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La movilización laboral en México ha registrado cambios relevantes en los últimos años a partir de la reforma laboral de 2019, cuyo objetivo fue fortalecer la democracia sindical y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores. Entre los principales avances se encuentra la legitimación de los contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto. De acuerdo con cifras oficiales, más de dos mil dirigencias sindicales han sido renovadas y se han legitimado más de 20 mil contratos colectivos.

La reforma buscó erradicar los llamados “sindicatos blancos” y promover procesos democráticos dentro de las organizaciones gremiales; sin embargo, especialistas señalan que, pese a estos cambios, continúan prácticas que vulneran los derechos laborales. Mientras algunos analistas consideran que la reforma representa un paso importante hacia la democratización sindical, otros sostienen que no ha ido lo suficientemente lejos para garantizar la libertad sindical plena y evitar la injerencia política.

Este proceso se desarrolla en un contexto de transformación económica y social marcado por la globalización y la liberalización del mercado laboral, lo que ha modificado las condiciones de empleo. En este escenario, la reforma laboral busca adaptarse a estos cambios y establecer mecanismos de protección para los trabajadores, aunque su alcance sigue siendo objeto de debate.

La relación entre sindicatos y gobierno también se ha reconfigurado con la llegada de Morena al poder. Diversas organizaciones que anteriormente mantenían vínculos con el Partido Revolucionario Institucional, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y el Sindicato de Ferrocarrileros (STFRM), se han alineado con el proyecto político del actual gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reforma laboral de 2019 estableció como meta garantizar elecciones libres en los sindicatos, frenar la reelección indefinida de dirigentes y combatir prácticas de enriquecimiento ilícito; no obstante, estos objetivos no se han cumplido plenamente, según especialistas. Algunos sindicatos, como el SNTE, han anunciado la afiliación masiva de trabajadores a Morena, lo que ha generado críticas por una posible cooptación política de las organizaciones sindicales.

En paralelo, se han presentado iniciativas legislativas para fortalecer a los sindicatos minoritarios. La diputada Susana Prieto Terrazas, de Morena, propuso una reforma a la Ley Federal del Trabajo para otorgar a estas organizaciones acceso a permisos y licencias con goce de sueldo, así como a cuotas sindicales, con el argumento de promover una mayor democracia sindical. Analistas advierten que estas medidas también han reavivado el debate sobre la autonomía de los sindicatos frente al poder político.

A estas discusiones se suman denuncias sobre condiciones laborales en distintos sectores. Trabajadores de medios públicos como Canal 11, Canal 14, Canal 22 y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) han señalado que son contratados como “proveedores de servicios” y no como empleados formales, lo que les impide acceder a derechos básicos como seguridad social, vacaciones y aguinaldo. En Puebla, 12 trabajadores vinculados a Morena fueron despedidos sin recibir sus prestaciones de ley, mientras que en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, empleados protestaron por malas condiciones laborales y denunciaron haber sido reprimidos por fuerzas de seguridad pública.

El debate también se ha extendido a la duración de la jornada laboral. El PRI ha criticado la reforma impulsada por Morena al considerar que mantiene jornadas de seis días sin reducir la carga de trabajo. La propuesta para establecer una jornada de 40 horas semanales sigue en discusión, luego de que la oposición planteara una semana laboral de cinco días con dos de descanso. Aunque esta medida no fue incluida en la reforma aprobada, se prevé que sea retomada en la discusión de las leyes secundarias en la Cámara de Diputados.

En este contexto, la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales retos. De acuerdo con datos de 2025, el 54.8 por ciento de los trabajadores en México se encuentra en la informalidad, sin acceso a prestaciones ni seguridad social. Esta tasa es ligeramente mayor entre las mujeres, con 55.3 por ciento, frente a 54.5 por ciento en los hombres.