La vigilancia del gobierno federal sobre la industria maquiladora y textil se ha debilitado de forma significativa. Entre 2015 y 2023, las inspecciones realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) disminuyeron 70 por ciento, una reducción que, de acuerdo con organizaciones civiles, ha favorecido el aumento de irregularidades y violaciones a los derechos laborales de quienes trabajan en este sector.

El dato forma parte del informe Hilando el cambio: hacia un trabajo justo en la industria maquila-textil en México, elaborado por el Consorcio UNIDAS, integrado por Ethos Innovación en Políticas Públicas, Oxfam México, Fundación Avina y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).

La investigación advierte que la industria maquiladora y textil da empleo a más de 1.15 millones de personas, pero el 77 por ciento lo hace en condiciones de precarización, es decir, sin acceso a seguridad social, con bajos salarios y sin prestaciones laborales. Las mujeres concentran la mayor parte de estas condiciones de vulnerabilidad.

El informe también documenta un recorte en los recursos destinados a la inspección laboral. Mientras el presupuesto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo disminuyó 12 por ciento, el de las Oficinas de Representación Federal registró una reducción de 79 por ciento, lo que impactó directamente en la capacidad de supervisión de las autoridades.

Como resultado, las inspecciones federales pasaron de 128 mil 864 en 2015 a apenas 48 mil en 2023, una caída de 70 por ciento. Además, el documento señala que la meta oficial para 2024 descendió aún más, al fijarse en solo 32 mil visitas de inspección.

A ello se suma el déficit de personal. México cuenta con apenas una persona inspectora laboral por cada 100 mil trabajadores, muy lejos del estándar recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece una por cada 10 mil a 15 mil personas ocupadas.

El panorama es aún más limitado para la industria textil. Durante 2023, únicamente el 1.29 por ciento de todas las inspecciones federales se realizaron en este sector. Además, la legislación vigente impide revisar centros de trabajo no registrados, lo que deja fuera de supervisión a cerca del 80 por ciento de la industria, según el informe.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran además una marcada desigualdad de género. El 77 por ciento de las mujeres ocupadas en el sector trabaja en la informalidad, frente al 53 por ciento de los hombres.

La brecha también se refleja en los ingresos. Aunque el salario promedio mensual de la industria es de ocho mil 121 pesos, las mujeres perciben en promedio cinco mil 961 pesos, mientras que los hombres reciben 10 mil 281 pesos.

Ante este panorama, el Consorcio UNIDAS llamó a fortalecer las inspecciones laborales con perspectiva de género, ampliar las facultades para sancionar la subcontratación simulada y garantizar mecanismos de denuncia seguros para atender casos de violencia y discriminación en los centros de trabajo.

Las organizaciones también plantearon consolidar una infraestructura pública de cuidados que responda a las necesidades de las trabajadoras y promover una representación sindical más incluyente.

Brandon Fischer, especialista en Inclusión y Desarrollo Sostenible de Ethos, sostuvo que revertir estas condiciones "es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso del gobierno, las empresas, los sindicatos, las organizaciones y la sociedad".