En número reciente, buzos trató el tema de la crisis hídrica, pero destacando los graves efectos sobre la población de la Zona Metropolitana del Valle de México –donde habitan decenas de millones de mexicanos– y los preocupantes pronósticos de especialistas que, de acuerdo con las tendencias del fenómeno, afirman que el punto más alto del problema se alcanzará durante el mes de junio del año en curso.

Nuestro Reporte Especial aborda nuevamente el tema, pero como un problema nacional, del territorio mexicano y sus 130 millones de habitantes, que sufren falta de agua. El problema y su agravamiento no tienen una, sino varias causas; y no precisamente naturales, sino sociales. La sequía no es la causa de que muchas familias padezcan por la escasez de agua y no puedan satisfacer sus necesidades básicas.

En las 32 entidades federativas se presenta el fenómeno del acaparamiento de este recurso por parte de un sector minoritario, de grupos que poseen cuantiosas riquezas y empresas que para su funcionamiento y producción requieren miles de millones de litros frente a millones de ciudadanos que se quedan sin agua, aunque solamente requieran unos cuantos litros. No hay nadie que pueda frenar o limitar esta causa; nadie es capaz de evitar esta distribución irracional; por el contrario, el Estado, que se supone representa los intereses de todos, es quien autoriza las concesiones a los empresarios para que dispongan de miles de millones de metros cúbicos de agua al año, gasto excesivo que generará escasez a la población. Así se eslabonan la mala distribución del recurso hídrico, el acaparamiento, las concesiones para el dispendio y el consumo insuficiente para los habitantes.

Otras causas sociales del desabasto de agua son la falta de mantenimiento, la ausencia de obras hidráulicas, la nula reparación de fugas, en una palabra: la insuficiente inversión pública en este aspecto de la vida social. Son de extrema importancia estas causas sociales, esta falta de oportunidad en la política económica tanto de gobiernos anteriores como del actual, que insistentemente nos habla de la revolucionaria transformación que se encuentra realizando.

Expertos afirman que durante este sexenio no ha habido inversión pública ni mantenimiento de los sistemas hídricos ni se ha limitado el excesivo consumo de agua por parte de las grandes empresas; y añaden otro factor de agravamiento: la falta de un plan hídrico nacional que abarque todos los aspectos, es decir, inversión en obras hidráulicas, distribución racional del agua a la población, evitar la sobreexplotación de los acuíferos, etc.; este plan debería evitar efectivamente la llegada de lo que los analistas han llamado el “Día Cero”.

El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) niega la posibilidad de llegar al “Día Cero”, es decir, a que la falta de agua alcance su punto más alto o a que la población carezca por completo del vital líquido. Asegura, por ejemplo, que en la Zona Metropolitana del Valle de México no sólo existe el Sistema Cutzamala, sino otras fuentes de abastecimiento que garantizan el consumo de agua para la población; anuncia la reparación de todas las fugas y, por si esto fuera poco, asegura que los gobiernos locales de la CDMX y el Edomex ya elaboran un plan a mediano plazo para extraer agua suficiente.

Esto parece significar que el peligro del punto más alto de la falta de agua está conjurado; pero la amenaza de que hablan los expertos no requiere un plan a mediano plazo, sino uno de emergencia, porque la falta de agua no es un problema futuro, sino del presente.

La inversión, que no se hizo en cinco años de gobierno, es prácticamente imposible de realizar en la recta final de la 4T, que espera entregar tranquilamente el despacho al nuevo gobierno que tal vez resuelva todos los problemas que éste dejará pendientes.