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La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados prepara un nuevo “fast track” legislativo. Morena y sus aliados planean aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026) antes del 15 de noviembre, casi dos semanas antes del plazo legal, con reasignaciones por 18 mil millones de pesos dirigidas —según trascendió— a educación, cultura, campo e infraestructura carretera.
Sin embargo, esos recursos no saldrán de nuevos ingresos, sino de recortes al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que reavivaría la tensión entre el Ejecutivo y los órganos autónomos.

De acuerdo con el cronograma oficial, la Comisión de Presupuesto iniciará el análisis del proyecto el lunes 3 de noviembre, y el dictamen se discutirá en el pleno el miércoles 5, para después abordar los artículos reservados a partir del jueves 6 de noviembre.
Con este ritmo, la bancada guinda busca dejar aprobado el gasto público antes de que inicie la segunda quincena de noviembre, un movimiento que la oposición interpreta como una maniobra política. Y es que los partidos de oposición en San Lázaro denunciaron que el dictamen no se está elaborando en la Cámara, sino bajo línea directa del Ejecutivo federal.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, adelantó que su bancada votará en contra del proyecto, mientras que el panista Héctor Saúl Téllez acusó que Morena “quiere adelantarse a la inconformidad social”.

“El campo, los transportistas, los maestros y las organizaciones civiles se están movilizando. Para el 15 de noviembre hay una marcha ciudadana convocada por jóvenes, y el oficialismo busca aprobar el presupuesto antes de que esa presión crezca”, señaló Téllez.

Ambos legisladores advirtieron que los recortes a los organismos autónomos representan un golpe a los contrapesos institucionales, mientras que los aumentos prometidos para educación o cultura podrían no compensar los desequilibrios financieros que el proyecto deja entrever.

Por su parte, Morena sostiene que las reasignaciones buscan “fortalecer áreas críticas y atender las necesidades sociales”. No obstante, analistas y legisladores opositores cuestionan la viabilidad de las proyecciones fiscales, el manejo centralizado de los recursos y el impacto en la estabilidad macroeconómica del país.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que las modificaciones sumarán entre 17 y 18 mil millones de pesos a la propuesta original de Hacienda, aunque evitó detallar los criterios técnicos detrás de esas decisiones. 

Para las voces críticas al gobierno, el oficialismo busca consolidar el control político sobre el gasto público.