A dos meses de la aprobación de la reforma que creó la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que el organismo aún no cuenta con los lineamientos ni la metodología necesarios para poner en marcha el mecanismo que busca identificar a aspirantes con presuntos vínculos con la delincuencia organizada rumbo a las elecciones de 2027.

La reforma establece que la comisión deberá operar antes del inicio del proceso electoral federal, en el que se renovarán 17 gubernaturas y más de 20 mil cargos de elección popular, entre ellos diputaciones federales y locales, alcaldías, regidurías y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con la legislación, la comisión recibirá de manera voluntaria las listas de aspirantes que entreguen los partidos políticos y cruzará esa información con bases de datos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para detectar posibles riesgos relacionados con actividades delictivas.
Sin embargo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció que el instituto todavía carece de los instrumentos necesarios para aplicar ese procedimiento.

"El INE no tiene ni la metodología, ni los mecanismos, ni las directrices" para determinar si un aspirante representa un riesgo, afirmó la consejera presidenta, quien agregó que el organismo "no quiere ni puede definir quién es narco".

La reforma también establece que la comisión estará integrada por tres consejeros electorales, con presidencia rotativa y un periodo de funciones de tres años. No obstante, la legislación no define criterios sobre el manejo, resguardo y confidencialidad de la información que analizará el órgano.
Otro de los aspectos que genera preocupación es que la participación de los partidos será voluntaria. Las fuerzas políticas decidirán si entregan o no sus listas de aspirantes y, en caso de que la comisión emita una alerta por un "riesgo razonable", corresponderá a cada partido determinar si mantiene o retira la candidatura, ya que el órgano carece de facultades para vetar postulaciones.

La creación de esta comisión surgió tras diversos casos en los que autoridades electas fueron investigadas o detenidas por presuntos vínculos con grupos criminales, entre ellos los relacionados con la denominada Operación Enjambre.

A menos de un año del arranque formal del proceso electoral de 2027, consejeros del INE advirtieron que, si la comisión no se instala en los próximos meses, los partidos podrían registrar candidaturas sin que exista un mecanismo institucional para verificar posibles antecedentes o riesgos asociados con la delincuencia organizada.