Estos acuerdos afectan el bienestar de la fuerza laboral y frenan la reasignación eficiente del talento.
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Tras analizar la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que “los costos económicos alcanzaron su nivel más alto en una década, la percepción de corrupción repuntó y la prevalencia de actos corruptos en trámites se mantiene elevada”.
Asimismo, en su análisis titulado “Dinámicas de la corrupción en México”, el Instituto reveló que el costo promedio de corrupción por ciudadano aumentó 15 por ciento al pasar de cuatro mil 723 en 2023 a cinco mil 432, se trata del incremento más alto durante una década.
Con cifras del Inegi, el Instituto destacó que 6.9 millones de personas que realizaron algún trámite en el sector público, fueron víctimas de algún acto de corrupción, principalmente por sobornos o mordidas, lo que representó un costo total de casi 25 mil millones de pesos.
Además, el IMCO advirtió que la percepción ciudadana sobre la corrupción revirtió la tendencia de mejora observada en años anteriores. De acuerdo con la ENCIG 2025, cuatro de cada cinco mexicanos consideraron que la corrupción es un fenómeno frecuente o muy frecuente en su entidad, al pasar de 83 a 84 por ciento entre 2023 y 2025.
Entre las entidades con mayor percepción se ubicaron Michoacán, Baja California y la Ciudad de México, todas con 89 por ciento, mientras que Querétaro registró el nivel más bajo con 67 por ciento.
El análisis también señaló un repunte en la prevalencia de actos de corrupción, toda vez que la tasa alcanzó 15 mil 642 casos por cada 100 mil habitantes y del total de personas que realizaron pagos, trámites o solicitaron servicios públicos, 16 por ciento reportó haber sido víctima de alguna práctica irregular.
En el comparativo entre 2023 y 2025, Hidalgo y el Estado de México presentaron los mayores incrementos, mientras que Chihuahua y Colima mostraron las reducciones más significativas.
Ante este panorama, el IMCO planteó la necesidad de desarrollar estrategias regulatorias vinculadas a los Polos de Desarrollo Económico para simplificar y agilizar trámites relacionados con la apertura y operación de empresas.
También propuso fortalecer las capacidades digitales de gobiernos estatales y municipales para ampliar la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios mediante plataformas tecnológicas, con el objetivo de reducir tiempos, disminuir cargas administrativas y limitar oportunidades para actos de corrupción.
Por último, el organismo reconoció que garantizar la integridad de las instituciones públicas y mejorar la relación entre el Estado y la ciudadanía son condiciones necesarias para atraer inversión, fortalecer la competitividad y favorecer el crecimiento económico del país.
Estos acuerdos afectan el bienestar de la fuerza laboral y frenan la reasignación eficiente del talento.
Las finanzas públicas presentaron un subejercicio equivalente al 1.2 por ciento del PIB.
Las personas con discapacidad registraron la calificación más baja con 7.99 puntos, seguidas por quienes hablan una lengua indígena, con 8.33, ambas inferiores al promedio nacional.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.