En los últimos años, cuidar el planeta se ha convertido en la gran consigna de nuestra época. El cambio climático, la contaminación y la disminución de la biodiversidad han pasado a dominar los discursos gubernamentales. Entre estos problemas, en nuestro país se ha vuelto relevante la conservación del suelo en la Ciudad de México (CDMX); la urbe más poblada y también con más de la mitad de su territorio está catalogada como “suelo de conservación”, pero es precisamente ahí donde los sectores populares pueden adquirir un terreno para construir su vivienda. El enfoque con que suele mirarse este problema es como si la naturaleza y la ciudad fueran mundos separados.

El crecimiento desordenado de la CDMX se intensificó notablemente a partir de la década de 1940 y se aceleró de manera crítica entre 1960 y 1980. Este fenómeno impulsado por una rápida industrialización, migración masiva del campo a la ciudad y la expansión incontrolada hacia la periferia. Esta expansión no fue homogénea, estaba claramente dividida entre un centro histórico opulento y periferias cada vez más marginales. Mientras que en la zona central se concentraban las élites económicas y políticas, las periferias, en contraste, crecían sin servicios básicos como agua potable, drenaje y pavimentación.

En el segundo cuarto del Siglo XXI, aunque el crecimiento de la población residente en la CDMX ha disminuido, la necesidad de vivienda sigue aumentando. El crecimiento desordenado, combinado con los efectos de la especulación y la gentrificación han empujado a las familias de menores ingresos a buscar vivienda en zonas cada vez más alejadas del centro. En la CDMX, esas zonas, sin embargo, suelen coincidir con lo que el Estado, a través de sus secretarías ambientales, ha definido como áreas no urbanizables o zonas de conservación. En teoría, son espacios donde la gente no debería fijar su residencia ni desarrollar sus medios de vida porque están destinados a proteger ecosistemas que proveen servicios vitales, como la recarga de acuíferos, regulación del clima y producción de oxígeno.

Las áreas protegidas establecen límites, jurisdicciones y derechos de exclusión. Suelen ser implementadas por actores poderosos desde los gobiernos, hasta ONG internacionales con un velo científico y por otro lado padecidas por grupos al margen del poder como campesinos, indígenas, y pobladores urbanos que fueron expulsados de sus hogares o migraron en busca de un sustento, mientras otros sectores, como turistas nacionales o extranjeros, disfrutan de estas zonas con ecosistemas, climas favorables y mucha biodiversidad.

Pero lo que se define como “áreas de conservación” no es un concepto neutral. Su uso, sus derechos y sus exclusiones se definen a partir de lo que los centros internacionales –generalmente integrados por países ricos– dictan qué debe hacerse, sin contemplar a las personas que habitan esos territorios. Esa definición responde a lógicas de acumulación que conciben estos espacios como destinos turísticos o lugares de conexión con la naturaleza. Si para conservar el medio ambiente se necesita desplazar a personas de su territorio, no se está cumpliendo correctamente la función y el discurso de protección del medio ambiente resulta hipócrita, pues se ignora que el ser humano modifica naturalmente su entorno, que no puede existir en el vacío.

El problema de fondo es un discurso internacional anclado en una falsa dicotomía entre sociedad y naturaleza, es decir, concebir los problemas del ser humano como ajenos a los problemas de la naturaleza. Ese discurso omite la compleja producción histórica y política de la urbanización en el capitalismo, porque define el suelo de conservación desde una perspectiva que se pretende neutral, pero que excluye sistemáticamente las dinámicas sociales y su interacción con la naturaleza. En la CDMX eso significa ignorar que la expansión urbana no es un capricho, sino una respuesta a la falta de vivienda digna y a un modelo de ciudad que expulsa a los pobres hacia las áreas de conservación porque no tienen otra forma de resolver su necesidad de vivienda. La conservación del suelo, del medio ambiente o de la diversidad de la flora y la fauna, así en abstracto, es una producción histórico-política que responde a un orden hegemónico altamente redituable para aquellos que creen que pueden decidir sobre los territorios ajenos a los suyos y que sólo los ven como posibles destinos turísticos.