El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos (EE. UU.) anunciado a finales de agosto y acusó al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez de comprometer una parte estratégica del patrimonio energético del país sin transparencia ni control institucional.

En una declaración difundida ayer, el Buró Político del Comité Central del PCV sostuvo que el convenio implica la entrega de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas y cuestionó las condiciones bajo las cuales fue negociado.

El acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con reservas probadas estimadas en unos 65 mil millones de barriles. El gobierno venezolano ha señalado que la operación permitirá atraer más de 100 mil millones de dólares en inversión y generar más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado.

Por su parte, la Casa Blanca informó que el gobierno estadounidense tendrá derechos de gobernanza y participación económica mediante una nueva empresa privada vinculada con North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía que recibió concesiones por 100 años para los 17 campos.

Donald Trump presentó el acuerdo como un mecanismo para ampliar el acceso de Estados Unidos al petróleo venezolano. Posteriormente afirmó que el crudo venezolano será utilizado para reabastecer las reservas estratégicas estadounidenses y lo describió como “un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”.

Para el PCV, este componente demuestra que el convenio no puede ser entendido únicamente como una operación comercial. El partido sostuvo que EE. UU. busca asegurar intereses energéticos y estratégicos sobre los recursos venezolanos. “Una vez más, los asuntos fundamentales de la vida política y económica venezolana se anuncian desde la Casa Blanca y Miraflores simplemente asiente”, afirmó la organización.

El partido también cuestionó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026, al considerar que amplía el espacio para la participación de empresas privadas en proyectos petroleros. La reforma establece, entre otros principios, la participación privada y busca regular las actividades de exploración, extracción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos.

Uno de los principales argumentos del PCV es jurídico. La organización sostiene que los acuerdos que comprometan intereses estratégicos de Venezuela deben someterse a los mecanismos de control establecidos por la Constitución. El artículo 150 establece reglas para los contratos de interés público nacional y contempla la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos previstos por la ley.

En ese contexto, el PCV acusó al gobierno de actuar fuera del marco constitucional y citó el artículo 138 de la Constitución venezolana: “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.”

La postura del partido contrasta con la del gobierno de Rodríguez, que ha defendido el acuerdo como una herramienta para recuperar la industria petrolera venezolana, atraer capital y aumentar la producción. 

Postura que coincide con la del gobierno estadounidense, que sostiene que el nuevo esquema permitirá incrementar la producción venezolana y atraer capital extranjero. 

El PCV, sin embargo, considera que la crisis económica venezolana no debe utilizarse para justificar acuerdos que, a su juicio, reduzcan el control nacional sobre los recursos energéticos. “El pueblo venezolano no puede aceptar que la crisis nacional sea utilizada como excusa para entregar las riquezas estratégicas del país a corporaciones extranjeras”, señaló.

La organización cerró su pronunciamiento con un llamado a recuperar la institucionalidad, garantizar la participación popular y mantener la soberanía sobre los recursos naturales. Su consigna fue: “no a la entrega del petróleo venezolano”.