En los últimos meses, agricultores de diversas regiones del país se movilizaron en repetidas ocasiones. Más recientemente, algunos líderes de estos grupos de agricultores amenazaron con colapsar las vías de comunicación durante los días del Mundial de Futbol si el gobierno no atendía sus demandas. Denuncian que México permite la entrada de maíz barato pero de mala calidad para hundir el precio del grano, hasta hacer imposible que los productores recuperen siquiera los costos de su producción. Las cifras eran elocuentes: en mayo de 2026, mientras que los agricultores calculaban un costo de producción de seis mil 500 pesos por tonelada, el mercado nacional pagaba en torno a los cinco mil 300 y en la Bolsa de valores de Chicago se cotizaba en cuatro mil 300. Por eso, en las movilizaciones se insiste en dos demandas: en que el gobierno fije precios de garantía y que el maíz quede excluido del acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá.

El 25 de mayo pasado, el Gobierno Federal presentó el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco, llamado “Precio Justo”. El programa es, esencialmente, un mecanismo para conectar a los productores de maíz blanco con las empresas privadas. Por un lado, las compradoras de maíz, que podrán negociar directamente con los productores; por otro, las empresas de agroquímicos podrán vender semilla y fertilizante también directamente. Todo se hará “sin intermediarios”, como reza el mantra de la 4T. Además, el gobierno subsidiará cada tonelada de maíz comercializada con mil 700 pesos, para lo cual destinó cinco mil millones de pesos del erario. El beneficio está pensado para 61 mil productores, pequeños y medianos, que producen alrededor de siete millones de toneladas de maíz blanco y los pondrá en contacto con 80 empresas de la agroindustria y de insumos agrícolas. Visto así, parece más un mecanismo para que estas empresas accedan a su materia prima “sin intermediarios” que una solución para los productores de maíz.

Pero el programa es manifiestamente insuficiente. Según el Censo Agropecuario de 2022, el más reciente, en México existían 4.4 millones de unidades de producción agrícola activas que cultivaron 21.6 millones de hectáreas y en las que trabajaban cerca de 11 millones de personas, la mayor parte bajo relaciones laborales familiares. Aunque el promedio era de cinco hectáreas por unidad, las diferencias en la realidad son abismales: el 56 por ciento de las unidades agrícolas tenía hasta dos hectáreas; otro 25 por ciento, entre dos y cinco hectáreas; el 16 por ciento, entre cinco y 20 hectáreas; y apenas el tres por ciento restante correspondía a explotaciones de más de 20 hectáreas. En promedio, sólo una de cada cuatro unidades contaba con sistema de riego y, en el caso de las unidades menores de dos hectáreas, sólo una de cada 10.

El principal producto del campo mexicano es el maíz blanco. En 2022, el 54 por ciento de las unidades produjeron 22 millones de toneladas de maíz blanco, de las cuales 18 millones se destinaron al mercado y el resto –20 por ciento del total– al autoconsumo o a semilla. En 2025, sin embargo, México importó casi un millón de toneladas de maíz blanco, sobre todo proveniente de Estados Unidos. Las importaciones se incrementaron por la caída del precio internacional del grano, atribuida oficialmente a “las buenas cosechas del ciclo pasado”.

Pero la verdad es que los productores estadounidenses de maíz gozan de condiciones técnicas y subsidios que les permiten inundar el mercado con enormes volúmenes de maíz a precios inferiores a su costo de producción. En 2025, según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), los subsidios alcanzaron el monto de 30 mil millones de dólares, al menos 100 veces más que el magro presupuesto del programa “Precio Justo” mexicano. Frente a asimetrías tan abismales, la política mexicana de subsidios resulta no sólo insuficiente, sino incapaz de combatir la precariedad de sus productores nacionales y de lograr siquiera un atisbo de la pretendida soberanía alimentaria. Se requiere, con urgencia, un modelo claro que ataque integralmente los problemas de este sector fundamental de la economía.