Los festivos anuncios de los gobernantes de la “Cuarta Transformación” divulgan una mejoría para la población trabajadora como consecuencia directa de la reducción de la jornada semanal de trabajo de 48 a 40 horas. Pero si nos detenemos un poco y tomamos en cuenta que, como dijo El Quijote, “es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño”, descubriremos que en un balance entre beneficios y perjuicios saldrán ganando estos últimos. ¿Qué mueve entonces al gobierno y a los empresarios, sobre todo a los más grandes y poderosos, a impulsar cambios en esas importantes condiciones laborales?

En el desarrollo de todos los modos de producción que han existido hasta ahora, incluido el capitalismo, que es el modo de producción ahora dominante, existe un constante e imparable desarrollo de las fuerzas productivas (de los medios de producción y del propio trabajo combinados) que, en el caso actual, se manifiesta mediante un aumento de la maquinización y el uso de tecnología avanzada con el fin de aumentar sorprendentemente la productividad para generar, con menos fuerza de trabajo y en menor tiempo, una mayor cantidad de bienes y servicios más baratos con el propósito principal de destruir a la competencia.

Las empresas más grandes, que por regla general son las que han alcanzado una mayor productividad, pueden prescindir de esas ocho horas a la semana porque están inmersas en un proceso de reducción de su plantilla laboral, porque la capacidad de compra de los consumidores es limitada y no se expande al mismo ritmo que la producción lograda con el aumento acelerado de la productividad y porque no crece tampoco a voluntad la disposición de las materias primas indispensables. En esas condiciones, la reducción de la jornada a 40 horas a la semana, por sí misma, no reducirá los gastos en fuerza de trabajo porque los salarios se mantendrán igual, pero sí disminuirá el desgaste de la maquinaria y las instalaciones y, sobre todo, garantizará la realización de la ganancia al hacer posible la venta de la producción. Muy conveniente para las grandes empresas de alta productividad.

Pero más conveniente resulta todavía que las empresas con una productividad menor, las del escalón inferior y los escalones que le siguen, no estén involucradas en un proceso de reducción de personal y, además, no puedan alcanzar ni la cantidad ni la calidad ni los precios con los que producen las empresas más poderosas y, por tanto, para ellas, una reducción de las horas trabajadas a la semana –pagando el mismo salario– será muy perjudicial y las obligará a intensificar el trabajo o, de plano, a cerrar. En consecuencia, la producción y la venta de una variedad cada vez mayor de mercancías se irá concentrando en unas cuantas manos y, consecuentemente, se operará una mayor concentración del capital y –como veremos más abajo– del poder.

Las medidas adecuadas para tal efecto no son un descubrimiento de la “Cuarta Transformación” ni un fenómeno propio de nuestro país, son tendencia mundial y están íntimamente relacionadas con la sobrevivencia del capital en su fase terminal. “México va tarde en el tema de la reducción de la jornada laboral, en relación con otros países… señaló el secretario del Trabajo, Marath Bolaños”.

Muy considerado, añadió que “el tiempo que llevará la gradualidad para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas es ‘generoso’ (para las grandes empresas, aclaro yo), pues en 2026 las empresas tendrán que hacer la adecuación y en 2027 se reducirán las dos primeras horas a la jornada… y así sucesivamente, se reducirán dos horas por año, hasta 2030, cuando se establecerá una jornada de 40 horas”. Todo bien planeado para los empresarios con alta tecnificación pero, para otros con menos capital significa o la imposibilidad de invertir en el sector o una prórroga a su sentencia de muerte con el consiguiente aumento nacional de la desocupación, la abierta y la disimulada.

No son suposiciones. Veamos los datos oficiales con respecto a nuestro país que compartió Carlos Loret de Mola en su columna del tres de diciembre en El Universal: “De enero a septiembre, la creación de empleo fue la más baja en diez años (quitando el año de la pandemia). En los primeros nueve meses de 2025, se crearon 27 por ciento menos empleos formales que en los mismos nueve meses del año anterior, y eso que se incorporaron por decreto todos los trabajadores de plataformas digitales… la informalidad laboral está desbocada: 55 por ciento de los trabajadores del país no tiene prestaciones” y, por tanto, agrego yo, ninguno de ellos gozará de una jornada semanal reducida, ni tampoco, como se ha anunciado, de ningún aumento salarial ni de trece por ciento ni de nada.

Presento también, algunos datos alusivos al tema de los aumentos en la productividad con relación al aumento de la desocupación en el caso de Estados Unidos, país que ha sido durante muchos años el paradigma del modo de producción capitalista y de la democracia mundial. “Los anuncios de despidos en Estados Unidos registraron la cifra más alta desde 2020, con un total de 1.17 millones de recortes en lo que va del año, tras un noviembre que sumó más de 70 mil bajas… Estos 1.17 millones de despidos desde enero a noviembre de 2025 representan un aumento del 54 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, y constituye la cifra más alta desde 2020, año en que la pandemia de Covid-19 sacudió la economía mundial” (El Universal, cuatro de diciembre).

¿Y su peso en la concentración de la riqueza y el poder? “En el año 2000, las 100 personas más ricas del país donaron aproximadamente el 0.25 por ciento del costo total de las elecciones federales… para 2024, cubrieron cerca del 7.5 por ciento, incluso cuando el costo de dichas elecciones se disparó… En consecuencia, los políticos estadounidenses dependen más que nunca de la generosidad de los multimillonarios, lo que otorga al 0.01 por ciento de los estadounidenses una influencia extraordinaria sobre el éxito de los políticos y las políticas” (Washington Post. 21 de noviembre de 2025).

¿Y en México? “En enero (del año pasado, el último del sexenio de AMLO), Oxfam identificó que 14 ultrarricos mexicanos concentran ocho por ciento de la riqueza en México, 11 de ellos beneficiados por privatizaciones, concesiones y permisos, que ha representado la transferencia masiva de riqueza de lo público a una pequeña proporción de personas en lo privado. De ahí que los nombres de Carlos Slim, con Telmex; Ricardo Salinas Pliego, con Tv Azteca; Germán Larrea, con Ferrocarriles de México, y Roberto Hernández, en el sector bancario, encabecen el listado” (El Universal, siete de mayo de 2024. Columna de Mario Maldonado).

No debe ser, por tanto, ninguna sorpresa que la democracia mexicana, que ya estaba maltrecha, esté ahora en proceso de desaparición. La 4T cambió la Constitución para desmantelar al Poder Judicial, pues escoger a los jueces por voto popular es una farsa propia de los regímenes autocráticos y lo hizo, además, con una elección con acordeones; la 4T se apoderó del control de los órganos electorales, entregó la Policía Nacional al Ejército y suprimió organismos fiscalizadores como era el encargado de la transparencia. Los morenistas han suprimido la división de poderes. Si no se trata de un régimen autoritario, ya estamos muy cerca. El poder, como la riqueza, se está concentrando peligrosamente en México.

Cierran la pinza de la política económica –que no social– de la oligarquía, las ayudas “para el bienestar” con dinero de los contribuyentes. Aunque son diminutas, servidas con buena dosis de propaganda, hacen temer a los “beneficiados”, consecuencias peligrosas para quien se incline por la organización y la lucha colectiva y mantienen bajos los salarios reales, las prestaciones y el gasto social justiciero que sí impactan a las utilidades, además de que empujan a los electores a favorecer a los candidatos morenistas, con lo que se fortalecen e impulsan la voluntad y las decisiones de la clase dominante y su Estado, que son hechas pasar como “gobierno para los pobres”.

En consecuencia, son obligados y están absolutamente justificados los insistentes llamados del Movimiento Antorchista para que los pobres se organicen y luchen de manera independiente.