Caracas notificó a la ONU la denuncia del Estatuto de Roma.
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Foto: Reuters
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca liberar a políticos y personas condenadas o procesadas durante la crisis política entre 2002 y 2025. La norma fue aprobada por unanimidad horas antes en la Asamblea Nacional.
La ley permite que las personas exiliadas o en el extranjero se representen ante los tribunales mediante un apoderado, sin requisitos adicionales, aunque deberán comparecer personalmente si la justicia así lo solicita.
Quedan excluidos de la amnistía los casos relacionados con homicidio, narcotráfico, violaciones graves a los derechos humanos, rebelión militar, acciones armadas o de fuerza contra la soberanía e integridad del país, entre otros delitos graves.
Asimismo, el texto contempla la creación de una comisión especial de seguimiento encargada de velar por el cumplimiento y la ejecución efectiva de la ley.
La norma no incluye la devolución automática de bienes confiscados a los beneficiarios, ni revoca las inhabilitaciones políticas derivadas de condenas por motivos políticos, ni elimina sanciones impuestas a medios de comunicación.
Tras la firma, Rodríguez instó al Parlamento a desarrollar un programa para la convivencia y la paz, y a la comisión para la revolución judicial, con la finalidad de evaluar casos que no estén contemplados en la ley recién aprobada, con el fin de “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y avanzar hacia una justicia integral.
Esta medida, impulsada por la presidenta encargada tras asumir el poder en enero de 2026 tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro, fue calificada por Rodríguez como un paso decisivo hacia la reconciliación nacional, ya que “hay que saber pedir perdón y recibir perdón" para avanzar en la convivencia democrática.
Caracas notificó a la ONU la denuncia del Estatuto de Roma.
El recrudecimiento del conflicto impulsó los precios internacionales del petróleo.
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Haití, Jamaica y Guatemala concentraron las tasas más elevadas de inseguridad alimentaria en la región.
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Los equipos negociadores discutirán sobre las industrias del acero, el aluminio y la automotriz.
La movilización pacífica se realizará el próximo 22 de julio a las 9:00 horas, en la avenida Máximo Gómez, frente a la Plaza Simón Bolívar.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.