El delito de extorsión está presente en todos los rincones del territorio mexicano; ninguna de las 32 entidades federativas se encuentra a salvo de este azote. El Gobierno Federal ha informado (durante el sexenio pasado y el actual) acerca de la disminución de otros delitos del ámbito criminal; AMLO presumió durante su gobierno la disminución de homicidios, asaltos, secuestros, robos, feminicidios, etc.; ahora también se afirma, desde la Presidencia, que muchos delitos han disminuido. Pero el de extorsión se ha extendido y agravado tanto que ya preocupaba al gobierno anterior; AMLO pensaba convertirlo en un delito grave que requería una nueva legislación, pero no le alcanzó el sexenio para hacerlo, porque le urgía reformar otras muchas leyes antes de entregar el poder. 

Pero el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) iniciado por AMLO continúa y su máxima representante, la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoció que la 4T no ha podido disminuir el delito de extorsión, anunció una nueva iniciativa de reforma constitucional y acto seguido procedió a enviarla al Congreso de la Unión. No era para menos; la extorsión, cuyas cifras alcanzan a cientos de miles de víctimas, afecta a sectores importantes, como a los productores del campo, pequeños comerciantes, empresarios grandes y pequeños: afecta a toda la sociedad mexicana. Los estragos de la extorsión influyen sobre la economía, el mercado, los precios de los alimentos, lo trastocan todo. Así se explica la preocupación del Gobierno y que la Presidenta de la República se proponga, por medio de una ley, combatir este delito y a las redes criminales que lo cometen que, en su diversificación, encontraron un terreno propicio de muy difícil control para los gobiernos Federal, estatales y municipales. ¿Cómo combatir este delito, que se ha extendido por todo el país?, ¿cómo desarticular las redes de extorsión? La iniciativa responde que ahora las víctimas no serán solamente los extorsionados, sino también el Estado, que se encargará de denunciar, perseguir y castigar a los extorsionadores.

Entonces los afectados y los denunciantes sólo tendrán que marcar un número telefónico y los gobiernos actuarán inmediatamente contra el extorsionador: la autoridad perseguirá “de oficio” y el denunciante no tendrá que hacer frente a la delincuencia. Todo esto suena bien; sin embargo, hay quienes opinan en contra o señalan deficiencias en esta “innovadora” ley contra el delito de extorsión. Académicos, investigadores, abogados y especialistas en derecho social opinan que no es con leyes como se debe combatir a la delincuencia organizada, en general, y al delito de extorsión en particular, sino con la presencia del Estado, con estructuras, un sistema de inteligencia y una estrategia diferentes a los que se vienen aplicando durante lo que va de la 4T.

De la iniciativa presidencial en manos del Congreso de la Unión y de las opiniones de especialistas consultados que la cuestionan habla esta semana nuestro Reporte Especial.