La Asociación de Jubilados de la Central Nuclear Laguna Verde envió una alerta formal a la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), en la que advierte sobre una posible “crisis laboral y operativa” en la única planta nuclear de México derivada de la reforma al Artículo 127 constitucional sobre remuneraciones de servidores públicos.

En el documento, fechado el 6 de mayo de 2026 y firmado por más de 700 integrantes de la asociación, los trabajadores retirados sostienen que la modificación constitucional provocará desmotivación, pérdida de confianza y fuga de personal altamente especializado, lo que representa “una vulnerabilidad crítica para la seguridad nuclear y la estabilidad operativa de la planta”.

La carta señala que los límites salariales y de pensiones fueron presentados ante la opinión pública como un freno a las “pensiones doradas”, pero aseguran que la medida desconoce el nivel de responsabilidad, riesgo y años de preparación que requiere el personal nuclear.

“Esta medida ignora el nivel de responsabilidad, el riesgo inherente y los años de entrenamiento requeridos” para operar instalaciones nucleares, advierten los firmantes, quienes mencionan específicamente a operadores de reactor y operadores senior certificados bajo estándares nacionales e internacionales.

Los jubilados sostienen que la reducción de incentivos económicos está deteriorando la llamada “Defensa en Profundidad” (DiD), principio fundamental de la seguridad nuclear reconocido internacionalmente. En ese sentido, alertan sobre tres consecuencias principales: erosión del talento y de la memoria institucional, incremento del estrés laboral y ruptura de programas de mentoría y transferencia de conocimiento.

Según el documento, sustituir a un Operador Senior de Reactor (SRO) requiere entre cinco y siete años de capacitación especializada, por lo que la salida de personal experimentado genera una pérdida difícil de reemplazar. Además, afirman que la incertidumbre económica entre trabajadores especializados “incrementa drásticamente la probabilidad de error humano”.

La asociación también advirtió sobre un “debilitamiento de la actitud crítica” entre los empleados, quienes podrían optar por reportar menos incidentes menores debido al miedo a represalias o apatía derivada del conflicto laboral.

En el apartado dedicado a riesgos operativos, el texto identifica tres amenazas inmediatas: fatiga extrema del personal por cubrir turnos adicionales, retrasos en mantenimientos complejos por falta de especialistas senior y un posible aumento de paros no programados del reactor, conocidos como SCRAMs, debido a la inexperiencia de trabajadores sustitutos.

Los firmantes compararon la situación mexicana con precedentes internacionales. Mencionaron que Francia reconoció regímenes especiales para trabajadores nucleares a fin de prevenir apagones y mantener programas de mentoría, mientras que en Estados Unidos la industria implementó estrategias de “retención de conocimiento” al considerar más costosa la pérdida de personal calificado que el sostenimiento de pensiones competitivas.

Por todo eso, los jubilados solicitaron la intervención técnica y recomendaciones de organismos internacionales y autoridades mexicanas para garantizar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y demás empresas estatales mantengan “los estándares de excelencia operativa exigidos por la industria global”.

“La seguridad nuclear depende en gran medida del bienestar y la estabilidad de quienes operan y mantienen el sistema energético del país”, concluye la carta.