La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una revisión de los activos estatales que podrían venderse al sector privado o devolverse a sus antiguos propietarios. Sin embargo, en su mensaje del jueves 29 de octubre no identificó las propiedades sujetas a revisión ni detalló los criterios para determinar cuáles serían restituidas.

“He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Ya esto está avanzado”, afirmó en un mensaje televisado. Aunque aseguró que el proceso registra avances, no presentó un inventario de los bienes ni precisó cómo se realizarían las transferencias.

El anuncio podría revertir parcialmente las nacionalizaciones impulsadas durante el gobierno de Hugo Chávez. Reuters reportó que una comisión designada en abril revisa activos estatales de sectores como energía, electricidad y minería, aunque Rodríguez no explicó cómo se llevaría a cabo la restitución. 

La mandataria también defendió la propiedad privada, a la que calificó como “un derecho protegido garantizado por nuestra Constitución”, y sostuvo que su administración busca fortalecer la economía y recuperar la confianza institucional. No obstante, su mensaje dejó sin resolver cuestiones sobre las reclamaciones de antiguos propietarios, los procedimientos legales y las posibles repercusiones para el patrimonio público.

Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez afirmó que “Venezuela renace” y describió un escenario de cambios que, según su interpretación, permitiría avanzar hacia “la unión, la cooperación y la resiliencia como pueblo”. Al mismo tiempo, reconoció dificultades cotidianas en los servicios públicos, incluido el sistema eléctrico. Su discurso no estableció metas verificables ni plazos para evaluar las mejoras anunciadas.

En materia judicial, aseguró que impulsa una reforma de la justicia penal para enfrentar problemas como la corrupción, el retraso procesal y la criminalización de la pobreza. También informó sobre la cooperación técnica con la Unión Europea y la solicitud de asistencia a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, no detalló los alcances de estos acuerdos ni los mecanismos para garantizar su aplicación.

Respecto de la ley de amnistía, Rodríguez afirmó que “casi nueve mil personas han sido beneficiadas” y que más de mil fueron liberadas. Estas cifras corresponden al balance presentado por la funcionaria y requieren contraste independiente para establecer el alcance de la medida y conocer qué casos quedaron excluidos.

La presidenta encargada también aseguró que su gobierno trabaja para restablecer el acceso a portales informativos y administrativos que, según dijo, estaban sujetos a restricciones. Al mismo tiempo, pidió a los medios de comunicación que “no estigmaticen la imagen de Venezuela, ni de su gentilicio ni identidad nacional”. No precisó cuántos portales fueron desbloqueados ni cuáles continúan restringidos.

Sobre las elecciones, Rodríguez afirmó que habrá comicios conforme a la Constitución, pero no anunció fechas. Sostuvo que “un verdadero diálogo de la sociedad requiere que todas las voces puedan ser escuchadas”, mientras que su gobierno aún debe precisar las condiciones para garantizar la participación de las distintas fuerzas políticas y el ejercicio de las libertades públicas.

“Venezuela no va a saltar al vacío, vamos a emplear las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores”, concluyó.