Sólo 2.4 por ciento de las mujeres que trabajan en la artesanía-textil en México tiene acceso a la seguridad social, frente a 12.4 por ciento de los hombres, mientras que sus ingresos mensuales promedio son prácticamente la mitad de los que reciben sus pares masculinos, de acuerdo con el informe Tejiendo el cambio: por un trabajo justo para las trabajadoras de la artesanía-textil en México.

El documento, presentado por el consorcio UNIDAS, advierte que las mujeres artesanas, principalmente indígenas, afromexicanas y de comunidades rurales, enfrentan altos niveles de informalidad, discriminación, bajos ingresos y falta de protección social.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2025, las artesanas reciben un ingreso mensual promedio de 3 mil 699 pesos, mientras que los hombres obtienen 7 mil 399 pesos.

La desigualdad también se refleja en las condiciones laborales. 96.6 por ciento de las mujeres artesanas trabaja en la informalidad, frente a 83.6 por ciento de los hombres. Además, 79.5 por ciento de las mujeres del sector textil labora en micronegocios establecidos en sus domicilios, mientras que entre los hombres la proporción es de 49.2 por ciento.

El informe señala que la precariedad laboral contrasta con la importancia económica de la actividad. En 2024, la producción artesanal representó 18.4 por ciento del Producto Interno Bruto del sector cultural y concentró 30.2 por ciento del empleo de esa actividad, de acuerdo con datos del INEGI citados en el documento.

A pesar de su relevancia económica y cultural, el trabajo artesanal opera en buena medida fuera de los esquemas tradicionales de protección laboral. Según el informe, 63.3 por ciento de las personas artesanas se identifica como trabajadora independiente, aunque esta condición no necesariamente significa autonomía económica.

La investigación identifica esquemas de subcontratación e intermediación que permanecen ocultos detrás de esa supuesta independencia, así como canales de comercialización limitados, decomisos, desalojos y multas para quienes venden en espacios públicos.
También documenta prácticas de intermediación abusiva, plagio y apropiación cultural, que reducen la proporción del valor final de los productos que reciben las personas artesanas.

De acuerdo con la ENOE 2025, 29.7 por ciento de las personas artesanas trabaja de manera subordinada, 19.2 por ciento declara recibir un salario y 76.5 por ciento labora en empresas vinculadas con la industria de la indumentaria.

“No hay pagos justos… la necesidad económica las obliga a aceptar el regateo (precios impuestos por el cliente) para poder comprar nuevos materiales y no regresar a casa sin sustento”, relató una artesana de Chiapas entrevistada para el informe.

Las mujeres constituyen la principal fuerza de trabajo del subsector y buena parte de su producción se desarrolla en espacios domésticos o comunitarios, situación que dificulta que su actividad sea reconocida como trabajo con derechos laborales.

A ello se suma una carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados 43.6 por ciento superior al promedio nacional de las mujeres, lo que limita el tiempo disponible para producir, comercializar sus productos, organizarse colectivamente y fortalecer su autonomía económica.

UNIDAS, el consocio integrado por Oxfam México, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Ethos Innovación en Políticas Públicas y Fundación Avina, advierte que los modelos convencionales de protección social no responden a las características del trabajo artesanal-textil, por lo que plantea desarrollar políticas laborales, culturales y económicas adaptadas a las condiciones territoriales y comunitarias de las artesanas.

Entre sus propuestas se encuentran reconocer el trabajo artesanal como una actividad con derechos, fortalecer los sistemas comunitarios de protección social y cuidados, mejorar la coordinación entre instituciones y establecer mecanismos para que las artesanas participen en las decisiones de política pública.

También propone mejorar la información estadística sobre el sector mediante metodologías participativas, así como impulsar una mayor corresponsabilidad empresarial y modelos de comercialización que permitan una distribución más justa del valor generado por la producción artesanal.

El informe sostiene que las redes comunitarias de cuidados, solidaridad y organización ya funcionan como mecanismos de protección para las artesanas, pero advierte que estas formas de apoyo no sustituyen la responsabilidad del Estado de garantizar derechos laborales y protección social.