La movilización será el próximo domingo 13 de septiembre en Culiacán, a dos años de que comenzó la crisis en materia de seguridad en Sinaloa.
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“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía, esta es nuestra posición”, enfatizó la mandataria en un posicionamiento público que leyó durante su conferencia de prensa.
Sheinbaum explicó que el 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales fueron turnadas al día siguiente a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme al marco legal vigente.
“El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”, detalló.
La presidenta señaló que, de forma paralela, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público el levantamiento de cargos contra los implicados, entre los que se encuentran un gobernador en funciones, un senador y un alcalde de Sinaloa, lo que generó preocupación por la difusión de información que, subrayó, debería ser confidencial.
“Esto llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales, acorde con los tratados en la materia”, indicó.
Asimismo, retomó el posicionamiento de la Fiscalía, que confirmó el inicio de un análisis técnico y una investigación paralela para determinar si existen elementos probatorios suficientes que sustenten las solicitudes.
“Es obligación de la Fiscalía (…) analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin”, citó la mandataria.
Sheinbaum reiteró que su administración no protegerá a ningún responsable de delitos, pero subrayó que cualquier acción deberá sustentarse en pruebas y dentro del marco legal mexicano. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, sostuvo.
No obstante, advirtió que, en caso de que no existan pruebas sólidas, las acusaciones podrían responder a intereses políticos. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, afirmó.
Finalmente, la presidenta reafirmó que México mantendrá una relación de respeto con otras naciones, pero sin subordinación. “México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”, concluyó.
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Escrito por Adamina Márquez
Directora editorial de buzos web. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.