La administración municipal de Morelia, coordinada por Alfonso Martínez Alcázar, sostiene que su prioridad consiste en recuperar el orden, liberar banquetas y proteger la imagen “patrimonial” de la ciudad; en respuesta a este argumento y a las medidas de desalojo, los comerciantes ambulantes afirman que su actividad no es una elección caprichosa, sino una acción de supervivencia frente a un mercado laboral formal insuficiente.

Información oficial del Ayuntamiento de Morelia, y reportes de prensa local detallan que en la capital de Michoacán operan entre tres mil 500 y cuatro mil comerciantes, y que entre mil 200 y mil 500 se concentran en el Centro Histórico.

La misma fuente informa que alrededor de dos mil ambulantes cuentan con permisos vigentes en distintas modalidades, por lo que se deduce que hay un número considerable de vendedores que trabajan sin registro oficial.

El gobierno municipal asegura que la ocupación de puestos en calles como Madero, Allende, Abasolo y Vasco de Quiroga afecta la movilidad peatonal, genera competencia desleal con el comercio establecido y deteriora la imagen urbana.

Con estas premisas, la alcaldía ha ordenado operativos para retirar puestos sin autorización, suspendido la expedición de nuevos permisos en el Centro Histórico y anunciado la depuración del padrón.

Y aunque Martínez Alcaraz ha declarado que su intención no es quitar el sustento a nadie, sino ordenar la ciudad y garantizar reglas claras para todos, la aplicación de sus medidas ha provocado tensiones y denuncias de afectación económica.

Informalidad, problema estructural

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Michoacán, más del 70 por ciento de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que significa que ésta obedece a cuestiones estructurales de la economía. En Morelia, aunque la tasa es menor al promedio estatal, el comercio callejero aporta una proporción significativa del empleo urbano.

Si se considera la cifra menor de tres mil 500 ambulantes y se estima que cada puesto sostiene a una familia de cuatro personas en promedio, el impacto afecta a 14 mil personas que dependen de esta actividad.

Las afectaciones económicas de los operativos varían, pero los comerciantes coinciden en denunciar una reducción sustancial de sus ingresos. Algunos vendedores advierten que después de retirar sus puestos de los sitios de alta afluencia peatonal, sus ventas disminuyeron entre 30 y 50 por ciento.

Entre los que venden alimentos preparados u otros productos perecederos, un operativo puede traducirse en la pérdida total de su mercancía. En términos aritméticos, si un comerciante generaba ingresos diarios de entre 700 y 900 pesos, una reducción del 40 por ciento implica la pérdida de entre 280 y 360 pesos diarios, cifra significativa para las familias que viven al día.

Además de la incertidumbre económica, la mayoría de los ambulantes carece de seguridad social, atención médica, ahorros y acceso a créditos bancarios. La “formalización” que el Ayuntamiento ofrece como alternativa, implica registrarse ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), asumir obligaciones fiscales y tributarias y emitir comprobantes.

Para personas con ganancias reducidas y variables, la transición a la formalidad sin apoyos escalonados resulta inviable; además, la renta de un local en mercados establecidos o plazas comerciales representa el pago con costo fijo que supera los ingresos irregulares de un vendedor ambulante.

“Nos piden orden, pero no nos dan condiciones”, señaló José Luis Martínez a buzos; desde hace siete u ocho años vende “jicaletas” en el primer cuadro de la ciudad. El comerciante dijo que su ingreso diario depende del flujo peatonal y de factores externos como el clima o la temporada turística. “Si me cambian a un lugar donde no pasa gente, mis ventas bajan y, aun así, tengo que pagar renta y permisos.

“No es que no queramos formalizarnos; es que necesitamos garantías de que el cambio no nos dejará sin sustento”, puntualizó. La realidad económica de los ambulantes y la necesidad de regulación urbana genera tensiones cotidianas en las calles de Morelia.

El gobierno municipal asegura que el ordenamiento resulta indispensable para proteger el estatus “patrimonial” del Centro Histórico, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La alcaldía argumenta que la regulación del espacio público es una facultad legal y que pertenece a sus responsabilidades administrativas. Sin embargo, el debate surge cuando sus acciones de reordenamiento regulatorias son coercitivas y no están acompañada de una estrategia integral de desarrollo económico.

Hasta ahora, la alcaldía no ha emitido un diagnóstico preciso que cuantifique los comerciantes reubicados, cuántos han logrado formalizarse y cuántos han abandonado sus actividades después de los operativos.

Vacíos institucionales

Las organizaciones de comerciantes han señalado que la aplicación de las normas no siempre es homogénea. Algunos denuncian discrecionalidad en la supervisión y diferencias en el trato a las agrupaciones.

La falta de un padrón público actualizado y accesible alimenta la percepción de opacidad administrativa. Si hay alrededor de dos mil permisos formales y cuatro mil comerciantes operando, el universo de trabajadores en situación de vulnerabilidad jurídica resulta considerable.

Esa vulnerabilidad expone a los ambulantes al riesgo cotidiano de retiro de las calles y plazas o, en todo caso, a depender de las actitudes de “tolerancia temporal”. Pero el conflicto tiene una dimensión económica más amplia, porque el comercio ambulante abastece a sectores de la población que buscan productos de bajo costo y venta cercana.

La eliminación o reducción abrupta de puestos callejeros puede modificar dinámicas de consumo y afectar cadenas de suministro informales. Muchos ambulantes compran mercancía a mayoristas locales, productores agrícolas y pequeños fabricantes, por lo que generan un circuito económico que trasciende el punto de venta visible en la calle.

Cuando un puesto ya no opera, el impacto afecta a toda una cadena productiva. “Me dedico a vender juguetes económicos y artículos de temporada. Lo que gano depende mucho de las fechas y del flujo de gente”, explica Sandra López, comerciante semifija desde hace nueve años.

Narra que su mercancía proviene de dos bodegas mayoristas locales y un pequeño taller que arma paquetes para ambulantes. “Si nos retiran sin aviso, dejo de surtirme y ellos se quedan con producto almacenado. A veces trabajamos con pagos diferidos y si no hay ventas, no podemos cumplir en tiempo”.

Asegura tener la confianza de sus proveedores y que, por lo tanto, hay una rotación rápida que mantiene activo el circuito. Su testimonio muestra que la interrupción del comercio ambulante no sólo afecta el ingreso individual de muchas familias pobres, sino también la liquidez y estabilidad de múltiples micro proveedores dependientes de la red informal.

El gobierno municipal, denuncian los comerciantes, no ha logrado conciliar el derecho al espacio público con el derecho al trabajo. El orden urbano es un objetivo legítimo, pero su aplicación requiere matices, diálogo y alternativas económicas viables.

Las experiencias en otras ciudades del país sobre este grave problema social han mostrado que la reubicación del ambulantaje funciona mejor cuando está acompañada de infraestructura adecuada, promoción comercial y acceso a financiamiento.

Sin estos elementos, la simple relocalización se traduce en caída de ventas, eventual o total abandono de actividades y espacios, desempleo absoluto y mayor pobreza en muchas familias.

En Morelia, el discurso oficial subraya la necesidad de aplicar las reglas, pero la vigencia de esta normatividad debe ir acompañada de transparencia cuando se aplica: la publicación periódica de un padrón actualizado; la definición explícita de criterios para otorgar o retirar permisos y la apertura de mesas de negociación permanente, la que podría reducir la percepción de arbitrariedad.

La conformación de indicadores de seguimiento también permitiría evaluar si el reordenamiento mejora la movilidad y la imagen urbana, sin la generación de costos sociales desproporcionados.

El contexto económico nacional también influye. La recuperación después de la pandemia de Covid-19 ha resultado desigual y muchos trabajadores que perdieron su empleo formal recurrieron al comercio informal para sobrevivir.

Por ello, el ambulantaje no es únicamente un problema de ordenamiento urbano, sino un “medicamento” de emergencia para atacar el desempleo ascendente en un mercado laboral con limitada capacidad de absorción.

Pretender resolverlo sólo con operativos administrativos y policiales violenta el derecho al trabajo, desatiende las causas estructurales del problema y puede provocar reacciones sociales imprevisibles en el mediano plazo.

Las cifras disponibles sobre este problema evidencian la necesidad de mayor precisión estadística. Es decir, hace falta un censo municipal detallado que incluya antigüedad, tipo de producto, ingresos promedio y ubicación citadina.

No todos los ambulantes operan en las mismas condiciones ni provocan el mismo impacto en la movilidad urbana, como lo relataron a este medio José Luis Martínez, vendedor de “jicaletas”, y Sandra López, vendedora de juguetes y productos de temporada.

El problema del ambulantaje en el plano político suele polarizar opiniones. Sectores empresariales y parte de la ciudadanía respalda el ordenamiento con el argumento de que fortalece la competitividad y la imagen turística.

Sin embargo, las organizaciones sociales destacan que el carácter excluyente de las medidas no considera la precariedad económica. Es así como la administración se halla en una posición compleja porque sus decisiones responden a demandas de ordenamiento, pero desatienden el impacto social.

“No estamos en contra del ordenamiento; estamos en contra de que se nos trate como si fuéramos el problema completo”, alerta Adriana Castillo, comerciante del primer cuadro e integrante de una asociación local.

Denuncia, además, que el discurso público suele responsabilizar solamente a los ambulantes del deterioro urbano, sin considerar factores estructurales como la falta de empleo formal y el encarecimiento de las rentas comerciales. “Si la política se construye desde la estigmatización, es difícil generar confianza. Necesitamos diálogo técnico, cifras claras y compromisos verificables”, explicó a buzos.

Subraya que la disputa no sólo es económica, sino también política, jurídica y social, porque se debate quién tiene derecho a ocupar el espacio y en qué condiciones. Una reducción significativa de puestos en el Centro Histórico de Morelia podría afectar a más de mil comerciantes.

Se calcula un ingreso promedio mensual de 18 a 22 mil pesos por puesto antes de los operativos y una caída de 40 por ciento, la pérdida colectiva podría ascender a varios millones de pesos mensuales en circulación local. Esta contracción no sólo afecta a las familias involucradas, sino también al consumo en barrios y colonias donde los ambulantes residen. Es por eso que el debate no se limita a la presencia física de puestos en la vía pública, sino a la definición de un modelo de ciudad. Una política pública integral debería articular el ordenamiento, la formalización gradual, el acceso a microcréditos, la capacitación administrativa y la promoción comercial.

Sin estos componentes existe el riesgo de que el reordenamiento se perciba como una estrategia centrada en la restricción más que en el desarrollo. Morelia enfrenta el reto de armonizar su vocación turística con la realidad socioeconómica de miles de sus habitantes. Las cifras de informalidad estatal, superiores al 70 por ciento, evidencian que el ambulantaje no desaparecerá por decreto.

La transición hacia una economía más formal y ordenada requiere inversión pública, acompañamiento técnico y voluntad de diálogo. Mientras tanto, cada operativo de retiro tiene consecuencias en la economía doméstica de miles de familias que dependen de las ventas callejeras.

El desafío para la administración municipal no debe limitarse a la aplicación de la norma, está obligada a demostrar que su estrategia produce beneficios colectivos sin profundizar desigualdades. El equilibrio entre la legalidad y la justicia social será la vara con la que los ciudadanos evaluarán el resultado de las medidas coercitivas.

El reordenamiento del ambulantaje en Morelia no es un asunto menor, sino el reflejo de las tensiones estructurales del mercado laboral mexicano. Las cifras plantean miles de personas, millones de pesos en circulación y una informalidad persistente. Resolverlo exige más que operativos: demanda una política pública basada en evidencia, transparencia y sensibilidad social.

Sólo así el orden urbano podrá coexistir con la subsistencia económica de quienes, desde la vía pública, sostienen una parte importante de la economía local. El pasado 18 de febrero, inspectores del área de Mercados efectuaron operativos e incautaron la mercancía a dos oferentes, informó Netzahualcóyotl Vázquez, Secretario de Servicios Públicos.

En entrevista con medios de comunicación local, el funcionario municipal indicó que los inspectores del área de Mercados realizaron los operativos necesarios para incautar la mercancía; y hasta que no se pague la multa por vender en vía pública sin permiso, no se les entregarán los paquetes retirados.

“Claro que mantendremos operativos de decomiso en este punto de la ciudad para tener un mayor reordenamiento en la ciudad”, sentenció el Secretario. Los comerciantes afectados destacaron, por su parte, que en tanto no se atienda el problema principal –la creación de fuentes de empleo formal– el comercio informal seguirá existiendo, con o sin regulación.