En sólo cinco años, la población sin servicios de salud pasó de 33 al alrededor del 45 por ciento ya que, a partir de 2021, las administraciones de Morena han dejado a su suerte a miles de pacientes y desmantelado las unidades médicas de este municipio. Es decir, casi la mitad de los pobladores del oriente mexiquense se ven obligados a recurrir a servicios privados, a comprar medicamentos o, en el peor de los casos, a permanecer sin tratamiento oportuno en espera de la muerte.

Chimalhuacán, municipio que fue en alguna ocasión ejemplo para el país entero por sus avances en desarrollo educativo, cultural, en salud y urbano, hoy está reducido a lo más básico porque su red de servicios públicos resulta insuficiente para responder a las necesidades de una población que supera los 700 mil habitantes.

Hoy, decenas de miles de hogares carecen de lo más vital, el agua; los servicios públicos de limpia, alambrado y bacheo de vialidades están deteriorándose o abandonados; y la inseguridad los mantiene en constante temor ante la delincuencia común y organizada.

La red de salud, conformada por centros médicos, clínicas de atención primaria, hospitales regionales y unidades de especialidad, cuya construcción requirió varios años de inversión pública durante las dos primeras décadas del Siglo XXI, se encuentra al borde del colapso.

En ese periodo, los avances en materia de salud pública fueron sostenidos y como ejemplo de ello debemos recordar que la población derechohabiente pasó de 29.8 por ciento en el año 2000 al 74.6 en 2015, un incremento de 44.8 por ciento.

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Chimalhuacán (PMDU) 2019, en el año 2000, apenas el 29.8 por ciento de los habitantes tenía derecho a servicios de salud; en 2005 equivalía ya al 30.6 por ciento; en 2010 al 44.9 y en 2015 la cobertura alcanzó el 74.6 por ciento.

Este incremento se debió a las afiliaciones al Seguro Popular, programa que atendió al 63 por ciento de la población; cerca del 27 por ciento estaba inscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 6.5 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En paralelo, aunque la prestación de servicios de salud no corresponde al ámbito municipal, el Ayuntamiento de Chimalhuacán, encabezado entonces por alcaldes provenientes del Movimiento Antorchista Nacional (MAN), construyó la infraestructura social complementaria.

En ella se construyeron 18 Centros de Desarrollo Comunitario (CDCs), donde se ofrecían consultas médicas básicas, atención psicológica y odontológica, así como talleres de capacitación laboral; los pacientes también recibían medicamentos de manera gratuita.

Los munícipes antorchistas construyeron también las unidades de especialización como el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), que comenzó con servicios básicos y luego los amplió con terapias física, ocupacional, psicológica, de lenguaje y estimulación temprana.

Este centro médico dispuso de un taller para órtesis y prótesis. Información oficial reportada en 2020 revela que, sólo en 2019, se brindaron más de 159 mil terapias, entre ellas más de 10 mil hidroterapias y más de mil 200 equinoterapias a personas con capacidades diferentes y enfermedades crónico-degenerativas.

A esta infraestructura de atención social se sumó la gestión de la Unidad de Especialidades Médicas (Unieme), concebida para ampliar la cobertura de servicios de salud con atención ambulatoria especializada en enfermedades crónico-degenerativas, adictivas y salud mental.

La red de salud también estaba conformada por tres Centros Especializados de Atención Primaria a la Salud, dos hospitales generales (el Noventa camas y el San Agustín); el nosocomio Materno Infantil Vicente Guerrero y cuatro laboratorios: clínico, de optometría, dental y de órtesis y prótesis.

Además había una clínica para las enfermedades de la mujer y su pareja; una farmacia comunitaria y una casa-hogar para adultos mayores, unidades que velaban por el bienestar económico de la población porque ofrecían servicios con precios de recuperación simbólicos.

Esta amplia cobertura se reflejó contundentemente en la supervivencia de la población; las estadísticas muestran que la tasa de mortalidad infantil cayó de 20.7 bebés por cada mil nacimientos en el año 2000 al 10.6 en 2015: una disminución de 50 por ciento.

Las defunciones de menores de un año pasaron de 183 en 2000 a 112 en 2015, pese a que los nacimientos aumentaron en el mismo periodo. La mortalidad materna se redujo de 0.45 a 0.07 por ciento, lo que indica una mejora en la atención del embarazo y el parto.

Estas cifras evidenciaron no sólo mayor acceso a hospitales, clínicas y personal médico, sino también en la medicina preventiva de nivel masivo con la organización de campañas de vacunación, control prenatal y atención neonatal.

En aquel entonces, de acuerdo con el plan municipal citado, las condiciones de salud de Chimalhuacán pasaron de ser “muy precarias” a niveles medios, sobre todo con beneficios visibles en la población infantil.

Este avance se sustentaba en una amplia infraestructura, a la que se sumaban los Centros de Salud y las Unidades Médicas Móviles del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), además de jornadas médicas realizadas en las distintas comunidades a lo largo de dos décadas, tal como se documenta en el PMDU 2019.

En contraste, en el Plan de Desarrollo Municipal 2025–2027, las acciones de salud pública se reducen notablemente y están sustituidas por planteamientos generales sobre el acceso a la “salud integral”, más cercanos a buenas intenciones técnicas que a la realidad social imperante.

Esta falta de precisión también se refleja en el acceso a la información, ya que después de solicitar una entrevista con el titular de la Dirección de Comunicación Social para precisar algunos datos, durante un mes, el equipo de buzosno obtuvo respuesta.

No a las emergencias 

A la falta de infraestructura médica, personal, medicamentos e insumos registrados en Chimalhuacán desde el inicio de las administraciones de Morena, se agrega la carencia de ambulancias para atender problemas de salud y accidentes de atención inmediata.

Los habitantes denuncian que cuando ocurre un accidente, las unidades disponibles resultan insuficientes y no llegan, por lo que patrullas o vehículos particulares deben trasladar a las personas lesionadas.

Uno de los casos más recientes sucedió la tarde del miércoles 25 de marzo, cuando una joven de 16 años, estudiante de preparatoria que viajaba en bicicleta, fue atropellada por una unidad sin placas del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) local, que circulaba sobre el carril confinado del Mexibús Línea 3, en el cruce de la avenida Peñón y Riva Palacio, en el barrio Tejedores, la zona baja del municipio.

En redes sociales se difundieron videos del accidente e innumerables denuncias sobre la carencia de ambulancias en la zona. En una de las grabaciones se escucha: “No llega la ambulancia, estamos en el mercado 1º de Abril, la quieren llevar los bomberos; la chica tenía el paso, la unidad no respetó la vialidad”.

Otro hecho se registró en la zona alta del municipio, donde el acceso a servicios de emergencia es aún más limitado; ahí, Guadalupe García, de 50 años, sufrió una caída en las escaleras de su hogar, a pesar de que sus familiares solicitaron una ambulancia de urgencia, primero fue atendida por los policías municipales.

Lupita estuvo varias horas sin atención médica y le informaron que no había ambulancias disponibles y que sólo podían trasladarla a Piedras Negras, fuera del municipio, para que llegara por sus propios medios al hospital del IMSS en La Paz y buscara atención médica. Así lo hizo, reveló a buzos.

En Chimalhuacán hay más de 17 mil 600 personas con discapacidad visual, 13 mil 900 con discapacidad corporal y seis mil 500 auditiva, según informes de Data México.

Desmantelamiento

El deterioro de la infraestructura, la escasez de personal y la falta de medicamentos han convertido al sistema de salud municipal en un “bateadero de pacientes”, que deben recurrir a servicios privados si no quieren perder la vida.

Tratamientos tan necesarios como la hemodiálisis se han vuelto un lujo inaccesible para las personas con enfermedades crónico-degenerativas que carecen de ingresos suficientes, coincidieron en entrevista con buzos dos médicos, uno de ellos permanecerá en el anonimato para evitarle represalias. Con 15 años de experiencia en el sector salud municipal, uno de ellos denunció que muchas unidades médicas han cerrado o desmantelado sus servicios:

“Antes teníamos laboratorios municipales que ofrecían estudios gratuitos y abasto de medicamentos al 90 por ciento de los pacientes con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas… Hoy ni siquiera llegamos al 50 por ciento de surtimiento de medicamentos esenciales”, lamentó.

Agregó que el desabasto obliga a los pacientes a comprar insulina o pastillas a precios que cuestan entre 400 y mil 200 pesos, lo que dificulta el control de enfermedades que pueden generar daños renales, cardiacos y visuales a largo plazo.

Destacó que la consulta externa ha disminuido casi a la mitad de alrededor de 150 pacientes a menos de 75 diarios, cifras que al mes suman cuatro mil 500 usuarios y que bajaron a dos mil 250 en el mismo periodo respectivamente. Pero subrayó que esto ocurre “no porque los pacientes estén mejor, sino por la falta de insumos o medicamentos”.

Antes, los pacientes recibían ayuda con sus estudios sin que tuvieran que generar ningún gasto. “Los gobiernos anteriores tenían la visión de atender a los pacientes y brindarles este apoyo al haber creado un laboratorio municipal, donde se ofrecían gratuitamente todos sus análisis. Sin embargo, tras el cambio de gobierno, la administración de Morena mostró poca empatía hacia las necesidades de salud de los pacientes y decidió no continuar con este proyecto”.

El médico también criticó los programas como “La muestra viaja”, iniciado en octubre pasado por la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez, que buscaba acercar laboratorios a las unidades locales, pero fue suspendido a mediados de febrero de este año por falta de recursos.

“Ahora los pacientes deben trasladarse a hospitales como el de 90 camas o al Materno infantil y esperar meses para recibir resultados”, denunció.

El desmantelamiento del laboratorio clínico municipal, explicó, alcanzó también a los laboratorios dentales, al taller de órtesis y prótesis. Lo mismo pasó con la policlínica y la farmacia comunitaria, “todos convertidos en elefantes blancos por la falta de interés y mantenimiento.

“Ni el Gobierno Federal ni el municipal muestran interés real en la salud de los chimalhuacanos; los proyectos se crean sólo para aparentar y, al final, la población paga las consecuencias”, insistió.

Urge actuar

El doctor Carlos Rivera, exdirector del Hospital General 90 Camas, de Chimalhuacán, advirtió que las deficiencias actuales tendrán consecuencias a mediano y largo plazo en las estadísticas de mortalidad.

“Desde 2021, muchas áreas que funcionaban, como el CRIS, la policlínica de la mujer y los CDCs, quedaron desmantelados. La cobertura médica se redujo y ahora aproximadamente 45 por ciento de la población no tiene acceso a servicios de salud”.

En entrevista con buzos destacó que los pacientes que requieren tratamientos como hemodiálisis enfrentan la tragedia de esperar a que otro enfermo muera para acceder a atención gratuita. “Esto arriesga la vida de los habitantes; los recursos no se aplican correctamente y, muchas veces, los responsables carecen de perfil y experiencia”, puntualizó.

También recordó que los pacientes y sus familiares se han visto en la necesidad de bloquear la avenida El Peñón, frente al hospital Noventa camas, para exigir una mayor cobertura en los servicios de salud, sobre todo el de hemodiálisis.

Rivera consideró que la escasez de médicos especialistas, las malas condiciones laborales y la insuficiencia de insumos en hospitales como el de San Agustín y el Materno infantil dificultan incluso la atención de urgencias.

Los procedimientos quirúrgicos esenciales se retrasan meses y el acceso a medicamentos se limita a farmacias privadas, con precios de hasta 35 mil pesos por una cirugía de vesícula o de matriz y mil 200 pesos por sesión de hemodiálisis.

“Si no se corrigen estas deficiencias, las estadísticas de mortalidad reflejarán en los próximos años la desatención actual. La población fallecerá por causas prevenibles”, advirtió.

El exdirector destacó que, hoy, los hospitales funcionan más como centros de salud básicos que como instituciones capaces de atender emergencias o internamientos prolongados.

La situación descrita por él y otros especialistas evidencia la gravedad de la crisis sanitaria en Chimalhuacán, manifiesta en el cierre de unidades, desabasto de medicamentos, reducción de atención médica y el desmantelamiento de infraestructura.

Por estas razones, la población debe recurrir a servicios privados, muchas veces inasequibles, mientras que los gobiernos Federal, estatal y municipal no muestran interés en garantizar atención integral, de calidad ni con calidez humana a los habitantes.

“Sin acciones concretas, la crisis sanitaria no sólo continuará, sino que sus efectos se reflejarán en la mortalidad y en el empeoramiento de la calidad de vida de los habitantes en los próximos años”, concluyeron los médicos.