El gasto del Gobierno Federal en el proyecto aumentó 39 por ciento desde el año 2024.
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Por estímulos fiscales, exenciones y subsidios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejará de percibir 3.4 billones de pesos (bdp) entre 2026 y 2027, de acuerdo con estimaciones de la dependencia.
Para este año, Hacienda calcula que los beneficios tributarios, entre ellos los aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), sumarán 1.67 bdp, monto equivalente al 4.48 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En 2027 la merma en los ingresos públicos será similar: la dependencia anticipó que las renuncias recaudatorias equivaldrán al 4.75 por ciento del PIB, con un monto de 1.76 bdp.
En este sentido, el organismo apuntó que los quebrantos provendrán de una menor captación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas, incentivos fiscales en la región fronteriza y exenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicables a jubilaciones y pensiones.
A detalle, la autoridad hacendaria prevé un faltante de 638 mil 701 millones de pesos (mdp) por IVA no cobrado, de los cuales 70 mil 83 mdp corresponderán a exenciones y 550 mil 618 mdp a tasas reducidas.
En tanto, puntualizó que las renuncias de ISR por jubilaciones, pensiones y prestaciones representarán ingresos no obtenidos por 103 mil 937 mdp este año y 119 mil 641 mdp en el siguiente ejercicio fiscal.
Al respecto, el Comité de Oxford de Ayuda Contra el Hambre (Oxfam) señaló que estas renuncias tributarias “constituyen una forma de gasto público”, ya que distribuyen recursos, generan incentivos y reflejan prioridades de política pública.
La organización añadió que, aunque dichos mecanismos buscan garantizar el acceso a bienes básicos, también pueden convertirse en “subsidios empresariales opacos que favorecen la concentración económica más que la protección efectiva del consumo popular”.
Por ello, Oxfam llamó a las autoridades fiscales a dirigir estos beneficios hacia el interés colectivo, condicionarlos al cumplimiento de compromisos sociales, evaluarlos a lo largo de las cadenas de valor y establecer cláusulas de caducidad.
El gasto del Gobierno Federal en el proyecto aumentó 39 por ciento desde el año 2024.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410