Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente. En la visión tradicional de los gobiernos de la región, lo cultural suele aparecer como un acompañamiento necesario de las prioridades realmente importantes, una especie de ornamento de la vida pública. Esta percepción, profundamente arraigada en la mentalidad de las clases políticas de la región –que no necesariamente de los funcionarios de la cultura–, explica varios de los problemas estructurales que hoy enfrentan las artes y los sistemas que deberían sostenerlas en casi todos los países de América Latina.

Uno de los rasgos más visibles es la inestabilidad administrativa. Cada cambio de gobierno –o incluso cada simple cambio de funcionario– implica una reconfiguración completa de prioridades, equipos, presupuestos y programas. Las políticas culturales no llegan a consolidarse como políticas de Estado: nacen como iniciativas personales, sobreviven como programas provisionales y desaparecen antes de madurar. Esto afecta especialmente a los sectores que requieren continuidad y esfuerzos institucionales de largo plazo.

A ello se suma la dependencia excesiva de convocatorias anuales, que reemplazan una política central de largo plazo por un sistema de concursos que se redefine constantemente. Estos mecanismos, aunque necesarios, terminan por precarizar el trabajo artístico: obligan a los trabajadores del sector cultural a invertir tiempo y energía en la postulación permanente, mientras las estructuras estables –museos, compañías, orquestas, centros de creación– se mantienen débiles o directamente ausentes. No hay políticas de largo aliento cuando el artista vive atrapado en ciclos que se renuevan cada uno, dos o tres años.

Un tercer problema es la desigualdad territorial, la desigualdad en la distribución de la oferta de bienes y servicios culturales. Tradicionalmente, las capitales han concentrado casi todos los recursos, discursos y oportunidades. En la mayoría de los países, la producción cultural se entiende como un fenómeno metropolitano, de las grandes urbes desarrolladas, mientras vastas regiones quedan sin infraestructura, sin formación especializada y sin mecanismos de inclusión o circulación. Esto genera un mapa cultural profundamente asimétrico, donde la diversidad se celebra discursivamente, pero no se sostiene en los hechos.

El último factor de esta limitada revisión puede sonar a lugar común, pero la insistencia sigue siendo apremiante. Se trata de la insuficiencia presupuestal del sector, decidida precisamente desde las cúpulas más altas de la élite política –casi siempre con una sensibilidad bastante limitada por los asuntos culturales–. Los países latinoamericanos, según la recomendación de organismos internacionales como la UNESCO, deberían destinar un mínimo anual del uno por ciento del Producto Interno Bruto en sus presupuestos a la cultura. Prácticamente ninguno supera ese umbral. Esta limitación de origen es, en realidad, el germen primigenio del problema, la raíz contaminada que da como fruto un árbol enfermo en todas sus ramas.

Superar estos problemas exige comprender que la cultura no es un gasto, sino una forma de cohesión colectiva; exige también una comunidad más crítica y vigilante, así como funcionarios culturales mejor preparados y más sensibles a los problemas de los trabajadores del sector.