el tiempo, comienza a deteriorarse sin posibilidad de reparación.

Son comunidades pequeñas, de 20, 30 o 50 personas, alejadas de los centros urbanos y con acceso limitado a servicios básicos. No existen cifras precisas sobre su población. Ni siquiera pertenecen, en muchos casos, a algún padrón oficial.

Según Elisa Viviana Antillón-Rodríguez, en su investigación La Comunidad tarahumara de Cuitaboca, Sinaloa: un acercamiento lingüístico antropológico, en la entidad podrían existir dos mil 605 personas de origen tarahumara; pero que se identifican como tarámaris.

“No tienen credencial de elector, por eso no existen para nadie”, reveló la activista y defensora de derechos humanos, Hortensia López Gaxiola, integrante del Colectivo Tarámari Sinaloense.

Esa falta de registro institucional no es menor; prácticamente significa la exclusión de programas sociales, de políticas públicas y de cualquier mecanismo formal de atención. En el caso de Loreta, logró obtener su credencial y acceder al programa Pensión Bienestar 60 y más del Gobierno Federal con ayuda del colectivo; sin embargo, este apoyo, aunque representa un alivio, resulta insuficiente ante las carencias que se viven en estas zonas serranas y de difícil acceso.

El comedor que no alimenta

En medio de ese aislamiento, el comedor comunitario de Los Mimbres permanece como una contradicción: el espacio existe, tiene estufa, utensilios y tanque de gas. Está registrado en los programas de alimentación escolar del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Estatal, pero no funciona, no hay alimentos qué cocinar.

Desde noviembre de 2025, cuando llegaron dos cajas de despensa, no ha habido más suministros. Aquellas dos cajas debían alimentar a 24 niñas, niños y adolescentes al menos: dos cajas para sostener a una comunidad entera.

“Si funcionara, muchos padres podrían verse beneficiados; habría comida para todos, pero como no hay; tienen que salir a trabajar a los campos”, explica una docente comunitaria.

En Los Mimbres se come lo que hay, si es que hay; en ocasiones sólo hay tortillas con sal, frijol o muni, como le llaman en su lengua, pitaya en temporada; a veces, sacrifican a sus animales para alimentarse.

“No hay garantía de comida, no hay continuidad ni condiciones mínimas de seguridad alimentaria”, advierte la profesora, quien busca activar este espacio.

Infancias marcadas por la necesidad

Axel tiene 11 años; sabe cortar chahuilas –como le llaman los tarámari a las pitayas– con un gancho. Durante meses, ésta ha sido su actividad principal junto a su familia: las recolectan para venderlas en la cabecera municipal. No es un juego, es una necesidad que los obliga a hacerlo.

La falta de alimento condiciona la vida de niñas y niños; la escuela pasa a segundo término cuando la prioridad consiste en comer, reporta la docente, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

“Los niños se van de la primaria por temporadas; tienen que trabajar y eso complica todo, porque cuando regresan, si es que regresan al aula, es empezar desde cero; se les olvida lo que han ido aprendiendo”, informó.

Las niñas, por su parte, enfrentan un riesgo adicional: al abandonar la escuela, ello implica, en muchos casos, integrarse a dinámicas que limitan permanentemente su desarrollo, como el trabajo agrícola o las uniones tempranas.

“–Veo muchas niñas embarazadas, maestra. ¿Eso es normal?”

“Eso es normal porque se van al campo y allá se casan con algún jornalero, casi siempre adultos, y regresan casadas y embarazadas, desgraciadamente”, responde.

El comedor comunitario, en este contexto, representa mucho más que un programa institucional, es la posibilidad de permanencia escolar, de salud y de futuro. Su ausencia tiene consecuencias profundas en la comunidad y en sus habitantes.

Hambre documentada, abandono persistente

Los sucesos en Los Mimbres no son un hecho aislado ni el único caso documentado: pertenece a una problemática que ha sido señalada desde hace años por actores políticos, periodistas y organizaciones civiles; pero ninguna de ellas se ha traducido en cambios estructurales para la vida de las comunidades indígenas en la sierra de Sinaloa.

El 24 de agosto de 2021, la periodista América Armenta documentó para el diario Noroeste un posicionamiento de la entonces diputada de Morena y líder parlamentaria Graciela Domínguez Nava, quien denunció que los pueblos tarámaris “padecen hambre y están en el olvido de los gobiernos”. La declaración no sólo evidenciaba una situación de precariedad alimentaria, sino que apuntaba directamente a la opacidad en el uso de recursos públicos destinados a atender a estas comunidades.

En ese momento, la legisladora cuestionó el destino de al menos seis millones de pesos etiquetados para rubros fundamentales como alimentación, salud y educación, señalando que estos recursos no se reflejan en mejoras tangibles del territorio. De acuerdo con su posicionamiento, entre 2019 y 2021 se asignaron partidas específicas para la atención de población indígena sin claridad sobre su aplicación efectiva ni sobre los resultados obtenidos.

“No sólo padecen hambre, están desnutridos, con anemia y problemas de salud, los tarámaris permanecen olvidados”, demandó en ese entonces.

A más de cuatro años de esa denuncia, el panorama en comunidades como Los Mimbres parece confirmar la continuidad de tal abandono. La existencia de programas, presupuestos y registros oficiales contrasta con una realidad donde el acceso a la alimentación resulta todavía incierto y donde la presencia institucional sigue intermitente o, en muchos casos, inexistente.

“Me da coraje, porque de veras luchamos para que se aprobara ese recurso y desde entonces ya pasó tiempo y no vemos mejoras. Es cansado tener que ser nosotros quienes resolvamos. ¿Dónde quedaron esos dineros?”, denuncia Hortensia López Gaxiola.

El Estado que no alcanza a ver

La inoperancia del comedor comunitario de Los Mimbres ilustra con claridad los límites de las políticas públicas cuando no logran concretarse en el territorio. A pesar de que el espacio está registrado en los programas oficiales de alimentación del DIF Estatal –incluso fue dado de alta recientemente como un espacio de nuevo ingreso–, la inactividad no había sido detectada por las autoridades responsables.

La diputada Briseida Valenzuela Buitimea, presidenta de la Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado, reconoció no tener conocimiento del caso y aclaró que no había recibido ninguna queja formal al respecto.

“A mí no me han hecho llegar ninguna solicitud, ninguna queja. Cuando me hacen llegar alguna gestión, claro que sí la canalizamos. Como le digo, no me ha llegado ninguna queja”, aseveró.

Su respuesta evidencia una lógica institucional que condiciona la intervención del Estado a la existencia de solicitudes o denuncias formales, sin considerar las barreras estructurales que enfrentan comunidades como Los Mimbres para acceder a esos mecanismos.

El aislamiento geográfico, las condiciones de seguridad, las barreras lingüísticas y la falta de acompañamiento institucional conforman un escenario donde los problemas difícilmente logran llegar a los canales formales de atención. En ese contexto, la ausencia de reportes no implica la inexistencia del problema, sino la incapacidad del sistema para identificarlo y atenderlo oportunamente.

Así, el Estado no está completamente ausente, pero sí profundamente distante: el comedor aparece en registros, en programas y en informes, pero no logra materializarse en soluciones concretas para quienes habitan estas comunidades.

Violencia, pobreza y abandono estructural

El contexto donde se insertan estas dinámicas resulta complejo. En los últimos años, la violencia en distintas regiones de Sinaloa ha impactado directamente a las comunidades serranas, provocando desplazamientos, limitando la movilidad y debilitando más la presencia institucional.

De acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de transparencia, al menos 29 comedores comunitarios y educativos ya no operan en el estado, en muchos casos debido a condiciones de inseguridad o al desplazamiento de las poblaciones que atendían. Sin embargo, reducir la problemática únicamente a la violencia implicaría simplificar el fenómeno que también responde a fallas estructurales en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas.

Existen comedores que, como el de Los Mimbres, cuentan con infraestructura, pero carecen de insumos; otros que fueron construidos, pero nunca operaron; y algunos más que ya no funcionan por falta de organización comunitaria o de acompañamiento institucional. En todos los casos, el resultado es el mismo: la interrupción de un servicio que, en contextos de alta vulnerabilidad, representa una fuente esencial de alimentación.

Resistir en condiciones adversas

Frente a este escenario, las comunidades tarámaris han desarrollado estrategias de supervivencia que les permiten sostener su vida cotidiana en condiciones adversas. Su relación con el entorno, la capacidad de adaptación y la organización comunitaria han sido fundamentales para resistir el abandono.

Comen lo que encuentran o lo que logran producir; duermen en catres y se abastecen de agua de ríos o pozos cercanos. Los niños crecen entre cerros, animales y caminos de tierra, aprendiendo, desde temprana edad, las dinámicas que les permitirán subsistir.

Sin embargo, esa capacidad de resistencia no puede ni debe interpretarse como una condición suficiente. Sobrevivir en contextos de precariedad no equivale a vivir con dignidad, ni exime al Estado de su responsabilidad para garantizar derechos básicos como la alimentación, vivienda y el acceso a servicios.

Mientras tanto, en Los Mimbres, Loreta observa su techo cuarteado con la desafortunada certeza de que la temporada de lluvias empeorará las condiciones de su vivienda. Sabe que el agua se filtrará, que el espacio que debería protegerla se convertirá en un riesgo y que, como cada año, deberá improvisar soluciones con los recursos que tenga a su alcance.

A pocos metros de su casa, el comedor comunitario permanece cerrado, como un recordatorio constante de una política pública que no logra concretarse en la vida cotidiana. “Solamente quisiera saber si me pueden ayudar… no sé a quién decirle”, reclamó.

Su cuestionamiento no es únicamente una solicitud individual, sino la expresión de una necesidad colectiva que, pese a haber sido documentada, denunciada y reconocida en distintos momentos, no encuentra una respuesta efectiva.

La simulación como política

En este contexto, el problema no radica exclusivamente en la ausencia de programas, sino en la distancia entre su diseño y su implementación. La existencia de infraestructura, presupuestos y padrones no garantiza, por sí misma, el acceso a derechos, especialmente cuando no existe un seguimiento efectivo ni mecanismos que aseguren su operación específica.

En Los Mimbres, como en otras comunidades indígenas de la sierra sinaloense, esa brecha se traduce en una forma de simulación institucional: programas que existen en un documento, pero no en la práctica; recursos que se asignan, pero no se reflejan en mejoras concretas; y malas políticas que, aunque proyectadas para atender la vulnerabilidad, terminan reproduciéndose.

Mientras tanto, el hambre sigue presente. Y con cada temporada de lluvias, con cada ciclo agrícola, con cada generación que crece en estas condiciones, la deuda del Estado no sólo se mantiene, sino que se acumula.