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Economía
Detectan adeudo empresarial superior a 12 mmp por uso irregular de agua
Empresa refresquera adeuda 234 millones de pesos por el uso de concesiones sin el pago correspondiente, la sobreexplotación de volúmenes autorizados y la ausencia de medidores.
Foto: Internet
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) identificó a diversas empresas del sector agrícola, inmobiliario y de servicios; así como de industria de bebidas que tienen un adeudo de 12 millones de pesos, las cuales podrían enfrentar sanciones e incluso la revocación de sus concesiones si no regularizan su situación.
En la conferencia a medios en Palacio Nacional, la dependencia federal informó que se han realizado más de siete mil inspecciones en todo el país, derivando en más de mil clausuras por irregularidades en el uso de concesiones.
Asimismo, explicó que algunos particulares, pese a contar con permisos destinados al uso agrícola, los cuales no implican pago, comercializaban el recurso mediante esquemas que les generaban ingresos elevados.
Uno de los casos expuestos corresponde a municipios de Baja California que, desde hace más de dos décadas, adquirían agua a través de intermediarios.
Precisó que tan sólo en los últimos cinco años, estos pagos superaron los 531 millones de pesos, concentrados en un reducido grupo de beneficiarios. Ante esta situación, el Gobierno Federal anunció que por primera vez se otorgarán directamente derechos de explotación a municipios como Ensenada, Tijuana, Mexicali, Rosarito y Tecate.
También se dio a conocer un caso en Querétaro vinculado a la familia del exgobernador José Eduardo Calzada Rovirosa, la cual contaban con concesiones de uso agrícola que habrían sido destinadas a actividades comerciales, incluyendo la venta de agua en pipas y el abastecimiento de desarrollos inmobiliarios y espacios recreativos.
A estos ejemplos se suma el de una empresa refresquera, cuyo nombre no fue revelado por existir un proceso legal en curso en el que se investiga el uso de concesiones sin el pago correspondiente, la sobreexplotación de volúmenes autorizados y la ausencia de medidores en varios títulos. El adeudo estimado en este caso asciende a 234 millones de pesos, aunque la compañía ya ha iniciado acercamientos con la autoridad para regularizarse.
Finalmente, las autoridades federales aseguraron que la nueva legislación busca corregir estas distorsiones y garantizar un uso más equitativo de un recurso considerado estratégico para la nación
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