Hace unos años, las comunidades originarias de esta zona semidesértica del Bajío poseían tierras para sembrar y agua potable, pero un día todo cambió: comenzaron a erigirse estructuras de acero, cal y cemento que anunciaban el “progreso” que ahora amenaza con quitarles todo.

Estas edificaciones, blancas por fuera y herméticas por dentro, son los centros de datos o data centers. No producen mercancías como la industria textil o automotriz y apenas emplean a algunas personas, pero consumen grandes cantidades de agua y electricidad. En su interior albergan filas interminables de computadoras sofisticadas en las que guardan la llamada “nube de Internet”, así como sistemas para usar Inteligencia Artificial (IA).

Su instalación en Querétaro inició durante la década del 2000, con la apertura de un centro de KIO Networks, ‒instalación de Triara, filial de Telmex‒ y la construcción del Proyecto Q del banco español Santander; ambos dedicados a atender las necesidades corporativas básicas.

En 2020, cuando las herramientas de IA se perfeccionaron y se insertaron en la vida cotidiana de las personas mediante aplicaciones como ChatGPT, Gemini o Claude, así como en los sistemas industriales más avanzados, tales empresas se expandieron para ofrecer más servidores e instalaciones de alojamiento.

Fue así como estas compañías tecnológicas, la mayoría estadounidenses, vieron en Querétaro y en el Bajío el lugar ideal para instalarse, en gran medida para aprovechar los holgados marcos regulatorios, la disponibilidad de recursos naturales, suelo a bajo costo y una infraestructura adecuada para operar, como ha revelado Ervin Félix López, coordinador de investigación del Comité de Oxford para el Alivio de la Hambruna (Oxfam) México.

Entre las empresas tecnológicas más conocidas instaladas o en proyecto de asentamiento en Querétaro destacan Microsoft, Amazon Web Services, Google, Oracle, CloudHQ y ODATA, así como otros 31 centros de datos. Por esta llegada masiva, el estado está considerado entre los relevantes polos de infraestructura digital en América Latina, según información recopilada por investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Promesas incumplidas

La instalación de estos centros de datos llegó acompañada de “buena prensa” y publicidad que aseguraba que generarían mayor inversión privada. El gobierno queretano, administrado por Mauricio Kuri González, celebró que estos complejos invertirían capitales por 12 mil 200 millones de dólares (mdd).

Otros beneficios anunciados por las compañías fueron la generación de empleos, el impulso de otras actividades económicas en las localidades donde se instalaban y el consumo eficiente de energía y otros recursos.

“Desde la perspectiva de la comunicación de las empresas impulsoras de los proyectos, tener un centro de datos en tu territorio coloca a los municipios o las regiones en la vanguardia de la innovación tecnológica y les proyecta hacia un porvenir de desarrollo y progreso”, advierte el informe de Oxfam.

Sin embargo, la realidad dista mucho de las promesas difundidas por el gobierno del estado, las empresas y los medios de comunicación queretanos.

A casi 30 kilómetros de la capital, en el municipio de Colón, se encuentra la comunidad rural de Viborillas, habitada por apenas 600 familias y con un solo camino hacia la carretera. La iglesia es el principal centro de reunión de los pobladores; también tiene una escuela primaria, un “centro de salud” casi abandonado y una exhacienda que hoy sirve como salón de eventos, cuya altura contrasta con la de las casas fincadas en el pueblo.

A simple vista, nada parece conectar a Viborillas con la IA que utilizan millones de personas en todo el mundo; y la transformación de la comunidad tampoco tiene nada que ver con la tecnología ni con el desarrollo.

Rita Zeferino, de 48 años, ha vivido siempre en Viborillas; recuerda que ésta “era una comunidad más unida” porque, como ejido, los habitantes se reunían y tomaban decisiones considerando el bienestar colectivo. Con el paso del tiempo, las tierras del pueblo cambiaron de propietarios y las parcelas, que antes se heredaban de generación en generación, fueron vendidas a discreción a constructoras y empresas.

“No había muchos conflictos como ahora; hay muchas personas en desacuerdo sobre cómo son los ejidatarios. Los ejidatarios hacen lo que ellos quieren. Nunca se había visto eso”, lamentó en entrevista con buzos.

La venta de tierras incluyó el predio que hoy ocupa el Aeropuerto Internacional de Querétaro y, en fecha reciente, las empresas tecnológicas están instalándose en el entorno del pozo de agua del pueblo.

“Nunca batallábamos por agua; pero ahora falla mucho y la electricidad, los servicios, más que nada, de la comunidad (…) Los servicios del drenaje, ahorita que ha llovido, se han inundado las casas. Estamos muy solos”, relató.

Rita denunció también que al momento de vender y de ser presionados por el gobierno local para adueñarse del pozo, las autoridades prometieron “que no iba a faltar nada, que íbamos a estar bien… pero eso no ocurrió. Antes teníamos agua, nunca sufríamos por la falta de agua y ahorita ya estamos batallando todos”, señaló.

Ante la escasez de este recurso vital, Rita y el resto de los pobladores deben transportarla desde una granja avícola cercana, al menos tres días a la semana. “Vamos a traer agua de unas granjas de pollos y nos la dan”, narró.

El pueblo carece de infraestructura de drenaje, vialidades que faciliten el tránsito y transporte público para que los más jóvenes puedan acceder a otros centros escolares de educación media y superior, dada la lejanía de preparatorias y centros universitarios.

La Carbonera, el mismo problema

La misma situación se vive en La Carbonera, una comunidad aún más pequeña y distante de la capital. En esta localidad, también perteneciente a Colón, falta el agua porque el gobierno ha priorizado el suministro para las empresas.

En palabras de María Jiménez, de 40 años, la expansión de la industria y los centros de datos en la entidad han coincidido con el deterioro de las condiciones ambientales y la escasez de recursos naturales. Desde hace 10 años, María atiende su tienda de abarrotes y recuerda un pueblo muy distinto al actual, pues por el arroyo cercano corría agua y abundaba el color verde de la vegetación local.

“Estaba muy bonito, llovía, estaba muy verde. Había mucha agua por todas partes”; pero la situación cambió hace unos años por los periodos prolongados de sequía “se secó también el río y se ha batallado mucho con el agua”.

Hasta hace tres años no se conocían los centros de datos, pero la instalación de los complejos propició que María, así como el resto de la comunidad, fueran más observadores ante esta invasión, sobre todo cuando el gobierno la promovió como “una mejora para la población”.

“No sabía qué era. Hasta que hemos estado hablando más del tema y pues dices: Ay, wow, un centro de datos de Estados Unidos (EE. UU.). Lo ves como algo grande, pero en realidad no vemos en qué nos beneficiará”.

María recuerda que las autoridades estatales presentaron la llegada de estos centros como algo que propiciaría el bienestar de la población porque ofrecían empleos, que nunca se concretaron y que les gustaría que esta industria se fuera de la región. Asimismo, demandó que las autoridades den una explicación de por qué permiten que tales empresas utilicen los recursos naturales de que tanta gente vulnerable está careciendo ahora.

Lourdes Montoya, vecina de La Carbonera, dijo: “las empresas prometieron muchas cosas y no las cumplieron”, sobre todo con respecto a la generación de empleos. “Hasta dieron cifra ‒alrededor de 900 puestos permanentes y calificados y siete mil directos en construcción‒ lo cual no fue cierto porque sólo trabajaron de tres a 15 personas (…) el empleo por el que la gente estaba ilusionada no llegó”, sentenció.

Además, aseguró que los empleos permanentes que fueron ofertados requieren altos niveles de especialización, por lo que resultan inaccesibles para la mayoría de los habitantes de las comunidades rurales de la región.

“Es una situación bien complicada porque en las comunidades no hay personas que digas: ʽes un ingeniero, es un licenciado o tiene algún negocio, tiene alguna empresa o algoʼ. Es muy difícil la vida del campo, porque si logras tener cierta preparación, es a base de mucho esfuerzo, mucha perseverancia y ganas de la persona de salir adelante”, explicó.

También cuestionó el cumplimiento de otros compromisos sociales anunciados por las compañías. Y recordó que algunas empresas prometieron realizar obras y proyectos comunitarios, pero gran parte de ellos nunca se concretaron.

Lourdes, Rita y María coincidieron en la misma inconformidad: el gobierno municipal de Colón les ha prometido el envío de pipas para atender la escasez de agua, pero hasta ahora ese apoyo no ha llegado con la frecuencia y la cantidad necesarias.

Las preocupaciones expresadas por los habitantes de comunidades como Viborillas y La Carbonera son compartidas por las organizaciones civiles y los especialistas que cuestionan el modelo y la expansión de los centros de datos en México.

Aunque estos complejos suelen presentarse como motores de innovación y desarrollo económico, en los lugares donde se asientan, abusan del uso de recursos naturales, no aportan los beneficios que prometen y delegan los costos a las poblaciones donde se instalan.

Agua y territorio

La inconformidad de los habitantes no se limita a la falta de agua. Varios pobladores denunciaron que los centros de datos han transformado el entorno de sus comunidades y que no han contribuido con las mejoras que les prometieron. Para algunos residentes, la situación resulta frustrante porque el crecimiento económico que muestran las cifras oficiales contrasta con la realidad cotidiana de las localidades rurales.

Mientras las inversiones multimillonarias y los anuncios sobre la innovación tecnológica ocupan espacios en los medios de comunicación y eventos gubernamentales, para subsistir, muchas familias dependen todavía de las actividades agrícolas, pequeños comercios y trabajos temporales.

Los pobladores expresaron su preocupación por el futuro de la región. Consideran que, si se incrementa la demanda de agua y energía por las industrias, las comunidades podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a estos recursos, que son indispensables para su forma de vida; e insistieron en la necesidad de que se vigilen los proyectos en operación y que las autoridades garanticen que el desarrollo económico no se ofrezca a costa del bienestar de las comunidades originarias.

Para Ervin Félix, de Oxfam, la industria tecnológica jamás podrá alcanzar un punto de equilibrio con las comunidades y el medio ambiente, pues “es como si llegaras con un popote gigante y estuvieras jalando el agua … consumen hasta 19 millones de litros al día, lo equivalente a una ciudad de entre 10 mil y 50 mil habitantes”.

En entrevista con buzos, el investigador explicó que el problema no sólo radica en el volumen de agua utilizado para enfriar los servidores que permiten operar la nube y los sistemas de inteligencia artificial, sino también en el lugar de donde se extrae el agua.

“Si estás haciendo extracción de agua, estás dejando a personas no solamente sin sus medios de vida, dejando a personas sin sus tierras; porque ya las abarataron y estás dejando a personas sin agua para consumo propio”.

Félix advirtió que, si se mantienen las condiciones actuales, la expansión de esta industria podría profundizar las desigualdades relacionadas con el acceso al agua. “Quienes lo van a sufrir son quienes no tienen una cisterna, quienes ocupan el agua para mantener sus medios de vida o quienes viven en comunidades rurales”, apuntó.

A su juicio, el crecimiento acelerado de los centros de datos surgió sin un solo debate público suficiente sobre los impactos y sin mecanismos adecuados para supervisar el uso de recursos naturales estratégicos.

Por ello consideró que la expansión de esta infraestructura debe acompañarse de marcos regulatorios específicos que protejan los activos ambientales y garantizar la rendición de cuentas de las empresas que operan estas instalaciones. Entre las medidas propuestas se encuentra la creación de mecanismos de transparencia que permitan conocer los consumos reales de agua y energía de los complejos tecnológicos.

Para Félix, la falta de información pública es uno de los obstáculos principales para evaluar el impacto de estas industrias. “Hay una opacidad total”, alertó. En su opinión, tal ausencia de datos impide que las comunidades conozcan los alcances reales de los proyectos instalados en sus territorios y dificulta la rendición de cuentas de las empresas y las autoridades.

Planteó, también, la necesidad de realizar evaluaciones ambientales especializadas que midan los efectos acumulativos de los centros de datos sobre regiones que ya enfrentan problemas de disponibilidad hídrica.

El investigador cuestionó también los incentivos y exenciones fiscales recibidos por algunas empresas tecnológicas para establecerse en determinadas regiones. A su juicio, estos beneficios deberían revisarse de acuerdo a los costos ambientales y sociales asumidos por las comunidades receptoras.

Los límites al uso de recursos naturales deberían establecerse, añadió, de forma clara y vinculante para las empresas, mientras que la discusión sobre los centros de datos debe considerar no solamente los beneficios económicos anunciados, sino también el impacto que estas operaciones generan sobre los territorios donde se instalan.

Pese a las advertencias sobre el impacto económico, social y ambiental de los centros, Marco Antonio Del Prete, Secretario de Desarrollo Sustentable, en fecha reciente informó que espera la llegada de una delegación con integrantes de la Wisconsin Data Center Coalition para impulsar nuevos proyectos y promover esquemas de cooperación entre operadores de centros de datos y otras industrias.

Se prevé que la construcción de estos complejos se incremente hasta alcanzar un consumo energético de 730 mil megavatios en 2031 únicamente en la zona industrial de los municipios de Colón, El Marqués y el sur del estado.

Así, el llamado “futuro tecnológico” avanzará en regiones donde las personas aún carecen de acceso al agua, oportunidades de desarrollo y mecanismos para decidir sobre el destino de sus recursos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro no respondió a las solicitudes de información y análisis formuladas por buzos.