México se ha convertido en el principal frente de batalla judicial de las grandes empresas de alimentos y bebidas contra las políticas de salud pública. Una investigación de Quinto Elemento Lab documentó que ocho de cada diez demandas promovidas por la industria en seis países fueron presentadas en territorio mexicano con el objetivo de frenar regulaciones sobre refrescos y alimentos ultraprocesados.

El reportaje, realizado en colaboración con Lighthouse Reports y medios internacionales, señala que entre 2010 y 2025 las empresas del llamado "Big Food" interpusieron 239 demandas judiciales en Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, Colombia y México. De ese total, 193 litigios fueron promovidos en México, donde se implementaron algunas de las políticas más estrictas para combatir la obesidad y las enfermedades asociadas al consumo de productos con alto contenido de azúcar, grasas y sodio.

Entre las compañías con mayor actividad legal destacan Coca-Cola, con 24 demandas, seguida de PepsiCo, con 17, además de empresas como Mondelez, Ferrero, Danone, Kellogg's y diversas embotelladoras.

Quinto Elemento Lab explica que las acciones legales buscaron detener o modificar medidas como el etiquetado frontal de advertencia, el impuesto a las bebidas azucaradas, las restricciones a la publicidad dirigida a menores y la prohibición de vender comida chatarra en las escuelas. 

De los 193 casos documentados en México, 154 fueron resueltos a favor del interés público, dos beneficiaron a la industria, 15 fueron retirados por las propias empresas, 19 permanecen pendientes y tres tuvieron resultados poco claros.

Especialistas consultados por Quinto Elemento Lab sostienen que el objetivo de estos litigios va más allá de ganar en los tribunales.

"Tienen suficientes recursos para hacerlo, incluso para perder dinero en estos litigios. Parece ser parte de su modelo de negocio. En cualquier etapa del ciclo de las políticas públicas, invertirán en todo lo que esté a su alcance y sea necesario para mantener el mercado sin regulación y alineado con sus intereses", afirmó Fabio da Silva Gomes, asesor de Nutrición y Actividad Física de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el mismo sentido, Scott Faber, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales del Environmental Working Group, aseguró que la disputa no se centra únicamente en aspectos económicos. "Esta no es una pelea por dinero. Es una pelea por poder, y las empresas simplemente no quieren que los legisladores jueguen un papel en cómo toman los consumidores sus decisiones".

Etiquetado frontal, el principal objetivo

La investigación identifica al etiquetado frontal de advertencia, vigente en México desde 2020, como la regulación que generó la mayor resistencia empresarial. Según el reportaje, ocho de cada diez amparos presentados en el país estuvieron dirigidos contra este sistema de sellos que alerta cuando un producto contiene exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías.

En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió tres casos promovidos por empresas vinculadas con Coca-Cola y Grupo Herdez, y determinó por unanimidad que el etiquetado es constitucional al proteger el derecho a la salud, a la alimentación y a la información de los consumidores, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

El reportaje documenta que varias empresas argumentaron que las regulaciones vulneraban derechos como la libertad de comercio, la propiedad intelectual y la libre elección del consumidor.

Entre los casos citados se encuentra el de Jugos del Valle, empresa de Coca-Cola, que sostuvo ante los tribunales: "El etiquetado frontal viola nuestro derecho a la vida privada y a la cultura familiar, y representa una intromisión del Estado en las decisiones que los padres toman sobre sus hijos".

La investigación también recoge el argumento presentado por la embotelladora GEPP, asociada a Pepsi, que afirmó: "En zonas rurales del país el consumo de bebidas endulzadas resulta indispensable para el desarrollo y bienestar de la población, ya que en esas zonas es más seguro ingerir las bebidas azucaradas que el agua simple".

De acuerdo con el reportaje, los jueces rechazaron diversos planteamientos al considerar que carecían de sustento jurídico o científico.

Cabildeo y presión contra las regulaciones

Además de los litigios, la investigación sostiene que empresas nacionales e internacionales impulsaron campañas de cabildeo para retrasar la entrada en vigor de las nuevas normas.

Entre los documentos revisados aparecen comunicaciones de Nestlé México y Grupo Jumex, mediante las cuales solicitaron a proveedores y aliados enviar observaciones a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para cuestionar el etiquetado frontal.

La consulta pública de la NOM-051, que regula el etiquetado de alimentos y bebidas, recibió 5 mil 216 comentarios, de los cuales mil 820 provinieron de 155 grupos empresariales, incluidas cámaras industriales de México y otros países.

La investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Ana Cecilia Munguía, afirmó que la estrategia empresarial consistió en "negar la evidencia, retrasar los procesos, dividir la conversación o desviarla", mientras que el investigador Hernando Salcedo Fidalgo, de la Universidad Paris Cité, señaló que los grupos industriales construyen alianzas internacionales para influir en las decisiones regulatorias.

Regulaciones impulsadas por gobiernos de Morena

El reportaje también destaca una aparente contradicción entre las políticas impulsadas por los gobiernos de Morena y la relación institucional con algunas empresas refresqueras.

Recuerda que durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se implementaron el etiquetado frontal, la prohibición de vender comida chatarra en escuelas y el aumento al impuesto de bebidas azucaradas.

Sin embargo, la investigación menciona que, previo al Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en una conferencia matutina el trofeo de la Copa del Mundo junto con directivos de Coca-Cola México, empresa cuyas embotelladoras figuran entre las que más litigios han promovido contra dichas regulaciones.

Quinto Elemento Lab señala que, mientras las autoridades han fortalecido las políticas de salud pública, diversas compañías continúan utilizando recursos legales y mecanismos de presión para intentar modificar o retrasar su aplicación.